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Beneficiarios de la ley de Dependencia y discapacitados verán modificado el dinero que aportan como usuarios de residencias y centros de día
Noemí Martín y Pedro Rodríguez, ayer, en la Consejería de Bienestar Social.
Oviedo, Eduardo GARCÍA
La capacidad económica de las más de 26.700 personas (2,5% de la población total) que en Asturias son beneficiarias del sistema público de atención social (de ellos, más de quince mil están incluidas en las prestaciones de la Dependencia) será revalorada y muchas de ellas verán modificadas las cantidades que aportan por el copago de los servicios, entre ellos los residenciales y los de los centros de día. La consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, explicó ayer en rueda de prensa la resolución aprobada por el Principado y que hoy se publica en el BOPA, con la que culmina el desarrollo normativo de la ley de Dependencia en Asturias.
Bienestar Social aborda ahora la ingente tarea de una revisión económica general de los usuarios, un proceso que no va a acabar, en el mejor de los casos, hasta junio o julio, ya con nueva Administración regional tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
Las nuevas obligaciones económicas de los beneficiarios de la Dependencia y la discapacidad serán calculadas por el Principado, comunicadas a cada usuario, que tendrá un plazo de alegaciones antes de que se consoliden las obligaciones. Noemí Martín asume que habrá modificaciones presupuestarias, que en estos momentos es imposible concretar, aunque adelantó que «no se va a perder recaudación».
Habrá cambios para todos los gustos, aunque la mayoría de los usuarios sufrirán modificaciones de matiz. «Unos pagarán un poco más, otros pagarán menos, y hay quien no estaba pagando nada y ahora tendrá que hacerlo» aseguró la consejera de Bienestar Social. «Queremos tratar de manera universal y homogénea a todos los beneficiarios», añadió.
Uno de los cambios más significativos afectará a los usuarios de los centros de día para mayores, que hasta la fecha pagaban un tercio de sus ingresos hasta unas cantidades tope que marcan los precios públicos en vigencia en la comunidad. A partir de ahora habrá usuarios con ingresos muy bajos, en torno a los 500 euros mensuales, que sólo tendrán que abonar el 10%.
Otra de las novedades es que se abre la posibilidad de compatibilizar servicios, por ejemplo las prestaciones para el cuidado familiar y los servicios de atención diurna (centros de día), salvo en el caso de las personas que disfruten de un servicio residencial, que se supone que es integral.
Noemí Martín, quien estuvo acompañada del director general de Prestaciones, Pedro Rodríguez, también destacó la exoneración hasta 50.000 euros de patrimonio o ahorro familiar en los cálculos de la capacidad económica del usuario que se beneficie de la atención diurna. También se exonera de dicho cómputo de capacidad económica la vivienda habitual, siempre que los familiares del beneficiario que puedan vivir en ella no sean propietarios de otra.
En relación con las personas con discapacidad, habrá tratamiento especial de los casos cuyos ingresos procedan de una pensión de orfandad o de viudedad. La norma también incentiva la inserción laboral de las personas con discapacidad, ya que no se tendrán en cuenta los ingresos generados por empleos temporales. «Nuestra actuación tiene que ser muy flexible a la hora de responder a situaciones sobrevenidas», recalcó la Consejera.
Actualmente, 19.105 personas están recibiendo atención profesional a través de los servicios de gestión pública o privados que ya están acreditados en Asturias y otras 7.675 personas están recibiendo atención familiar a través de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Una de las principales novedades de la entrada en vigor de esta nueva normativa es que, por primera vez, se regulan los servicios de atención a personas con discapacidad que hasta ahora prestaban entidades subvencionadas por la Administración y cuyas plazas, una vez acreditadas, han pasado a estar concertadas directamente con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Es un cambio de hondo calado, explicó Pedro Rodríguez, quien lo equiparó al que se produjo muchos años atrás cuando, en materia de enseñanza, las escuelas parroquiales se convirtieron en colegios privados concertados con la Administración.
La capacidad económica de las más de 26.700 personas (2,5% de la población total) que en Asturias son beneficiarias del sistema público de atención social (de ellos, más de quince mil están incluidas en las prestaciones de la Dependencia) será revalorada y muchas de ellas verán modificadas las cantidades que aportan por el copago de los servicios, entre ellos los residenciales y los de los centros de día. La consejera de Bienestar Social, Noemí Martín, explicó ayer en rueda de prensa la resolución aprobada por el Principado y que hoy se publica en el BOPA, con la que culmina el desarrollo normativo de la ley de Dependencia en Asturias.
Bienestar Social aborda ahora la ingente tarea de una revisión económica general de los usuarios, un proceso que no va a acabar, en el mejor de los casos, hasta junio o julio, ya con nueva Administración regional tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
Las nuevas obligaciones económicas de los beneficiarios de la Dependencia y la discapacidad serán calculadas por el Principado, comunicadas a cada usuario, que tendrá un plazo de alegaciones antes de que se consoliden las obligaciones. Noemí Martín asume que habrá modificaciones presupuestarias, que en estos momentos es imposible concretar, aunque adelantó que «no se va a perder recaudación».
Habrá cambios para todos los gustos, aunque la mayoría de los usuarios sufrirán modificaciones de matiz. «Unos pagarán un poco más, otros pagarán menos, y hay quien no estaba pagando nada y ahora tendrá que hacerlo» aseguró la consejera de Bienestar Social. «Queremos tratar de manera universal y homogénea a todos los beneficiarios», añadió.
Uno de los cambios más significativos afectará a los usuarios de los centros de día para mayores, que hasta la fecha pagaban un tercio de sus ingresos hasta unas cantidades tope que marcan los precios públicos en vigencia en la comunidad. A partir de ahora habrá usuarios con ingresos muy bajos, en torno a los 500 euros mensuales, que sólo tendrán que abonar el 10%.
Otra de las novedades es que se abre la posibilidad de compatibilizar servicios, por ejemplo las prestaciones para el cuidado familiar y los servicios de atención diurna (centros de día), salvo en el caso de las personas que disfruten de un servicio residencial, que se supone que es integral.
Noemí Martín, quien estuvo acompañada del director general de Prestaciones, Pedro Rodríguez, también destacó la exoneración hasta 50.000 euros de patrimonio o ahorro familiar en los cálculos de la capacidad económica del usuario que se beneficie de la atención diurna. También se exonera de dicho cómputo de capacidad económica la vivienda habitual, siempre que los familiares del beneficiario que puedan vivir en ella no sean propietarios de otra.
En relación con las personas con discapacidad, habrá tratamiento especial de los casos cuyos ingresos procedan de una pensión de orfandad o de viudedad. La norma también incentiva la inserción laboral de las personas con discapacidad, ya que no se tendrán en cuenta los ingresos generados por empleos temporales. «Nuestra actuación tiene que ser muy flexible a la hora de responder a situaciones sobrevenidas», recalcó la Consejera.
Actualmente, 19.105 personas están recibiendo atención profesional a través de los servicios de gestión pública o privados que ya están acreditados en Asturias y otras 7.675 personas están recibiendo atención familiar a través de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Una de las principales novedades de la entrada en vigor de esta nueva normativa es que, por primera vez, se regulan los servicios de atención a personas con discapacidad que hasta ahora prestaban entidades subvencionadas por la Administración y cuyas plazas, una vez acreditadas, han pasado a estar concertadas directamente con la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.
Es un cambio de hondo calado, explicó Pedro Rodríguez, quien lo equiparó al que se produjo muchos años atrás cuando, en materia de enseñanza, las escuelas parroquiales se convirtieron en colegios privados concertados con la Administración.
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