maría jesús brezmes Consultora experta en dependencia «A la Administración le cuesta rectificar, pero tiene que hacerlo»
Esta especialista analiza la ley y su aplicación en todo el país
- Autor:
- sara carreira
- Localidad:
- redacción / la voz
- Fecha de publicación:
- 21/3/2011
María Jesús Brezmes lleva toda su vida ligada a los servicios sociales. Empezó en los de base, se pasó al nivel autonómico en Castilla y León -allí desde el 2004 estuvo preparando la comunidad para la ley de dependencia, que se aprobó en el 2007- y ahora trabaja por cuenta propia como asesora por todo el territorio nacional. Su experiencia y capacidad comunicativa la han convertido en una referencia estatal entre los trabajadores sociales, y de hecho ha estado en Galicia invitada por el colegio profesional (COTSG) para celebrar su día mundial.
-Tiene una visión privilegiada sobre la aplicación de la ley de la dependencia en España. ¿Cómo la calificaría?
-Ha sido un avance importantísimo en los derechos sociales, pero necesita la cooperación del Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero a pesar de los fallos, ha habido una fuerte inversión en el sector y se ha creado empleo estable en todas las categorías.
-Pero la crisis le ha pasado factura a la ley. La Xunta, por ejemplo, se queja de los recortes del Estado en este punto.
-Yo creo que más que a la ley de dependencia, la crisis ha afectado a los servicios sociales de base. Se le quitó a los servicios sociales el dinero de la dependencia, con un recorte del Estado del 12%. Hay que tener en cuenta que hay 700.000 personas con la valoración de la dependencia hecha, pero los servicios sociales atendían en el 2007 a 5,5 millones de personas, y pensamos que hoy puede haber un 40% más de usuarios debido a la crisis.
-Los servicios sociales se han diluido en la dependencia
-En el debate del estado sobre política social celebrado hace una semanas se habló de desempleo, salud, educación, conciliación familiar, dependencia? de lo único que no se habló fue de los servicios sociales. ¿Qué prioridad tiene la atención a las personas más frágiles de la sociedad?
-Además, los servicios sociales están colapsados
-Hay que acortar plazos. A la Administración le cuesta cambiar, rectificar, pero tiene que hacerlo.
-La ley de dependencia tiene un algo perverso: el Estado paga por persona valorada y no por el servicio que recibe, y como paga poco, a la comunidad le sale mejor dar el sueldo familiar que financiar ayuda en el hogar, centros de día, residencias?
-Sí, hay comunidades que esa ayuda en el entorno familiar, que tendría que ser excepcional, supone el 70% del total. En Galicia está en el 50%.
-¿Cómo está aplicando Galicia la ley?
-Ha mejorado mucho, porque Galicia tuvo un punto de partida complicado, no se apostó por los ayuntamientos, como se ha hecho después.
-¿Y las otras comunidades? ¿A cuáles les va mejor?
-Las mejor situadas pueden ser el País Vasco, porque son pocos y están muy concentrados; a Castilla y León también le va bien porque estuvo preparándose tres años antes de la ley; y Castilla-La Mancha también porque sus servicios sociales municipales antes del 2007 ya eran muy activos? A Andalucía tampoco le va mal, aunque tiene una estructura muy complicada, siempre están abriendo nuevos departamentos, y lo mismo le pasa a Cataluña; eso provoca descoordinación. Aragón destaca, aunque tiene carencias, por ejemplo no cuenta con un buen programa de ayuda a domicilio.
-Siempre se ha dicho que La Rioja estaba entre las mejores?
-Bueno, son pocos y concentrados. Los problemas llegan con las comunidades pluriprovinciales.
-¿Y las díscolas con la ley? Es decir, Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia?
-La Comunidad Valenciana apenas apuesta por los servicios públicos y de hecho contrató a una empresa privada para hacer las valoraciones, una empresa excelente, pero esta empresa subcontrató el servicio y al final acabaron haciendo valoraciones personas muy poco cualificadas para ese trabajo, por ejemplo arquitectos técnicos? Para arreglarlo, se ha tenido que firmar un acuerdo entre la federación de municipios valencianos y los colegios médicos para revisar las valoraciones; eso ha atrasado muchísimo todo el proceso. En cuanto a las otras tres, dicen que ya estaban atendiendo a la gente antes del 2007, pero los datos las desmienten.
-¿Qué es lo que más le preocupa de la aplicación de la ley?
-Hay que aprender de los que lo hacen bien. Algunas comunidades ya unifican en un solo proceso la valoración y el plan de actuación individual; otras actúan rápidamente y si la persona necesita una residencia pública y no la hay se le da temporalmente una prestación vinculada al servicio en otra residencia privada. Y me preocupan y duelen los casos de dependientes a los que la prestación económica para cuidados en el entorno familiar no les ha mejorado la vida.
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