Vida asociativa
Así lo reclama el movimiento asociativo
Servimedia / Madrid- 23/03/2011
El sector social de la discapacidad, representado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha elaborado un documento de propuestas de enmiendas al proyecto de Ley de Salud Pública, para atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad en relación a las actuaciones y servicios de salud pública.
Para el Cermi, resulta "imprescindible" esta consideración, ya que las personas con discapacidad, desde los aspectos de prevención, detección precoz, hasta el tratamiento y atención sanitaria, son usuarios del sistema de salud que "han de obtener un trato atendiendo a su situación en cada caso y según su tipo y grado de discapacidad".
"También resulta de la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España y vigente en nuestro país", afirma el Comité.
En este sentido, hace referencia al principio de equidad, que consiste en que las políticas, planes y programas, con un impacto directo en la salud de la población, promuevan la disminución de las desigualdades sociales en salud. "Prestarán la atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad en todas las acciones de la salud pública y, en particular, a mujeres y niños y niñas con discapacidad".
En relación al respeto de la privacidad, se plantea que "se proteja de forma especial la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad", en igualdad de condiciones con los demás, tal y como ha ratificado la Convención de la ONU.
A través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado, el Cermi aboga por que se preste a las personas con discapacidad una atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de este grupo".
Asimismo, hace alusión a cómo el derecho a la información deber ser "plenamente" accesible para las personas con discapacidad, así como que debe suministrarse en las condiciones y formatos que permitan este fin.
En cuanto a la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, considera que se debe dar una prioridad a la lucha contra las enfermedades raras, mediante la regulación de las ayudas, prestaciones y servicios que resulten más adecuados; su prevención y detección precoz, así como el apoyo a las personas que las presenten y sus familias.
Según establece la Convención, el Cermi propone que se tenga en cuenta la prevención de las enfermedades, discapacidades y lesiones, así como la detección precoz, para reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades; así como la promoción de la salud de las personas con discapacidad, incluida la de la salud sexual y reproductiva.
Por otra parte, la plataforma de la discapacidad propone la implantación de un auténtico modelo de atención socio-sanitaria, en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que garantice la continuidad de la atención y los cuidados que necesiten las personas en situación de dependencia y con discapacidad, con el objetivo de transformar el actual modelo de competencias fragmentadas en un modelo de responsabilidad compartida, centrado en las necesidades del usuario".
Así, el Cermi insta al Gobierno, en el plazo de un año, a desarrollar este modelo, caracterizado por la priorización del enfoque preventivo, la garantía de los derechos de los usuarios; la orientación a las necesidades individuales; la primacía del mantenimiento del usuario en su entorno y enfoque integral; la promoción de la autonomía física, psíquica y/o social de los usuarios; la identificación de las personas susceptibles de atención socio-sanitaria; y el establecimiento de los contenidos básicos de la cartera de estos servicios.
También plantea que el Ejecutivo proceda "de inmediato", en el plazo de seis meses, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la asociación más representativa a nivel estatal de las personas con discapacidad y sus familias, a la revisión, mejora y aprobación de una nueva cartera de servicios de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.
Por último, en relación a los seguros de salud y con el objetivo que la Ley proteja el derecho de información de las personas con discapacidad frente a las compañías aseguradoras y evitar así una discriminación, el Cermi propone que "la información sea accesible, con los formatos adecuados a las necesidades de este grupo social, de forma que puedan acceder efectivamente a su contenido sin discriminaciones y en igualdad de condiciones".
...
No hay comentarios:
Publicar un comentario