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Rafa Funes se desplaza con su silla por el centro que dirige.
J. C. ROMÁN
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Uno de cada cuatro dependientes reconocidos no recibe su ayuda
Bienestar arremete contra el suspenso recibido por los 4.486 casos pendientes, el fomento de las pagas y la falta de información
21.12.10 - 03:02 -
Uno de cada cuatro asturianos beneficiarios de la Ley de la Dependencia no recibe su ayuda. Son 4.486 personas -el 25,7% del total de los 17.450 expedientes ya cerrados- las que llevan, de media, más de seis meses a la espera de que la Consejería de Bienestar Social y Vivienda les dé la atención a la que tienen derecho. El mismo organismo que da más pagas que servicios, no tiene un sistema de información en tiempo real ni programa de seguimiento de cada caso. El mismo que, por todo eso, acaba de suspender en la aplicación de la Ley de la Dependencia.
Asturias aparece con un pírrico 4 sobre 10 en el VI Dictamen que sobre la Ley de la Dependencia ha realizado la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la entidad que aglutina a todos los profesionales del país y que se ha convertido en el verdadero 'pepito grillo' de la gestión de la norma.
Es la primera vez, de las seis en la que la asociación ha evaluado a todo el país, en que el Principado suspende en la aplicación de la ley. Es la primera vez que se suma al furgón de cola en el que están comunidades como Baleares, Canarias, Valencia y Madrid, además de Ceuta y Melilla. Es la primera vez, aunque el presidente de la asociación, José Manuel Ramírez, recuerda que «lleva ya tiempo rondando el suspenso y salvándose por los pelos».
Esta vez no ha habido forma de librar del suspenso a una región «que tiene a un 25,7% de beneficiarios sin ayuda aún»; que «carece de sistema de información en tiempo real» y, además, «en la que los beneficiarios con prestaciones económicas superan a los servicios». Eso sin olvidar que «aún no cuenta con una Ley de Servicios Sociales de tercera generación» y, sobre todo, «que no tiene seguimiento de cada caso».
«Han ralentizado la norma»
En declaraciones a EL COMERCIO, Ramírez confesó sentir «pena por haber tenido que suspender al Principado», la primera comunidad en poner en marcha la ley, el 23 de abril de 2007, y a la que la propia asociación puso de ejemplo en otras ocasiones, especialmente tras el regreso de IU a la gestión de Bienestar, tras el «mal año», según calificativo de la propia asociación, vivido en el periodo en que la consejería estuvo dirigida por Pilar Rodríguez. Ramírez insistió ayer en que «conocemos las buenas intenciones del actual equipo, pero la buena disposición no ha sido suficiente».
Porque el presidente cree que «Asturias ha caído en la falta de financiación y, como casi todo el país, ha ralentizado la ley, la ha metido en el congelador». En su opinión, «la gestión está estancada, como lo demuestra el hecho de los pocos Planes Individuales de Atención (PIA) firmados este año» y, también, «por el incremento en el número de pagas a cuidadores familiares. Está claro que esa es la alternativa más barata y cómoda para la Administración, cualquiera que sea, y es en la que ha caído el Principado».
Lamenta Ramírez que ocurra esto en «una comunidad que apuesta, claramente, por los servicios, sobre todo por los públicos, que son mucho mejores», porque con su prioridad a las pagas a los cuidadores familiares «se están impidiendo la generación de empleo y el retorno de recursos».
La FSA, por una evaluación
Conocido el suspenso, las reacciones no se hicieron esperar. El primero en hablar fue el candidato socialista a la Presidencia regional, Javier Fernández, quien aseguró a Radio Nacional que «espero conocer una evaluación oficial», para apuntillar que, si es cierto, «se corregirá lo que sea necesario».
La 'suspendida', la Consejería de Bienestar esperó hasta la tarde para hacer público un comunicado en el que tacha a la Asociación de Directores y Gerentes -a la que nunca se puso en entredicho cuando Asturias aprobaba- de «entidad privada» que en su informe «no cuenta con la participación» ni del ministerio ni de las comunidades.
Con «2.000 plazas de atención a mayores creadas» a Bienestar no le parece lógico suspender «cuando aprueban otras que atienden al 80% con cuidadores familiares». En Asturias lo hace el 59%.
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Enrique Rubio Aracil
Nada sobre nosotros sin nosotros.
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