Miércoles, 16/3/2011, 05:13 h
Sociedad
Los grupos políticos coinciden
en alcanzar un pacto para
"repensar"
la Ley de Dependencia
El Gobierno acepta, pero cuando concluya la evaluación de la norma que está en marcha
CARMEN MORÁN - Madrid - 15/03/2011
La Ley de Dependencia tiene algunas lagunas que no acaban de convencer, por ejemplo el modelo de financiación, objeto de polémica constante entre comunidades y Gobierno y que hoy ha sido puesto en cuestión de nuevo por algunos diputados en el Congreso, como el convergente Carles Campuzano, quien ha solicitado "un gran acuerdo entre Gobiernos autónomos y grupos parlamentarios que dé perspectiva y solidez a la Dependencia. Parémonos a repensar esta ley", ha dicho, y ha pedido al Ejecutivo que lidere este proceso. La secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, que comparecía para explicar las medidas del Gobierno en este departamento, ha recogido el guante y ha asegurado que la evaluación de la ley -prevista para este año aunque debió hacerse en 2010- "dará pie para un gran acuerdo al que, desde el Congreso, seguro que se aportarán ideas para futuras reformas". Pero ha advertido que, en todo caso, será para "afianzar la ley, no para cuestionarla".
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Tampoco le ha parecido mal la propuesta de pacto a la representante del Grupo Popular, Lourdes Méndez, quien, al igual que Martínez, cree que, de ocurrir, será "cuando se tenga la evaluación concluida, un proceso en el que han de participar las comunidades".
Pero la evaluación, que llega con retraso a pesar de los compromisos de las distintas ministras que han ocupado esta cartera en la legislatura, tiene visos de demorarse aún más, porque los "cuestionarios básicos" que han de rellenar las comunidades se enviaron antes de Navidad y hasta hoy solo han contestado "seis o siete" autonomías, según ha explicado la secretaria general. Así que ese acuerdo, que a nadie disgusta, puede también ser víctima de los retrasos de la evaluación.
Tampoco el Libro Blanco sociosanitario, cuyo término estaba acordado para 2010, ha llegado a tiempo. Todavía se están reuniendo los expertos y los consejeros para intercambiar experiencias. Tampoco las conclusiones de estos y de los empresarios son coincidentes. "Es un momento [económico] complicado para avanzar en nuevos servicios", ha reconocido Martínez, quien ha advertido desde el inicio de su comparecencia que no caería en la autocomplacencia ni en optimismos. Aunque también ha dicho que "se está siendo injusto y demasiado exigente con esta ley, algo que no ocurrió con otras que contribuyeron al Estado del bienestar. Esta ley es joven aún y está favoreciendo la creación de empleo, en lo que ponemos todos nuestros esfuerzos. Las políticas sociales no son solo una meta, han de ser también un medio para la recuperación económica", ha manifestado.
En el debate de hoy ha salido a relucir el sistema de información de la ley, es decir, los datos oficiales que se tienen sobre los usuarios, las prestaciones, los plazos de espera, etcétera. El Gobierno se ha comprometido a presentar públicamente, en unas semanas, nuevos indicadores a partir de las cifras que aportan las comunidades. Quizá en esta cuestión sí ha tenido Martínez un arranque de optimismo desmedido, cuando ha asegurado que la falta de información no es más que "un prejuicio, porque el sistema de la dependencia aporta más información que el educativo o el sanitario".
Que no es así lo demuestra el propio debate, en el que ella misma ha acusado a las comunidades de no ser todo lo transparentes que debieran al presentar su inversión en Dependencia. "Los únicos fondos transparentes son los que aporta el Estado, las comunidades tienen que hacer un ejercicio de transparencia con el rigor del que hace el Estado", ha aseverado. Contestaba así a cuestiones planteadas por el PP y CiU, en las que se acusaba al Ejecutivo de no estar cofinanciando con las comunidades autónomas el coste de la ley, tal y como está establecido. "El Gobierno cumple con la parte que le toca, del resto conocemos lo que nos cuentan y lo que nos dicen. Y algunas comunidades hacen un esfuerzo mayor que otras; eso es una realidad que se manifiesta en el número de personas atendidas", ha insistido Martínez.
En otro orden de cosas, la secretaria general ha reconocido que las partidas que más han sufrido con la crisis son las que corresponden a los centros especializados, como el que se planeaba sobre el parkinson en Murcia, que está prácticamente parado, o que poco o nada se sabe del fondo extra de 15 millones para proyectos sociales en los Ayuntamientos que anunció el Gobierno meses atrás, cuando Trinidad Jiménez era ministra de Sanidad y Política Social.
El diputado Gaspar Llamazares (IU) y Carles Campuzano (CiU) le han preguntando por la deriva que ha tomado la Ley de Dependencia en la concesión de ayudas, mayoritariamente económicas, frente a los servicios, justo lo contrario de lo que se dispuso en la ley. Martínez les ha respondido que los mayores han cambiado mucho y quieren decidir sobre sus vidas y gestionarlas libremente. "Hay un buen porcentaje de gente que decide quedarse en casa y ser atendidos allí, y la opinión y los deseos de estas personas hay que tenerlos en cuenta. La prestación económica está en la ley como una más".
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