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JOSÉ A. ALEMÁN
Dicen los psocialistas que el Gobierno perdió en 2010 nada menos que 600.000 euros por no aplicar la ley de Dependencia y que este año lleva camino de perder otros tantos. Y asegura el Gobierno que no se ha perdido ni 0,3 céntimos de euro, lo que equivale en plan fino a ni un duro de las antiguas pesetas.
Uno sabe que en la vida real nada puede ser una cosa y su contraria y que este principio axiomático, aplicado a la vida política, implica que una de las partes miente o se equivoca. Es evidente que en cuantas informaciones se han publicado sobre el porcentaje de cumplimiento de esa ley a escala estatal, Canarias figura siempre en el último o penúltimo lugar, como en todo lo demás. No es menos cierto que comparte ese honor con comunidades gobernadas precisamente por el PP, a las que puede asimilarse la canaria en el objetivo de leña a Zapatero hasta que hable inglés; al menos mientras Soria estuvo en el Ejecutivo y antes de que Paulino comenzara a tontear con el PSOE ; hasta que pasen las elecciones y pueda ir a cantar bajo la ventana soriana aquello de olvidemos nuestro enfado y volvamos al amor. Proa al marisco, of course. La ley podía darle votos a Zapatero así que, se sospecha, hubo consigna de ignorarla, lo que estaría muy en la línea obstruccionista que el PP ha seguido desde 2004.
El caso es que, como suele ocurrir, los políticos siguen enredándolo todo. Hasta el punto de no ver una solución que, en este caso concreto, es la mar de sencilla: si el Gobierno dice no haber perdido ni un solo euro es porque sabe donde los ha puesto todos, con lo que no tiene sino que decirlo y se acabó. Al menos le ahorraría a uno el trabajo de tirar de teléfono y preguntar cómo les va a quienes están o viven de cerca estas situaciones. Hablé con un amigo que padece, desde hace casi 40 años, de esclerosis múltiple progresiva y que ya sólo mueve los ojos y los labios; hablé con varios que tienen en su familia casos profundos de síndrome de Down o padres (bien un padre o una madre) ancianos que no se pueden valer; también con personas inválidas; hablé con quienes han tenido que dejar de trabajar para atenderlos y con quienes pactaron a escote familiar el pago a inmigrantes (de esos que disgustan a Paulino) para que los atiendan durante el horario laboral. Todos los casos tienen en común haber echado, como suele decirse, la correspondiente instancia sin obtener, siquiera contestación; aunque sea la de mandarlos a freír bogas al Toril, de lo que han acabado deduciendo que, en efecto, los han mandado a la fritanga por vía de silencio administrativo. No sé si tendrá algo que ver con esto el que todos los casos que conozco sean de Gran Canaria, la isla más que maldita, maldecida: ya conocen el eslogan de "al canarión ni agua, con el canarión ni a misa" puesto a circular por el periódico que ve en Paulino al presidente de la futura República guanche de la que el mismo rotativo excluye a Gran Canaria; de momento porque en cuanto descubra el favor nos mete dentro. Como no sé si calificar lo de la ley de Dependencia de vergüenza o de pura desvergüenza, les dejo a ustedes elegir los términos porque a mí no me salen sino palabrotas.
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