Cuando hablábamos de tapar la boca, con el silencio que es peor que las palabras, nos referíamos a instituciones como las que reseñamos y que viven dedicadas exclusivamente a éllo, par ael bien del estado, que no de sus relmente beneficiarios y viven a costa de él, como por ejmeplo este CERMI que solo alza la voz cuando vé peligrar sus beneficios metálicos. Del resto del año solo se afana por lo material y renuncia a reclamar los derechos de los dependientes, sus afiliados.
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Valladolid, 2 dic (EFE).- Los "recortes importantes" de la Junta de Castilla y León en los convenios que tiene con las asociaciones de las personas con discapacidad de la Comunidad supondrán "un retroceso en la calidad" y "normalización" de estos colectivos, y ponen en "riesgo" la supervivencia de pequeñas asociaciones rurales.
Así lo ha advertido hoy el vicepresidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla León, CERMI, Francisco Sardón, quien junto a otros integrantes de esta entidad ha ofrecido hoy una rueda de prensa-desayuno con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana.
"El ajuste presupuestario realizado por la Comunidad autónoma no puede hacerse a costa de los sectores más vulnerables, que apenas tienen garantizadas unas condiciones mínimas de inclusión y acceso al ejercicio de los derechos fundamentales", recoge el manifiesto de CERMI en la Comunidad con motivo del Día Internacional.
Ese recorte afectará a la calidad del servicio que prestan las asociaciones pero el "mayor temor" es que "comiencen a desaparecer pequeñas asociaciones que realizan una labor importante especialmente en el ámbito rural" y que "corren el riesgo de desaparecer", ha alertado Sardón.
La situación económica también incide en el empleo, y con los datos de noviembre sobre la mesa, con 2.163 desempleados más, que dejan en 188.915 el número de personas sin empleo en esta Comunidad, el vicepresidente de CERMI ha referido que la crisis "está afectando muy duramente" a las personas con discapacidad, que parten ya de datos de paro que triplican a los de las que no tienen discapacidad.
Por ello el empleo es una de las reivindicaciones para la celebración de este Día Internacional en una Comunidad en la que viven, según datos de CERMI, unas 250.000 personas con discapacidad de las que cerca de 150.000 están valoradas como tal por la Junta.
Si bien se están dando "pasos importantes" en la función pública, con iniciativas para que se pueda cubrir ese diez por ciento de plazas que la Administración de Castilla y León dedica a este colectivo, este paso "es más difícil en la empresa ordinaria", que debe reservar por ley un dos por ciento de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, que en muchos casos no se cumple.
Se requiere una labor de concienciación de los empresarios para que vean que estas personas son "igual de productivas y efectivas", como lo demuestran los balances y resultados de los Centros Especiales de Empleo de muchas de las federaciones de colectivos de personas discapacidad.
Y unido al empleo otro de los esfuerzos planteado por CERMI persigue una "educación inclusiva o específica" en función de cada alumno con discapacidad.
Sardón ha sostenido que "la educación es la asignatura pendiente" en la atención a las personas con discapacidad tanto en Castilla y León como en toda España, derivado de que "históricamente" no han tenido acceso a la formación, lo que se convierte en una "dificultad insalvable" a la hora de acceder a un empleo.
Integrado por ASPACE, AUTISMO, FAPAS, FAPSCL, FEAFES, FEAPS, FECALEL, DOWN, ONCE, PREDIF y COCEMFE, este Comité también ha expresado su preocupación porque se confunda la atención a la dependencia con los servicios sociales, y han reclamado especial atención para el conocido como tercer sector -estas asociaciones- que desarrollan un papel esencial en la prestación de servicios.
En esta línea, "CERMI demanda un sistema autonómico de servicios sociales de garantía de derechos universales, capaz de hacer efectiva la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, para lo que es necesario que entre en vigor la futura Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia".
A esto se unen reivindicaciones históricas como la mejora de la accesibilidad o el acceso a prestaciones como la sanidad en igualdad de condiciones ante barreras tan insalvables como la de la comunicación en el caso de las personas sordas.
Por ello reclaman, según el comunicado, protocolos específicos de detección y atención en todas modalidades -primaria, especializada y urgencias-, y que haya médicos de referencia en disciplinas relacionadas con patologías derivadas de la discapacidad.
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