Un paso «importantísimo». Así se calificó ayer el acuerdo del grupo de trabajo del Diálogo social sobre la Ayuda a Domicilio -formado por la Junta de Castilla y León, las corporaciones locales, sindicatos y empresarios-, y que permitirá establecer un «único criterio» para la valoración, el cálculo de la capacidad económica y el acceso a este servicio en toda la comunidad independientemente de quién sea el prestador y de si la persona que lo solicita es beneficiario de la Ley de Dependencia o necesita ayuda a domicilio sin ser dependiente.
Se trata, según expuso Milagros Marcos, gerente de Servicios sociales de Castilla y León, de establecer «criterios únicos y homogéneos» y, además, «homogéneos con el sistema de Dependencia». Entre los criterios que se homogeneizan se encuentran el de la capacidad económica, el servicio será gratuito para aquellos que tengan unos ingresos inferiores al IPREM, establecido en 532 euros mensuales, y para el resto la aportación será «progresiva» en función de su capacidad económica, pero en ningún caso superará el 65% del coste del servicio. El acuerdo establece también una cartera de servicios homogénea que prevé atención doméstica centrada en actividades «instrumentales» de la vida diaria como la alimentación o el vestido; la atención personal en actividades como la higiene, la alimentación o la movilidad; acciones de carácter psicosocial e iniciativas de apoyo a las familias.
La representante de CC OO, Bernarda García, consideró que la atención a domicilio será «un servicio estrella» en el futuro. Tanto el representante de UGT, Jesús María Sanz, como la de Cecale, Sofía Andrés, destacaron la creación de empleo que supone un servicio en el que este año trabajan 5.388 profesionales.
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