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Ley de Dependencia: un derecho sin recursos
MADRID. Es el cuarto pilar del Estado de Bienestar: educación, sanidad, pensiones y ayuda a los que no se pueden valer por sí mismos. La Ley de Dependencia se aprobó en 2006, en pleno boom económico, pero ahora no se puede pagar y asfixia a las autonomías, que se defienden retrasando las prestaciones y rebajando los servicios y ayudas que reciben de momento 720.000 españoles. Y algunas, como Canarias, Madrid y la Comunidad Valenciana, torpedeando su aplicación. La ayuda a los dependientes (ancianos y discapacitados) es un derecho reconocido por Ley, pero habrá que revisarla y buscar cómo financiarla, ya que costará 20.000 millones en 2015. Y hay que poner orden en un sistema descoordinado, con 17 gestiones diferentes.
La Ley de Dependencia echó a andar el 1 de enero de 2007 para ayudar a los 3 millones de españoles (personas mayores y discapacitadas) que no pueden valerse por sí mismos. O mejor, a sus familias, sobre todo mujeres de más de 50 años, que viven dedicadas a cuidar a sus padres, maridos o hijos. La Ley contempla ofrecerles servicios (residencias, centros de día o noche, teleasistencia, ayuda a domicilio) o una ayuda económica (de 300 a 520 euros al mes, o entre 625 y 850 euros para pagar a un cuidador), así como bonificaciones para que el familiar pueda darse de alta en la Seguridad Social como cuidador no profesional.
A 1 de abril, 1.585.427 españoles habían solicitado ayuda para la dependencia, en su mayoría mujeres (65%), ancianas (53% con más de 80 años), aunque también hay menores de 45 años (10%). De ellos, a 1.071.603 se les ha reconocido el derecho a recibir ayudas (hay 142.100 pendientes de dictamen y el resto tienen un grado de dependencia bajo), aunque sólo las reciben 720.769 dependientes, mientras otros 350.834 están a la espera de servicios o ayuda. Y eso, porque no hay dinero y las autonomías, que financian más de la mitad de la Ley, buscan ahorrar retrasando dictámenes y ayudas.
Teóricamente, la Ley iba a financiarse a tercios entre el Estado, las autonomías y los dependientes (copago). Pero en el cuarto año de aplicación, 2010, los dependientes sólo han aportado un 14% (448 millones), debido sobre todo a sus bajos ingresos (el 90% de los mayores de 65 años declaran a Hacienda rentas inferiores a 12.000 euros anuales). Y en consecuencia, las autonomías, que gestionan la Ley, han tenido que cubrir la diferencia y aportan el 54% (unos 3.000 millones en 2010) y el Estado un 34% (1.777 millones).
Pero hay autonomías que aportan menos y lo suplen reconociendo menos dependientes y retrasándoles el pago o servicio. Así, las que menos aportan son Canarias (8,85 euros por habitante, frente a 61 euros de media), Baleares (29,66 euros), Murcia (31,08 euros), Ceuta y Melilla (37,25 euros), Galicia (34,53 euros) Comunidad Valenciana (41,08 euros) y Madrid (54,06 euros). En el otro extremo, las que dedican más recursos son La Rioja (120 euros/hab.), Cantabria (114,69) y el País Vasco (112,66 euros).
La penuria de fondos está detrás de los retrasos en recibir los servicios o ayudas, retrasos que en muchos casos están denunciados en los Tribunales y que a veces se "resuelven" con la muerte del beneficiario: así, en Cataluña, han muerto 17.374 solicitantes sin recibir las ayudas y la cifra podría ascender a 100.000 muertos en toda España, un 15% de los dependientes con derecho reconocido. Pero no sólo falta dinero. La Ley se está aplicando de forma muy desigual por las autonomías, cada una con sus criterios, que en la práctica dejan fuera a los enfermos mentales.
Al final, algunas cargan las tintas en los grados de dependencia, para recibir más dinero del Estado. Otras, como Andalucía, echan mano de la teleasistencia, porque sale más barata. Y todas optan por las ayudas (54%) más que por los servicios, porque les resulta más barato dar 300 euros a una familia que buscarle un centro de día o una residencia, que son caras y escasas.
Al final, las diferencias entre autonomías son abismales. En personas beneficiadas: menos del 1% de la población total en Canarias (0,48%), Comunidad Valenciana (0,73%), Madrid (0,90%) y Baleares (0,92%), frente al 1,48% de media en España y un mayor porcentaje en La Rioja (2,45%), Cantabria (2,42%), Andalucía (2,22%), Castilla León y Aragón (1,95%).
En personas con derecho reconocido en espera de servicios: 60% en Canarias, 42% en la Comunidad Valenciana o cerca del 35% en Galicia, Baleares y Madrid. Al final, el Observatorio de la Dependencia da buena nota a cinco autonomías: Castilla-La Mancha y Castilla y León (9), País Vasco y Aragón (8,5) y La Rioja (8). Y suspende a otras seis: Asturias y Baleares (4), Ceuta y Melilla (3), y, sobre todo, Madrid (2), Comunidad Valenciana (2) y Canarias (0,5), tres autonomías a las que denuncian por "el empecinamiento en no aplicar la Ley de Dependencia".
Tras las elecciones del 22-M, las autonomías van a tener que recortar gastos y es posible que lo paguen también los dependientes (Cataluña ya ha pedido una moratoria). En cualquier caso, aplicar la Ley va a ser cada año más costoso y harán falta 20.000 millones de euros para 2015, frente a los 5.225 actuales. Y más después, ya que para 2050 se duplicarán los mayores de 65 años (de 7,6 a 15,3 millones, uno de cada tres con más de 80 años).
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