El calendario de aplicación de la Ley de Dependencia sigue avanzando. Los primeros beneficiarios, los que mayor grado de dependencia padecen (Grado III, nivel 1 y 2, y Grado II, nivel 2), empezaron a cobrar las ayudas económicas en 2008, con carácter retroactivo a 2007. Un año después se sumaron los dependientes severos (Grado II de nivel 1) y ahora son los dependientes moderados (Grado I nivel 2) quienes se beneficiarán de las prestaciones.
A partir de este sábado, 1 de enero de 2011, los guipuzcoanos que hayan recibido esa valoración tendrán derecho a recibir una ayuda mínima de 60 euros al mes y máxima de 300, según establece la normativa estatal cuya aplicación corresponde en Euskadi a las diputaciones. Según las previsiones del Departamento de Polícia Social, en total otras 2.700 personas se sumarán a las casi 17.000 que reciben a día de hoy ayudas económicas por dependencia. De ellas, el 62% son mujeres, un perfil mayoritariamente femenino que se repite en todos los niveles de dependencia definidos por la normativa. Más de la mitad de los nuevos beneficiarios ya recibía algún tipo de ayuda de la Diputación, aunque no estaba englobada en la partida destinada a la aplicación de la Ley de Dependencia que supone un elevadísimo desembolso para las arcas forales. En total, serán casi 20.000 guipuzcoanos los perceptores de las prestaciones económicas, que pueden alcanzar hasta los 830 euros en el caso de los dependientes de grado más severo.
Las ayudas contemplan tres modalidades. La más numerosa es la referida a los cuidados en el entorno, que corresponde a las ayudas destinadas a la atención de la persona dependiente por parte de un familiar, un cuidado que hasta la entrada en vigor de la ley recaía mayoritariamente en las mujeres y que la norma ha contribuido a aligerar.
Las familias que necesitan contratar a un asistente personal que facilite el acceso a la educación o el trabajo y permita una mayor autonomía en el ejercicio de las tareas diarias también reciben una ayuda económica. Las menos numerosas son las ayudas vinculadas al servicio, que se conceden cuando la persona dependiente lleva tres meses en lista de espera para acceder a un centro de día o una residencia permanente y se ha visto obligada a contratar una plaza privada.
El siguiente y último plazo de la Ley de Dependencia se cumplirá el 1 de enero de 2013, cuando puedan beneficiarse de las ayudas económicas el colectivo de dependientes moderados, valorados como dependientes de Grado I nivel 1.
55.000 en Euskadi
Será la etapa final de una ley que ya ha beneficiado a 44.549 personas en Euskadi desde su aprobación en 2007. A fecha de 1 de diciembre, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha registrado 1,4 millones de solicitudes en toda España, de las cuales el 65% ha correspondido a mujeres y el 35% restante a hombres.
Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), las comunidades autónomas donde se han presentado más solicitudes son Andalucía (el 26,8% del total), seguida de Cataluña (15,4%) , y Madrid (7,8%). Hasta el momento, el número de peticiones reconocidas se eleva a 888.962, el 65% de las 1,3 millones de valoraciones realizadas. En Euskadi, el número de solicitudes en los últimos tres años ha ascendido a 98.619, el 5,6% del total. Las personas beneficiarios con derechos a prestación han sido más de 55.000.
La ley establece tres grados en las valoraciones de dependencias, cada uno de los cuales está dividido en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la intensidad del cuidado que requieran. Los servicios forales de Política Social son los encargados de emitir un dictamen sobre el grado y nivel de dependencia de cada solicitante y a la vez que especifique los cuidados que pueda necesitar. De esta valoración dependerá el momento en que podrá ser beneficiario de la Ley, ya que se ha implantado de forma progresiva. La 'bolsa' de nuevos beneficiarios que ahora se suma a la lista de perceptores ya está debidamente valorada.
La financiación es compartida, aunque el grueso del gasto corre a cargo de las diputaciones. El Gobierno de Madrid ha implementado este año varios suplementos de crédito para aumentar los presupuestos iniciales aprobados para hacer frente a los compromisos asumidos en estas prestaciones, que han supuesto este año un total de 2.030 millones de euros para el Ejecutivo central.
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