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El Gobierno salva los
presupuestosde 2011 gracias
al PNVy Coalición Canaria
El Congreso aprueba un catálogo de infracciones graves en el control aéreo, con multas de hasta 4,5 millones de euros por simular una enfermedad o por una falta injustificada
La vicepresidenta Salgado se felicita con el portavoz del PSOE tras aprobarse ayer las cuentas. / chema moya
AGENCIAS MADRID El Gobierno logró ayer finalmente el visto bueno a sus presupuestos para 2011 gracias al apoyo del PNV y CC, frente al rechazo del resto de grupos parlamentarios que insistieron en que las cuentas no ayudarán a la recuperación económica.
Las cuentas recibieron en su última votación en el Congreso de los Diputados el apoyo de 177 parlamentarios (PSOE, PNV y CC) frente a 171 votos en contra del resto de grupos y que eran favorables a mantener el veto del Senado.
En su intervención en el pleno de la Cámara baja, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, volvió a defender la conveniencia de los presupuestos y una austeridad que permite que el gasto social sea el 58% del total.
A juicio del Ejecutivo, los presupuestos serán, junto con las reformas promovidas, la clave para una recuperación económica que pasa necesariamente por la consolidación de las cuentas públicas, con el objetivo de que el déficit del de las administraciones no supere el 6% del PIB a cierre de 2011.
Sin embargo, el PP criticó que el Gobierno vincule ahora la recuperación con la consolidación presupuestaria, después de que con su política económica, apoyada por otros grupos, haya provocado el mayor incremento de la deuda y el mayor "agujero" de las cuentas públicas de España.
En este sentido, el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, recordó que los mismos que ahora promueven la reducción del déficit son los que hace tiempo hablaron de "brotes verdes" en la economía española. Por eso, para el principal partido de la oposición, la "responsabilidad política" debería llevar a un nuevo presupuesto hecho por un nuevo Gobierno, ya que el planteado se resume en que "sube impuestos, no tiene una verdadera austeridad en el gasto público, congela pensiones y no titubea en recortes sociales".
El portavoz de CiU, Pere Macías, explicó que la formación nacionalista rechaza los presupuestos porque son los de la improvisación y la recesión, además de que "son incapaces de sacarnos de ella".
Para el diputado de ERC Joan Ridao, los presupuestos son "francamente antisociales", por el recorte a la ley de dependencia y la reducción de las prestaciones para maternidad y paternidad, con la "guinda" del recorte adquisitivo a los pensionistas. Desde el BNG, Francisco Jorquera reiteró que los presupuestos dificultan la recuperación, tienen carácter antisocial y no cumplen con las necesidades de Galicia.
A favor de las cuentas se mostró el PNV, cuyo portavoz, Pedro Azpiazu, consideró que es "absolutamente imprescindible" su aprobación, porque aunque los presupuestos no son los mejores, son de los pocos posibles.
Contra los controladores
También ayer, el Congreso aprobó el proyecto de ley de seguridad aérea, y por unanimidad. El texto incluye un nuevo catálogo de infracciones en el control del tráfico aéreo, que para casos muy graves puede suponer multas de 250.000 euros a 4,5 millones de euros o la pérdida de licencia. Tras las enmiendas presentadas por los grupos, el nuevo proyecto incluye en su artículo 48. bis la tipificación como infracción administrativa muy grave "simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o negarse a realizar controles médicos, dificultar, retrasar o negarse a recibir las labores de formación, obstaculizar o impedir las pruebas de calidad o auditorías en los centros de trabajo, así como la falta injustificada al puesto de trabajo. Para las infracciones graves, la sanción se situaría entre los 70.000 y los 250.000 euros.
Los grupos respaldaron este proyecto de ley y expresaron su deseo de restablecer la normalidad en el sector. Así, el portavoz del BNG Francisco Jorquera, se mostró partidario de acudir a la administración ordinaria y "no a mecanismos de excepción", como el estado de alarma.
El Gobierno ha decidido abrir una nueva vía en la lucha para recortar el déficit público: la eliminación de "las duplicidades, solapamientos e ineficacias" generadas por el sistema autonómico. La decisión, que se produce después de que diversos agentes internacionales acusasen a las comunidades autónomas españolas de ser generadoras de déficit público, fue anunciada ayer por el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves.
Chaves explicó en la comisión de Política Territorial del Congreso que ha solicitado a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas un informe sobre estas posibles fuentes de gasto superfluo, "siempre", añadió, "desde el respeto a las competencias de las comunidades". A pesar de que, en opinión del vicepresidente tercero, el sistema autonómico se muestra como "un gran activo" que permite aprovechar las capacidades del país, su desarrollo, concedió, también ha producido ineficacias que hay que corregir o mejorar de modo permanente".
El vicepresidente resaltó los resultados positivos que está dando la cooperación de las autonomías, sobre todo en época de crisis, y así mencionó las medidas de reducción de gasto farmacéutico que permitirán ahorrar 1.500 millones de euros o los compromisos de las comunidades autónomas con el plan de estabilidad. Chaves repasó algunas de las actuaciones en materia autonómica, como los 70 traspasos de competencias efectuados en esta legislatura (22 para Cataluña), que afectan a 3.987 empleados estatales que son adscritos a las comunidades. Recordó asimismo que el Gobierno ha incluido en su programa legislativo del próximo mes de junio la ley sobre utilización de las lenguas cooficiales ante los órganos del Estado.
Antes, en marzo, se presentará en el Congreso la ley de gobierno local, si bien Chaves reconoció que no podrá entrar en vigor antes de las elecciones municipales de mayo, aunque sí durante la próxima legislatura local. Esta nueva normativa, confirmó Manuel Chaves, no estará acompañada de una nueva ley de financiación local, toda vez que el esfuerzo de ajuste presupuestario lo hace "desaconsejable". "Una situación económica más propicia permitirá negociar unas condiciones de financiación más duraderas y que se correspondan más con la realidad de los ayuntamientos y menos con la actual situación de ajuste presupuestario", ha indicado Chaves. Por ello, prosiguió, "habrá que buscar el momento adecuado" para aprobar esa ley.
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