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Mayores y discapacitados se niegan a ser usuarios de la Ley de Dependencia
M.CH., Los Llanos
Los mayores y discapacitados de Los Llanos de Aridane se niegan, en su mayoría, a solicitar su inclusión como usuarios de la Ley de Dependencia por miedo a perder los servicios que en la actualidad están recibiendo desde el ayuntamiento. Entienden que las prestaciones locales que perciben son más beneficiosas y completas que las estatales y tienen miedo a quedarse sin ellas.
Según la concejal de Servicios Sociales, Susana Díaz, en Los Llanos unas 240 son beneficiarias del servicio de ayuda a domicilio, de las que algo más de la mitad, unas 130, han querido presentar solicitud de dependencia. En la actualidad hay 22 personas pendientes de resolución y otros 41 usuarios que presentaron solicitud perciben ya una prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
El resto de usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio no quieren presentar la solicitud ya que asocian la Ley de Dependencia con una escasa prestación y no quieren perder servicios que reciben en la actualidad, que incluyen: prevención, programa de teleasistencia, ayuda a domicilio, servicio de día, servicios residenciales, rehabilitación a domicilio y prestaciones económicas.
La concejal asegura que "hay serias dificultades para la implantación de la ley en Los Llanos, entre otras cuestiones por la reducción real de servicios y el coste de los mismos. Como ejemplo, el co-pago impuesto que obliga al beneficiario a participar en los costes de las prestaciones, en función del tipo y coste de los servicios y su capacidad económica. Esto sucede con la teleasistencia. Sin embargo, en Los Llanos 59 personas tienen este servicio gratuito".
Así, añade, "muchos ciudadanos se quejan de que el coste del cuidado es inmensamente superior a la prestación que recibirán, por lo que renuncian a la misma en pro de un servicio municipal que les cubre cuidados de más larga duración. Muchas personas han sacado a sus dependientes de servicios locales a la espera de recibir una prestación económica, lo que ha ido en detrimento de la calidad de los cuidados integrales que necesitan sus dependientes".
Está claro, añadió, que "lo que prioriza la ley estatal es el acceso a un servicio y no la prestación económica, que está considerada como una excepcionalidad. Sin embargo, nuestros ciudadanos creían que la Dependencia era una paga y ahora empiezan a entender que es un servicio".
Por eso, "no entienden que la ley les conceda el derecho a recibir el servicio que ya recibían sin aportarles nada nuevo. No entienden que una prestación por cuidados en el entorno familiar es incompatible con recibir otros servicios municipales y tampoco que con ese dinero no puedan contratar a un cuidador externo a la familia".
Por eso, según Susana Díaz, "muchos solicitantes han dado de baja a sus familiares de los servicios municipales encontrándose posteriormente con una resolución donde se les adjudica un servicio de día. Una resolución con la que no están de acuerdo ya que quieren una prestación".
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