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NACIONAL
Camps no se sentará en el banquillo antes de las autonómicas
Los retrasos de la Justicia valenciana en reclamar todo el sumario del 'caso de los trajes' libran de ese trance al 'president'
13.12.10 - 00:25 -
Aunque la justicia valenciana viera indicios contra Francisco Camps, el 'president' de la Generalitat valenciana no se sentará en el banquillo de los acusados antes de las elecciones autonómicas del 22 de mayo. Cinco meses después de que el Tribunal Superior de Madrid acordara inhibirse en el denominado 'caso de los trajes', el Tribunal Superior de Justicia de Valencia todavía ni siquiera había comenzado a estudiar la totalidad de documentos judiciales y policiales que apuntan a que el jefe del Ejecutivo autonómico y otros altos cargos pudieron incurrir en delitos electorales y contra la administración pública, fraude al fisco, falsedad documental, prevaricación, blanqueo, asociación ilícita y cohecho propio, como sostienen Anticorrupción y el Tribunal Superior de Madrid.
Es más, el hasta hoy presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, mostró no tener prisa y solamente firmó el pasado 2 de noviembre el oficio en el que reclamaba al instructor del tronco central del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, la documentación completa sobre la causa, a pesar de que Pedreira dejó el caso en sus manos el 26 de mayo de este año.
Testimonio
En ese oficio, De la Rúa, que hasta entonces se había limitado a realizar alguna gestión menor sobre la causa, finalmente pidió «testimonio de las actuaciones que [Pedreira] considere procedentes y que constituyan el fundamento de la decisión sobre la inhibición», tales como «declaraciones practicadas, resoluciones dictadas, diligencias acordadas, etc». Es decir, el grueso de la causa.
A pesar del tiempo transcurrido, el presidente del Superior valenciano también esperó a noviembre para reclamar copia oficial, «remisión de testimonio», de los dos autos dictados en Madrid sobre el asunto en junio y julio.
La recopilación de todos los documentos incriminatorios ha llevado todo un mes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y a Anticorrupción, dado lo abultado y disperso de los informes y el elevado número de implicados. Además de Camps, el juez Pedreira apuntó posibles delitos en otros ocho altos cargos del Gobierno valenciano y el Partido Popular de esa comunidad: el ex vicepresidente Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret; el ex secretario general del PP y diputado autonómico Ricardo Costa; el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla; el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra; la diputada autonómica y tesorera del PP en la comunidad, Yolanda García; el ex director general de la radiotelevisión autonómica Pedro García, y la gerente del PP valenciano, Cristina Ibañez.
En total, en los últimos días han salido de Madrid con dirección a Valencia 49 documentos, todos los que había reclamado el Ministerio Público. Entre esos papeles hay actas, requerimientos, interrogatorios, 16 atestados de la Brigada Antiblanqueo, varios CD con conversaciones telefónicas de los principales implicados, diez informes de la Agencia Tributaria sobre irregularidades fiscales y los cuatro dossieres de la Intervención General del Estado que denunciaron las irregularidades en las contrataciones de la Generalitat, amén de los tres escritos del propio Gobierno autonómico en los que defiende la legalidad de las adjudicaciones a las empresas de la trama 'Gürtel'.
Se trata, según fuentes judiciales, de varios miles de páginas que solo a partir de ahora podrán ser analizadas por el Tribunal Superior de la Comunidad de Valencia para decidir si asume las acusaciones que su homólogo de Madrid hace contra los nueve altos cargos.
Recurso
El retraso en la petición de la documentación general no ha sido, ni mucho menos, la única demora. El PP, a pesar de ser acusación, recurrió de inmediato en apelación la decisión de Pedreira de inhibirse, lo que también acumuló un par de semanas más a la causa.
El sumario, llamado en un principio 'de los trajes', lleva camino de cumplir los dos años de vida sin apenas avanzar. La causa llegó por primera vez a Valencia en marzo de 2009, cuando Baltasar Garzón se inhibió a favor del TSJCV tras encontrar los primeros indicios de cohecho contra el 'president' y sus principales colaboradores.
El Superior valenciano, tras tomar declaración a testigos e imputados, dio carpetazo al caso a principios de agosto del año pasado. Tras varios recursos ante el Supremo, el alto tribunal ordenó en mayo de este año a la justicia valenciana reabrir el sumario. La nueva inhibición de Pedreira en junio, a la vista de los últimos autos, no aceleró la tramitación.
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