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Sábado, 18/12/2010
Sociedad
Brecha abismal entre autonomías para costear la dependencia
La Rioja gasta por habitante en las ayudas seis veces lo que Canarias
CARMEN MORÁN - Madrid - 17/12/2010
El sistema de atención a las personas dependientes, configurado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos necesitados de una ayuda, se ha revelado un mapa desigual al arbitrio de la voluntad política y lastrado por una situación económica difícil. Las diferencias entre unas comunidades y otras son enormes, tanto en el gasto como en los ciudadanos atendidos o en las prestaciones que se conceden. Pero son precisamente esas diferencias las que dibujan la voluntad de algunas de ellas por seguir avanzando en el desarrollo de la ley mientras que en otras regiones se percibe con claridad el ritmo mortecino de su implantación.
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- Seis comunidades suspenden en la aplicación de la Ley de Dependencia
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- Tres años sin cumplir los plazos de la ley de Dependencia
- El Gobierno carga a las autonomías con el grueso de la dependencia
Hay regiones que dan muchas prestaciones pero de muy bajo coste
Las islas, Madrid y Valencia, las que atienden a menos ciudadanos
Cantabria y el País Vasco obtienen resultados muy meritorios
"No hay razones para no implantar la ley", dice un experto
Significativo es el esfuerzo público económico por habitante y año, lo que le cuesta al contribuyente cada dependiente atendido. Desde los 183 euros que se emplean en La Rioja o los 172 de Cantabria a los 32 pelados de Canarias o los 57 de Baleares. El primero aporta seis veces lo que el último. La media española (calculada mes a mes por el coste de los atendidos en 2010) es de 102 euros por habitante al año, una cantidad de la que se ha extraído el copago, es decir, la aportación del propio usuario al coste del servicio. Todos estos datos son de la explotación por comunidades del último estudio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyo autor es Luis Barriga. Y se refieren únicamente a costes directos de atención a los dependientes. Quedan excluidos otros gastos, como los de gestión, por ejemplo.
Tampoco es idéntico el esfuerzo público para sufragar esas cantidades, porque de los 183 euros en La Rioja, el Gobierno se hace cargo de 63 euros, mientras que la comunidad aporta 120. En cambio, con Canarias ocurre justo al revés, el poco esfuerzo de la comunidad, que no llega a los nueve euros, se compensa con la aportación del Ejecutivo, que pone 23,65. Murcia y Galicia son otros dos ejemplos en los que la aportación del Gobierno es superior al esfuerzo público de la comunidad en costes directos.
No todas las ayudas que se conceden por la Ley de Dependencia son igual de costosas, por eso son reseñables también las diferencias entre unas comunidades y otras. Algunas han optado por los servicios y otras se inclinan claramente por las prestaciones económicas, más rentables para sus arcas. En Murcia y Baleares, por ejemplo, el 70% de las ayudas concedidas son pagas para el cuidador familiar, es decir, para atender al anciano en casa. No es la situación ideal, porque la ley establece que esta prestación debe ser excepcional, pero con ello logran atender a más gente a menor coste. El problema surge cuando, a pesar de conceder muchas de estas pagas, no logran una tasa de atendidos muy alta. Y Baleares, respecto al número de personas atendidas en relación con su población se sitúa muy por debajo de la media española, con una tasa de 8,2 atendidos por cada 1.000 habitantes frente a los 14 de media española.
Hay otras regiones, como Andalucía, con muchos ciudadanos atendidos y muchos servicios, pero de bajo coste: con la teleasistencia y la ayuda a domicilio cubren buena parte de las prestaciones concedidas. Y la intensidad de la ayuda a domicilio, es decir, las horas semanales por persona, no suelen ser muchas. Mucho menos eficaz es la teleasistencia, apenas un dispositivo electrónico que avisa si sobreviene algún problema.
Están aquellas comunidades que han optado por los servicios, aunque optar es una palabra un poco ancha para Madrid. La comunidad madrileña es la ganadora en gasto por dependientes atendidos en residencias, el más costoso de todos los servicios. Quizá por eso, esta región sale a 77,81 euros por habitante al año en atención a la dependencia; de ellos, algo más de 23 los aporta el Gobierno. Pero son tan pocas las personas atendidas que las cuentas tampoco salen. Después de Canarias, posiblemente la comunidad más calamitosa en sus datos oficiales, Madrid y Valencia encabezan la cola en personas atendidas respecto a su población: 7 ciudadanos atendidos de cada 1.000 (la media es 14).
Sobre Madrid hay que señalar también que parte de los ingresados en residencias ya lo estaban antes de iniciarse la ley, por tanto, no es un gasto ex novo. Ni se optó por los servicios, solo se registraron. Muchas comunidades hicieron esto mismo, inscribir como nuevos usuarios de la dependencia a quienes ya estaban atendidos, y así cobraban por ellos del Gobierno. En Madrid los nuevos usuarios de las residencias se contaban por miles de un mes para otro en la estadística oficial.
"El mérito se lo llevan comunidades como La Rioja o Cantabria que, con una proporción de servicios y prestaciones cercana a la media española, han sido valientes para llegar a tasas de 24 atendidos de cada 1.000 habitantes. O el País Vasco, donde un modelo claramente basado en prestar servicios está siendo capaz de ofrecer una tasa de cobertura superior a la media española", explica Luis Barriga.
"Cuanto peor sea la atención prestada y menor sea la cobertura del sistema, mejor les irá económicamente a las comunidades. Y es aquí donde se han desvelado las dos cuestiones recurrentes en nuestros informes: la falta de voluntad política y la impericia de algunas comunidades para la implantación del sistema. Pueden tener razones para la queja (en materia financiera es evidente) pero ninguna razón es válida para incumplir una ley aprobada en las Cortes que, además, afecta tanto a la calidad de vida y a los derechos de las personas", concluye Barriga.
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