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Jueves 16 de diciembre de 2010
El pleno de las Cortes aprobó este miércoles, con los votos del PP y en contra del PSOE, la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León en la que se otorga carácter de derecho subjetivo exigible a las administraciones el acceso a estos servicios y prestaciones públicas. La procuradora popular Ángeles Armisen acusó a la oposición socialista de no apoyar esta ley, cuando desarrolla derechos recogidos en el Estatuto de Autonomía y avanza en el estado del bienestar, sólo por un interés electoral y para utilizar estos servicios como “batalla ideológica”.
El proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León desarrolla el Estatuto de Autonomía y avanza en el reconocimiento de servicios y prestaciones como derechos subjetivos de los ciudadanos de la Comunidad que pueden reclamar ante las administraciones públicas e incluso ante los tribunales, destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en la presentación de la nueva ley ante el pleno de las Cortes.
Así, subrayó que el concepto de asistencia social mantenido hasta ahora para estos servicios pasa a ser un derecho para los ciudadanos, destacó el catalogo de derechos y deberes, la definición de un sistema que integra los públicos y privados y crea un Observatorio Estratégico de los Servicios Sociales.
El debate entre el socialista Fernando Rodero y la popular Ángeles Armisen, durante la presentación de las 138 enmiendas vivas ante el plenario de las 269 presentadas por este grupo, giró sobre el concepto público de los derechos sociales, la presencia de un catalogo de servicios en la ley y la financiación. “Quieren un sistema rígido”, aseveró la procuradora del PP, quien añadió que no existen diferencias de fondo entre ambos grupos y acusó a los socialistas de rechazar la ley por una “imagen ideológica”.
Rodero defendió la actualización de una normativa que data de 1988, sostuvo que se abre la puerta a la privatización y no se crea un sistema público ni se recoge el catalogo de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos y olvida servicios a mayores, como la adaptación del transporte para ellos, o la promoción del lenguaje de signos para personas sordas.
El socialista insistió en la necesidad de que cada ciudadano sepa por ley los servicios y prestaciones a los que tienen derecho conforme al lugar en el que residen y censuró que no exista un sistema estable de financiación para los ayuntamientos y las diputaciones. “No puede ser que los ayuntamientos financien la ley de la Dependencia a la Consejería”, añadió.
Para Armisen, el debate sobre el carácter público y privado, aducido por Rodero, es “antiguo” y llevó la discusión, en presencia de distintos colectivos sentados en la tribuna de invitados, a la desmitificación de las enmiendas de los socialistas, de las que dijo que se han recogido el 60 por ciento (121 transacionadas) y las que quedan son formales y nominalistas, que “no se justifican”.
Así, recalcó que no están alejados del modelo sino en la forma, señaló no entender como no apoyan una ley que avanza en los servicios sociales de “última generación” y concluyó que la oposición y los argumentos responden a un “seguidismo” y a instrumentalizar esta ley por una “imagen ideológica”.
Armisen enumeró una serie de comunidades autónomas, no gobernadas por el PP, en cuyas leyes no se recoge una participación de los gobiernos autonómicos en esa ley, y subrayó que no es la Junta quien recorta hoy servicios sociales, ya que ha aprobado tres proyectos de ley en esta materia, sino el Gobierno de Zapatero.
“El Grupo Socialista hace una oposición constructiva y crítica y, cuando gobierne, mejorará la ley”, concluyó Rodero. “Sean responsables y apoyen una ley que avanza en los derechos sociales y no utilicen la ley para ganar en mayo”, afirmó Ármisen.
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