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Las Cortes aprueban sin consenso la nueva Ley de Servicios Sociales
El PSOE dice que se «abre la puerta a la privatización»
Gobierno que no suba la fiscalidad para la compra de viviendas
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El consejero de familia, César Antón, saluda al presidente de la Junta.
Foto Ical
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VALLADOLID, ICAL / EFE
El pleno de las Cortes aprobó ayer, con los votos del PP y en contra del PSOE, la Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León en la que se otorga carácter de derecho subjetivo exigible a las administraciones el acceso a estos servicios y prestaciones públicas.
El proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León desarrolla el Estatuto de Autonomía y avanza en el reconocimiento de servicios y prestaciones como derechos subjetivos de los ciudadanos de la Comunidad que pueden reclamar ante las administraciones públicas e incluso ante los tribunales, destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en la presentación de la nueva ley ante el pleno de las Cortes.
Así, subrayó que el concepto de asistencia social mantenido hasta ahora para estos servicios pasa a ser un derecho para los ciudadanos, destacó el catálogo de derechos y deberes, la definición de un sistema que integra los públicos y privados y crea un Observatorio Estratégico de los Servicios Sociales.
El debate entre el socialista Fernando Rodero y la popular Ángeles Armisen, durante la presentación de las 138 enmiendas vivas ante el plenario de las 269 presentadas por este grupo, giró sobre el concepto público de los derechos sociales, la presencia de un catálogo de servicios en la ley y la financiación. «Quieren un sistema rígido», aseveró la procuradora del PP, quien añadió que no existen diferencias de fondo entre ambos grupos y acusó a los socialistas de rechazar la ley por una «imagen ideológica».
Rodero defendió la actualización de una normativa que data de 1988, sostuvo que se abre la puerta a la privatización y no se crea un sistema público ni se recoge el catálogo de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos y olvida servicios a mayores, como la adaptación del transporte para ellos, o la promoción del lenguaje de signos para personas sordas.
En Castilla y León se reconocen de esta forma una serie de derechos además de los contemplados en la Ley de Dependencia y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas, y las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.
Por otro lado, el Parlamento regional acordó, con los votos de la mayoría del PP, instar a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno central que elimine sus previsiones de incrementar los impuestos que gravan la adquisición de viviendas con objeto de facilitar el acceso a las mismas a los ciudadanos y no agudizar aún más la crisis del sector que está «gravemente herido», según señaló en la defensa de la Proposición no de Ley la procuradora popular Cristina Ayala.
Ayala subrayó que entre el incremento del IVA y la eliminación de esta deducción supondrá que las viviendas sean «más caras». Además, recordó que a los que más afecta es a los jóvenes que son lo que quieren formar un proyecto de vida. Según Ayala, esta medida dificultará el acceso a la misma a los ciudadanos con más dificultades económicas.
El proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla y León desarrolla el Estatuto de Autonomía y avanza en el reconocimiento de servicios y prestaciones como derechos subjetivos de los ciudadanos de la Comunidad que pueden reclamar ante las administraciones públicas e incluso ante los tribunales, destacó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, en la presentación de la nueva ley ante el pleno de las Cortes.
Así, subrayó que el concepto de asistencia social mantenido hasta ahora para estos servicios pasa a ser un derecho para los ciudadanos, destacó el catálogo de derechos y deberes, la definición de un sistema que integra los públicos y privados y crea un Observatorio Estratégico de los Servicios Sociales.
El debate entre el socialista Fernando Rodero y la popular Ángeles Armisen, durante la presentación de las 138 enmiendas vivas ante el plenario de las 269 presentadas por este grupo, giró sobre el concepto público de los derechos sociales, la presencia de un catálogo de servicios en la ley y la financiación. «Quieren un sistema rígido», aseveró la procuradora del PP, quien añadió que no existen diferencias de fondo entre ambos grupos y acusó a los socialistas de rechazar la ley por una «imagen ideológica».
Rodero defendió la actualización de una normativa que data de 1988, sostuvo que se abre la puerta a la privatización y no se crea un sistema público ni se recoge el catálogo de las prestaciones a las que tienen derecho los ciudadanos y olvida servicios a mayores, como la adaptación del transporte para ellos, o la promoción del lenguaje de signos para personas sordas.
En Castilla y León se reconocen de esta forma una serie de derechos además de los contemplados en la Ley de Dependencia y que son exclusivos en materia de servicios sociales, como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana a niños y niñas con discapacidad, el Ingreso Mínimo de Inserción y ayudas para necesidades básicas, y las medidas específicas de protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo.
Por otro lado, el Parlamento regional acordó, con los votos de la mayoría del PP, instar a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno central que elimine sus previsiones de incrementar los impuestos que gravan la adquisición de viviendas con objeto de facilitar el acceso a las mismas a los ciudadanos y no agudizar aún más la crisis del sector que está «gravemente herido», según señaló en la defensa de la Proposición no de Ley la procuradora popular Cristina Ayala.
Ayala subrayó que entre el incremento del IVA y la eliminación de esta deducción supondrá que las viviendas sean «más caras». Además, recordó que a los que más afecta es a los jóvenes que son lo que quieren formar un proyecto de vida. Según Ayala, esta medida dificultará el acceso a la misma a los ciudadanos con más dificultades económicas.
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