...
Algo huele a podrido en las
candidaturas
Bueno, pues eso está muy bien, sí señor. Los juzgados parece que se han decidido a publicar listados de políticos imputados en casos de corrupción para advertencia a los ciudadanos, para que éstos sepan a quién votan, a qué clase de persona dan su confianza, que tengan en cuenta su moralidad y filosofía de vida.
Que no, que no, que las listas publicadas no lo han sido por los juzgados, que ello iría contra la legislación vigente, que las listas no son tales, que se trata de las candidaturas oficiales del Partido Popular para las Cortes Valencianas y para los municipios de la Comunidad. Lo que nos temíamos se ha hecho realidad, increíble pero cierto. En una farsa de juicio endogámico se han absuelto entre ellos para que todos puedan figurar en las candidaturas que los ciudadanos, en el instante de máximo exponente del sistema democrático, introduzcamos la papeleta en la urna como si aquí no hubiera pasado nada.
La desfachatez con que actúa nuestra clase política y la lasitud de la que se ha impregnado la sociedad, contribuyen a que imputados o implicados en casos de corrupción figuren como candidatos con la cobarde protección de las listas cerradas. Quién de ellos se atrevería a concurrir a unas elecciones con listas abiertas, donde el ciudadano pudiera tachar de la lista del partido elegido a esa manzana podrida que contamina con su presencia no solamente la candidatura por la que se presenta, sino el mismo acto de la votación, el mismo sistema democrático que queda en entredicho cuando permite que con subterfugios que minan sus más elementales valores, se cuelen por resquicios candidatos de dudosa moralidad imputados en delitos propios de la actividad pública.
No sólo no dimite nadie de su cargo público cuando un juzgado, que no la jefatura policial o la eficiente Benemérita, encuentra indicios de comisión de delito en las actuaciones de los señalados, sino que la grey en la que pacen les vuelve a encumbrar a los más altos puestos de las instituciones públicas para mayor asombro de la ciudadanía y de la judicatura que sigue promoviendo pesquisas que esclarezcan los numerosos casos de corrupción que se amontonan en los despachos de los juzgados. A los españoles en general y a los vecinos de la Comunidad Valenciana y/o Alicante en particular, nos gustaría sentirnos también europeos. Ciudadanos que ven con normalidad democrática como uno de sus representantes, sea ministro, diputado o alcalde, presenta su dimisión por temas que en estos lares parecerían tan triviales como el haber cometido plagio en menos de la cuarta parte de una tesina universitaria. A eso sí que se le podría denominar vergüenza torera, la actitud de nuestros servidores públicos cogidos in fraganti únicamente se definiría con vocablos como doblez, impostura, hipocresía o cinismo.
Listas mancilladas, listas profanadas, desacreditadas, corrompidas, ultrajadas, denigradas por la presencia de quienes anteponen su futuro personal a la honradez como valor supremo de los denominados servidores públicos, que en casos como el que nos ocupa terminan por volver la frase por activa y acaban sirviéndose de lo público. Algo huele a podrido en las listas, en las candidaturas. La insolencia llega a tal punto, que un centenar de cargos populares reclaman indignados a su organización la inclusión en las listas de afines a su líder provincial, imputado y candidato, en vez de indignarse públicamente por la inclusión de quienes tendrán que dar cuenta de sus actos en los juzgados. Siguiendo la línea marcada por Stéphane Hessel, llega el momento de nuestra indignación, de nuestro cabreo democrático.
Que no, que no, que las listas publicadas no lo han sido por los juzgados, que ello iría contra la legislación vigente, que las listas no son tales, que se trata de las candidaturas oficiales del Partido Popular para las Cortes Valencianas y para los municipios de la Comunidad. Lo que nos temíamos se ha hecho realidad, increíble pero cierto. En una farsa de juicio endogámico se han absuelto entre ellos para que todos puedan figurar en las candidaturas que los ciudadanos, en el instante de máximo exponente del sistema democrático, introduzcamos la papeleta en la urna como si aquí no hubiera pasado nada.
La desfachatez con que actúa nuestra clase política y la lasitud de la que se ha impregnado la sociedad, contribuyen a que imputados o implicados en casos de corrupción figuren como candidatos con la cobarde protección de las listas cerradas. Quién de ellos se atrevería a concurrir a unas elecciones con listas abiertas, donde el ciudadano pudiera tachar de la lista del partido elegido a esa manzana podrida que contamina con su presencia no solamente la candidatura por la que se presenta, sino el mismo acto de la votación, el mismo sistema democrático que queda en entredicho cuando permite que con subterfugios que minan sus más elementales valores, se cuelen por resquicios candidatos de dudosa moralidad imputados en delitos propios de la actividad pública.
No sólo no dimite nadie de su cargo público cuando un juzgado, que no la jefatura policial o la eficiente Benemérita, encuentra indicios de comisión de delito en las actuaciones de los señalados, sino que la grey en la que pacen les vuelve a encumbrar a los más altos puestos de las instituciones públicas para mayor asombro de la ciudadanía y de la judicatura que sigue promoviendo pesquisas que esclarezcan los numerosos casos de corrupción que se amontonan en los despachos de los juzgados. A los españoles en general y a los vecinos de la Comunidad Valenciana y/o Alicante en particular, nos gustaría sentirnos también europeos. Ciudadanos que ven con normalidad democrática como uno de sus representantes, sea ministro, diputado o alcalde, presenta su dimisión por temas que en estos lares parecerían tan triviales como el haber cometido plagio en menos de la cuarta parte de una tesina universitaria. A eso sí que se le podría denominar vergüenza torera, la actitud de nuestros servidores públicos cogidos in fraganti únicamente se definiría con vocablos como doblez, impostura, hipocresía o cinismo.
Listas mancilladas, listas profanadas, desacreditadas, corrompidas, ultrajadas, denigradas por la presencia de quienes anteponen su futuro personal a la honradez como valor supremo de los denominados servidores públicos, que en casos como el que nos ocupa terminan por volver la frase por activa y acaban sirviéndose de lo público. Algo huele a podrido en las listas, en las candidaturas. La insolencia llega a tal punto, que un centenar de cargos populares reclaman indignados a su organización la inclusión en las listas de afines a su líder provincial, imputado y candidato, en vez de indignarse públicamente por la inclusión de quienes tendrán que dar cuenta de sus actos en los juzgados. Siguiendo la línea marcada por Stéphane Hessel, llega el momento de nuestra indignación, de nuestro cabreo democrático.
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