Los 426 euros
Ante el duro ajuste, la supresión del subsidio no ayudará a tejer un pacto que redistribuya los costes
España ha emergido de la recesión con un impacto sobre su mercado de trabajo mucho más severo que el experimentado por otros países europeos. Los 4,6 millones de parados así lo certifican. Por ello, no es de extrañar que la supresión, por parte del Gobierno de Zapatero, de la prestación de 426 euros a algunos de los parados que han agotado el subsidio de paro haya reavivado el debate acerca de la vulnerabilidad de los hogares españoles en la presente coyuntura. ¿Hasta qué punto se encuentran en una situación distinta a la vivida en otras crisis anteriores? Las elevadas tasas de ahorro existentes, muy por encima de las de los años previos a la recesión, ¿indican una mayor vulnerabilidad familiar? O, por el contrario, ¿reflejan la incertidumbre sobre el futuro? Sin ánimo de ofrecer una visión distorsionada de la dureza de la situación actual, me parece que es preciso evaluar tanto la exposición de las familias españolas al deterioro del mercado de trabajo como el impacto de la supresión de aquella prestación de mínimos.
LEONARD BEARD
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Para ello, vayan por delante algunos datos que a menudo se olvidan. En primer lugar, España contaba con cerca de 1,8 millones de desempleados antes del estallido de la crisis (casi el 8% de la población en edad de trabajar). La crisis ha añadido 2,7 millones, una cifra muy elevada, pero notablemente inferior a los 4,5 millones hoy existentes. Además del total de nuevos desempleados, hay que separar los cerca de 700.000 que no se encontraban en el mercado de trabajo al final de la expansión, que se incorporaron en el 2008 y que, por tanto, no han encontrado empleo.
El verdadero impacto de la crisis son, pues, los dos millones de puestos de trabajo destruidos, una cifra equivalente a cerca del 10% de los ocupados a finales del 2007. ¿Cómo hay que ubicar esta caída? Las experiencias de crisis anteriores sugieren que el ajuste laboral que hemos experimentado en esta recesión ha sido muy intenso y muy rápido. Y que las caídas de empleo, de mantenerse este en los actuales niveles, parece que se van a situar en valores similares a los observados entre 1978 y 1985 y por encima del ajuste de 1992-94. Así, en la crisis energética de la primera mitad de los 80, se perdieron cerca de 1,2 millones de empleos (alrededor del 10%). Y en la de los primeros 90, pasamos de 13 millones de ocupados en 1991 a los 12 de 1994 (un retroceso en torno al 8%).
La situación actual, por tanto, no es excepcional. Además, aun siendo cierto que hemos destruido unos dos millones de empleos, no lo es menos que partíamos de un nivel de ocupación jamás alcanzado, cercano a los 20 millones. La variable realmente relevante es el número de ocupados por hogar, y en esta ratio, a pesar de la crisis, hemos mejorado. Así, mientras que en 1995, al salir de la recesión anterior, teníamos 12 millones de empleados y 12 millones de familias, hoy aquella ratio ha mejorado, tanto porque hay más ocupados que hogares (más de 18 millones de empleados por 17 millones de familias), como porque el tamaño medio de estos es menor. Por tanto, mayor capacidad de aguante de nuestras familias.
Esa mayor resistencia se contrapone con la mayor vulnerabilidad de un colectivo en paro cuyas prestaciones van extinguiéndose. Y que muestra una preocupante tendencia a la cronificación: una parte creciente de los parados llevan en esta situación entre seis meses y un año (casi el 20%) y, en especial, entre uno y dos años (otro 30%). En este contexto, no parece muy adecuada la supresión de la prestación de los 426 euros a un colectivo que, de por sí, ya se había reducido al exigirse determinadas condiciones para su percepción. Por otra parte, la tesis que anida tras esta supresión, aunque permite reducir algo el gasto público, no parece cumplirse en la España actual: el problema del desempleo no es hoy, en lo fundamental, el resultado de la falta de voluntad de los parados para encontrar ocupación, sino de un aumento neto de empleo prácticamente nulo. Para agravar la situación, hay que recordar, como señalaba hace unos días el Banco de España, que una parte no menor de los parados, en torno al 40%, se encuentra en hogares donde no hay ningún activo ocupado.
Unas familias algo más resistentes a la crisis, con mayor empleo por hogar que en anteriores recesiones, y en hogares de menores dimensiones, y una cronificación del paro definen una de las más duras dualidades del mercado laboral español. Esa dualidad debe permitir no dejarnos llevar en exceso por el pesimismo, y recordar que situaciones como estas ya las hemos superado en el pasado, aunque ello nos llevó un cierto número de años. Pero también hay que destacar que el problema del paro estructural no va a desaparecer con la supresión de esa ayuda de subsistencia.
Esta medida va en contra del pacto que el país ha de vertebrar para abordar los próximos años. Dados los duros ajustes que estamos padeciendo, y los que sin duda deberemos abordar en el futuro, parece deseable forjar un amplio acuerdo que distribuya los costes. La supresión de los 426 euros no parece que vaya a ayudar a tejerlo. Es un error que deberíamos corregir.
Catedrático de Economía Aplicada (UAB).
Fuente: Diario El periódico de Barcelona
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