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Paquita Luengo lamenta la actitud de la consejera en relación a la Ley de Dependencia.
La diputada socialista Francisca Luengo acusa a la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, de "enredar y manipular para ocultar" que en 2010 Canarias perdió 602.000 euros "por no trabajar desarrollando ciertos aspectos de la Ley de Dependencia".
Luengo lamenta en un comunicado que Rojas haya admitido que ha perdido 600.000 euros para los dependientes canarios "al reconocer que no ha cobrado ni un céntimo de la cantidad que le hubiera correspondido si hubiera hecho su trabajo el año pasado".
La diputada socialista recuerda en un comunicado que Rojas fue a Madrid en julio de 2010 y se vino "con tarea debajo del brazo", una tarea vinculada a un fondo dotado de 30 millones, de euros, denominado de 'cumplimento de Acuerdos'. "Es decir, si trabajaba desarrollando los aspectos de la ley de la dependencia, cobraría el dinero, de lo contrario no, que es lo que finalmente sucedió", agrega.
Luengo acusa a Rojas de "boicotear la ley y perjudicar a los canarios dependientes", que son los que podrían haberse beneficiado de esa partida económica, y le recrimina que para tapar que no ha hecho nada "se dedica a inventarse recortes que no son ciertos", y le aclara que los recursos que aporta el Estado "son claros y transparentes, los que sí son oscuros son los que debería aportar la Comunidad Autónoma de Canarias".
Además agrega que la Consejera, "lo enreda y lo confunde todo", citando disposiciones autonómicas y sentencias "que nada tienen que ver con el trabajo que tenía que hacer y no ha hecho".
El primer enredo de Rojas, explica Luengo, es que la Orden de 10 de febrero de 2010 se limita a dar carácter definitivo a otra de 2008 referida a la intensidad de las prestaciones económicas sin que se corresponda su contenido, con ninguno de los acuerdos que debían trasponerse a la normativa canaria.
"Tampoco el Decreto 54/2008 de 28 de marzo traspone a la legislación canaria ninguno de los acuerdos, a cuyo cumplimiento se vincula el cobro de los 600.000 euros, que por cierto, Rojas ha incumplido permanentemente desde que lo dictó, dejando a los dependientes esperando más de 24 meses en lugar de los seis a los que obliga el citado decreto", continúa.
Luengo añade que el "colmo" es que la Consejera cite la Resolución de febrero de 2011 de la Viceconsejería de Bienestar Social referida a la formación de cuidadores informales –desarrollada por otra posterior del 16 de marzo- sabiendo que para que venga el dinero en la anualidad de 2010, "el trabajo hay que hacerlo también en el mismo año, de lo contrario se pierde, como así ha ocurrido".
"En definitiva la Consejera cita tres normas que nada tienen que ver con las que tenía que haber dictado, pero enreda y lo lía todo adrede, para esconder que sigue boicoteando la ley y castigando a los dependientes que son, en definitiva, los perjudicados.", manifiesta Luego.
Además le recuerda que la sentencia de la Audiencia Nacional que cita, no entra en el contenido de los acuerdos del Consejo Interterritorial. "Sólo se pronuncia sobre un aspecto formal: el de exigir que las decisiones del Consejo se realicen mediante Real Decreto y no por Resolución, sin entrar al fondo de nada". Lo que ocurre que la Consejera se agarra "como un clavo ardiendo a dicha sentencia para no reconocer derechos ni a los dependientes ni a las personas con discapacidad.
Por último, Luengo exige a la Consejera a que cese de manipular, aplique de una vez la Ley de Dependencia y que cumpla los acuerdos en tiempo y forma como lo hacen las otras comunidades autónomas, "porque su mala gestión la están pagando muy cara las personas dependientes y sus familias, que llevan cuatro años sufriendo y sin saber adónde acudir porque el Gobierno de Canarias les da la espalda".
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