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El PSM critica que 79
discapacitados mueren sin ayuda
El PP pide a Zapatero financiación para atender a 70.000 personas
S. ESPAÑA - Madrid - 24/04/2011
El Gobierno regional dice que cumple los plazos en la valoración de personas dependientes. Es más, que se hace en tres meses o tres y medio, lo que supone la mitad del tiempo máximo previsto por la norma (seis meses). Pero el PSM denuncia que las ayudas, una vez concedidas, no terminan de llegar a los afectados y 79 personas han muerto esperando.
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales respondió a la acusación recriminando que Valcarce utilice el tema de la dependencia con "fines partidistas". El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, explicó que es "natural" que algunos de los dependientes fallezcan porque el 60% de quienes solicitan las ayudas tienen más de 80 años. La Comunidad atiende a 70.000 dependientes y Madrid es la autonomía con más plazas de dependencia y centros de día (34.000), según los datos del Ministerio de Sanidad en los que se ampara el Ejecutivo de Esperanza Aguirre. Esto sitúa a la región nueve puntos por encima de la media nacional.
Recurrir a la justicia
"Los afectados que tienen que recurrir a los tribunales" ven "cómo fallecen sus familiares sin ser atendidos", criticó Valcarce. El PSM ha reaccionado ante esta situación ofreciendo su departamento jurídico a los ciudadanos para que puedan recurrir ante la Administración. Las cifras comunicadas por la socialista reflejan que su partido ha prestado asistencia jurídica gratuita a 927 personas desde enero de 2010, y el Tribunal Superior de Justicia ha recibido los recursos de 199 de ellas debido a la falta de respuesta del Gobierno regional.
Valcarce afirmó que la Comunidad está "a la cola de la aplicación de la Ley de Dependencia", pero "esto no parece inquietar al Gobierno de Esperanza Aguirre". El portavoz del PP acusó, sin embargo, a las autonomías gobernadas por el PSOE de liderar el cómputo de personas dependientes sin asistencia, con un 60%. El PP pidió al Gobierno central que "arrime el hombro" en la financiación de la dependencia porque el Ejecutivo regional asume el 80% y debería repartirse al 50% entre ambas Administraciones.
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