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Lunes, 18 de abril de 2011
EVALUACIÓN DE LA LEY EN CUATRO AÑOS
Sanidad confirma que Madrid, Valencia y Canarias, a la cola en la tramitación de solicitudes de la dependencia
La secretaria de Política Social zanja la polémica presupuestaria asegurando que el Ministerio no tiene constancia de que ninguna autonomía esté aportando más fondos que el Estado.
Domingo, 17 de abril de 2011, a las 23:06
Se ha hecho esperar pero por fin ha llegado. La evaluación de los cuatro primeros años de la Ley de Dependencia ha sido presentada por la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, y la directora general del Imserso, Purificación Causapié. La información estadística viene a confirmar que, como habían apuntado ciertas informaciones, las comunidades de Madrid y Valencia se encuentran a la cola en la tramitación de solicitudes junto a Canarias. Sin embargo, ni Martínez ni Causapié han querido meter el dedo en la llaga, se han limitado a agradecer el "esfuerzo autonómico" y subrayar que el Ministerio "está cumpliendo ampliamente los compromisos de la Ley", según la secretaria general. La percepción del desarrollo es globalmente positiva: los grandes dependientes están atendidos en una proporción de 4 de cada 5, el tiempo medio de valoración se ha reducido en 10 puntos en un año y el empleo asociado a la norma ha superado las 260.000 altas en la Seguridad Social. En cuanto a la financiación, las representantes ministeriales insistieron en que el Estado ha aportado más del 60 por ciento de la previsión inicial de las memorias económicas de estos cuatro años, zanjando así los reproches autonómicos: "No hay datos de que ninguna comunidad autónoma esté aportando más fondos que el Estado", puntualizó Martínez.
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En tres meses de 2011, 171.970 solicitudes aceptadas
Los datos estadísticos abarcan desde enero de 2007 a diciembre de 2010, si bien Causapié los actualizó a abril de 2011, lo que supone una diferencia de 52.191 atendidos más (de 668.578 a 720.769), teniendo en cuenta también la incorporación al sistema desde el 1 de enero de los dependientes moderados. Así, son 1.071.603 (abril de 2011) personas con derecho a prestación, lo que supone 171.970 solicitantes más en este primer trimestre del año, explicadas en gran parte por la incoporación del grado mencionado.
La resolución de los Programas Individuales de Atención (PIA) por parte de las autonomías ha sido uno de los temas más controvertidos de la aplicación de esta Ley, que desde sus inicios sospechaba de la agilidad en la que se tramitaban en las comunidades de Madrid y Valencia. Efectivamente, la comparativa que ofrece el ministerio de Sanidad las deja en el peor lugar de la tabla junto a Canarias, y muy por debajo de la tasa media de beneficiarios de 1,42 (0,43; 0,72 y 0,77 respectivamente). En el otro lado de la balanza, La Rioja, Cantabria y Andalucía con porcentajes de resolución que se acercan al doble del ratio estatal (2,38- 2,18). La secretaria general de Política Social admite que hay "ritmos más lentos" y que lo primordial es "acortar la espera", mientras que la directora del Imserso destaca que "en términos globales hay un porcentaje muy importante de autonomías que se ha acercado al sistema".
Ninguna autonomía aporta más fondos que el Estado
Al ritmo desigual en la ejecución de resoluciones se ha sumado el tira y afloja de la financiación entre autonomías y Gobierno (las CCAA se quejan de que hacen frente a más de la mitad de las partidas). Este fue uno de los ámbitos más resaltados por las portavoces ministeriales, quienes han recordado que desde 2007 el Gobierno ha añadido más de un 50 por ciento del total previsto en las memorias económicas anuales, siendo la aportación total de 5.390.510.668 euros. Martínez ha defendido que "no saben qué presupuesto específico dedica cada autonomía para la Ley dentro de lo que dedican a servicios sociales", si bien se mostró rotunda ante las quejas y rumores: "No hay datos de que ninguna comunidad autónoma esté aportando más fondos que el Estado".
Causapié defiende la prestación del cuidador familiar
| La calidad asistencial del cuidador familiar. |
En grandes dependientes de ambos sexos, la discapacidad intelectual o la enfermedad mental es más frecuente entre los solicitantes a las condiciones de deterioro físico, mientras que el ámbito infantil incluye a 2.492 niños. El entorno rural también tiene un importante porcentaje de personas dependientes: cerca de 200.000. En términos globales, más de la mitad de los atendidos pertenecen al grado III de dependencia (386.093), fundamentalmente del nivel 1 (31,68 por ciento).
Entre las prestaciones, la más reconocida es el cuidador familiar con 384.985 beneficiarios, especialmente en el grado II nivel 2 (50,74 por ciento), muy por encima de la atención residencial (120.552 personas), la ayuda a domicilio (95.632), la teleasistencia (87.111), los centros de día/noche (45.969) y la promoción de la autonomía personal (11.604). Y es también la más frecuente entre las ayudas económicas, entre las que se encuentran las vinculadas al servicio (53.409 prestaciones) y la asistencia personal (747). Para el Ministerio, esta prestación mayoritaria se debe a que el 87 por ciento de los solicitantes manifiestan su deseo de continuar residiendo en su casa además de que "no siempre tienen a su alcance otro tipo de recursos". Purificación Causapié defendió esta opción asegurando que se "ha cuidado" este aspecto con las comunidades autónomas de forma que la atención cuente con "la misma calidad y requisitos que otras".
El informe ministerial también desglosa a los beneficiarios extranjeros (2.415), de los que el 61,1 por ciento no pertenecen a la Unión Europea. Se trata de un 0,34 por ciento del total que la secretaria de Política Social definió de "insignificante", si bien resaltó que también el perfil mayoritario es el femenino (53-55 por ciento), aunque algo inferior que en el caso de las mujeres españolas (67,01 por ciento).
Dos nuevos RD sobre prestaciones económicas y nivel mínimo de protección
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba dos reales decretos para complementar la aplicación de la mencionada Ley. Uno establece las cuantías máximas de las prestaciones económicas para las personas en situación de dependencia durante este año, y el segundo determina el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En ambos casos se recoge la incorporación al Sistema de las personas con dependencia moderada, Grado I Nivel 2.
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