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Gaspar Lloret, candidato del PSPV-PSOE a
alcalde de La Vila Joiosa,
analiza la situación
de la aplicación de la Ley de
Dependencia
en la Marina Baixa
El pasado viernes realizaron una rueda de prensa Gaspar Lloret, candidato del PSPV-PSOE a alcalde de La Vila Joiosa, y Antonio Torres, portavoz socialista de Asuntos Sociales en Les Corts y candidato autonómico del PSPV-PSOE, en la que se ha hecho un análisis de la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Marina Baixa y se han presentado los compromisos comarcales y locales sobre atención a dependientes
Gaspar Lloret ha expresado su malestar por la nula ayuda que presta el Ayuntamiento y el PP a las personas que han solicitado el reconocimiento del derecho de atención a los dependientes, y no han recibido respuesta alguna o se encuentran en lista de espera una vez evaluados. En este sentido, Lloret recordó que gobernando el PSOE, la entonces concejala de bienestar social, Isabel Perona, presentó una moción el 6 de mayo de 2008 y fue aprobada para dar asistencia jurídica a los vileros y para exigir el cumplimiento de sus derechos de atención a la dependencia.
Lloret dijo que en La Vila Joiosa hay 150 personas en lista de espera que deberían estar cobrando ya la ayuda o recibiendo un servicio.
Gaspar Lloret se ha comprometido a apoyar a los dependientes de la Vila con medidas concretas y ha destacado que se creará, en el ámbito local, el Catálogo de Servicios de la Ley de Dependencia; se facilitará los trámites para acceder a los beneficios de la Ley de Dependencia, tanto en la gestión de las peticiones, como en las demandas judiciales por su incumplimiento, poniendo a su disposición un abogado; y se apoyará el Plan de Choque propuesto por Alarte para que en 30 días estén resueltas todas las demandas de reconocimiento de derechos de La Vila Joiosa.
Antonio Torres, por su parte, ha denunciado el boicot que desde 2007 viene realizando la Generalitat a la aplicación de la Ley de Dependencia, "simplemente porque se trata de un derecho y una ley, el cuarto pilar del estado del bienestar, promovido por el Gobierno socialista de Zapatero".
Torres puso varios ejemplos concretos, como que hubiera desde 2007 35 evaluadores para toda la Comunitat, frente a los 140 de Castilla–La Mancha, y ahora se han aumentado hasta 52, pero sólo 8 son para la provincia de Alicante, y la Marina Baixa debe ser atendida por Valencia, con el consecuente retraso en la tramitación. Otro ejemplo fue que en Castilla y León, comunidad gobernara por el PP y con la mitad de población que la Comunitat, hayan 50.000 dependientes con ayuda o servicio, mientras que en la Comunitat hay 46.000. Asimismo, dijo que frente a reconocer asistencia con otorgamiento de sueldo y seguridad social, lo que hace la Generalitat es dar un cheque de 100 o 200 euros, por lo que a los 11.000 familiares de dependientes que tienen seguridad social, podría haber 5.000 más.
El diputado autonómico reconoció que en el último mes se han otorgado ayudas o servicios a 9.000 más, cuando llevaban bloqueados dos años, pero aclaró que "se debe al nuevo decreto del Gobierno que deja menos margen al boicot de la Generalitat".
Sobre la denuncia de la Generalitat de que está retrasado todo el proceso porque el Gobierno no paga, Torres dijo que "es falso, ya que el Gobierno paga prestaciones reconocidas y que recibe el ciudadano y que, por tanto, lo que pasa es que hay 18.000 personas en listas de espera y hace que la Comunitat no reciba dinero por esas personas porque tampoco esas personas reciben ayuda o servicios".
Por último, el candidato autonómico anuncio que "si Alarte es el President de la Generalitat pondrá en marcha como primera medida un plan de choque para que en 30 días se elimine la lista de espera de evaluaciones y de concesión efectiva sea de servicio o ayuda. Añadió que eliminará el silencio administrativo negativo, pasándolo a positivo; pagará el servicio o ayuda con carácter retroactivo, una vez concedido, desde el día de la petición; cederá a los servicios sociales la gestión de tramitación, y establecerá que cualquier juzgado pueda tramitar una denuncia, y no al Tribunal Superior de Justicia, como ahora, que supone un gasto de entre 1.000 y 2.000 €".
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