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Santiago de Compostela, 19 dic (EFE).- El Observatorio de la Dependencia, en su VI dictamen, ha destacado hoy el alto nivel de aplicación de la Ley de Dependencia en las comunidades de Castilla La Mancha, Castilla-León, País Vasco y Aragón, y ha denunciado el empecinamiento de Canarias, Madrid y Valencia en no aplicarla.
El Observatorio, que ha surgido de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales y se ha reunido durante dos días en Santiago de Compostela, da sus puntuaciones máximas a Castilla-La Mancha (9 puntos sobre diez), Castilla y León (9 puntos), País Vasco (8,5 puntos) y Aragón (8,5 puntos).
Por el contrario, critica las otras tres autonomías, de las que dice que ponen a sus ciudadanos "en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica", con puntuaciones de 0,5 para Canarias y 2 para Madrid y Valencia.
El siguiente cuadro expresa la puntuación sobre diez que el Observatorio concede a cada una de las Comunidades:
Castilla-La Mancha ... 9 puntos
Castilla y León ....................... 9
País Vasco ........................... 8,5
Aragón ............................... 8,5
La Rioja ................................. 8
Andalucía ........................... 7,5
Navarra ................................. 7
Cantabria ............................ 6,5
Cataluña .............................. 6,5
Galicia .................................. 5,5
Extremadura .......................... 5
Murcia ................................... 5
Asturias .................................. 4
Baleares .................................. 4
Ceuta y Melilla ........................ 3
Madrid .................................... 2
C. Valenciana .......................... 2
Canarias ................................ 0,5
En cuanto a las variaciones, el Observatorio destaca el descenso de Andalucía, que, tras venir ocupando los primeros puestos, cae a una "discreta" puntuación del 7,5, o Asturias, que suspende por primera vez, mientras que se felicita por la evolución de Extremadura y Murcia, ambas con 5 puntos, "reconociendo el esfuerzo de mejora que esta valoración evidencia".
En el conjunto, los profesionales que conforman el Observatorio han registrado una mejora en la implantación de Ley, al pasar la puntuación media de 4,97 puntos (enero) a 5,44 (junio) y a 5,6, en las conclusiones hechas públicas hoy.
En el cuarto año de aplicación de la Ley, el Observatorio resalta cuatro aspectos negativos, referidos al limbo de la dependencia, el modelo de financiación, el sobredimensionamiento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales y la falta de transparencia.
En lo que denomina el limbo de la dependencia, los responsables del Observatorio señalan que, con los datos oficiales de primero de diciembre de 2010, 234.463 personas se encuentran en esta situación, de reconocimiento de grado y nivel que les da derecho a recibir la prestación, pero que no se les ha aprobado y agrega que, además, no sólo no se ha reducido, sino que se ha aumentado "ligeramente" desde junio.
Canarias, con un 60 % de personas con derecho reconocido que aún no tiene aprobada la prestación y Valencia, con un 42 por ciento, son las Comunidades "donde más preocupante es esta situación".
En cuanto a la financiación, el Observatorio ha analizado un estudio en el que se pone de manifiesto el desequilibrio entre lo que aporta de manera efectiva la Administración General del Estado (34 %) y las Comunidades autónomas (52 %), mientras que el resto (14 %) es de copago.
Esta situación es muy diferente entre las Comunidades, de forma que La Rioja paga 183 euros por habitante, mientras que Canarias sólo destina 32, cuando la media estatal es de 102 euros.
El sobredimensionamiento de la prestación con cuidados no profesionales sobre los profesionales se cifra en un 58 por ciento para el primer caso, con una tendencia que no se reduce, sino que es creciente, según el Observatorio.
Finalmente, el estudio de los profesionales destaca la falta de transparencia informativa, dada "la falta de datos" precisa para la evaluación, lo que "se suma a la ya tradicional ocultación de determinados informes o a las dificultades para acceder a determinados datos, lo que nos ha obligado, en ocasiones, a actuar al estilo wikileaks".
En este sentido, el Observatorio denuncia la existencia de "amenazas y presiones por quienes siguen empeñados en que la ciudadanía no conozca cómo se está desarrollando este ámbito de la protección social". EFE.
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