Sevilla, 2 mar (EFE).- Las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta y el caso Gürtel han servido hoy al PSOE y PP para protagonizar un duro enfrentamiento dialéctico en el Parlamento andaluz donde se acusaron de "corruptos y fascistas".
La agria confrontación dialéctica se produjo durante una comparecencia del consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, que expuso el balance de las políticas de apoyo de la Junta a empresas durante el 2010, alocución que quedó en un segundo plano tras las intervenciones de los portavoces de la oposición.
En su pormenorizada intervención, Ávila concluyó que la Junta respaldó con 340 millones un total de 5.354 proyectos empresariales desde 2008 mediante la orden de incentivos y destacó que la inversión privada movilizada por estas iniciativas asciende a 1.600 millones.
En 2010, el Gobierno andaluz movilizó más de 387 millones para 16.000 proyectos empresariales que crearon 200.000 empleos.
La portavoz del PP-A, Esperanza Oña, acusó al consejero de "silenciar el fraude" de los ERE para, a continuación, elevar el tono y afirmar que la "corrupción está instalada" en el Gobierno andaluz, que tiene "enorme responsabilidad en todo lo que sucede".
"Los andaluces conocen desde hace días el fraude descubierto por la Fiscalía y, sin embargo, la Junta está en el silencio cómplice sin dar la cara sobre casos presuntamente delictivos", ha señalado.
Además de achacar las irregularidades a la "crisis y degeneración" de la ética del PSOE, Oña ha advertido que el "mayor escándalo no está en los ERE sino en las ayudas a las empresas" y ha aseverado que la Consejería de Empleo es el "centro de la corrupción política".
"Estamos ante conductas habituales del Gobierno andaluz durante una década, un Gobierno tocado del ala e implicado en la mayor trama de Andalucía", ha enfatizado la portavoz, que ha recriminado a la Junta que una "casta del PSOE se beneficie del dinero público".
Además, exigió la dimisión de José Antonio Viera, diputado andaluz, senador, secretario general del PSOE de Sevilla y exconsejero de Empleo, al que implicó en el reparto de "presuntas ayudas irregulares y de favorecer la trama de empresas".
Antonio Núñez, del PSOE-A, que tampoco ahorro descalificaciones, ha acusado al PP y a sus "palmeros mediáticos" de querer convertir el Parlamento en un "circo", para recordar que el PSOE no tiene "ni un candidato delincuente ni ningún dirigente que esté en libertad bajo fianza", en referencia a Francisco Camps y Jaume Matas, respectivamente.
"Usted, señora Oña, lanza sospechas infundadas e incurre en un principio fascista. Puro fascismo, el principio de tener que demostrar la inocencia cuando hay presunción de inocencia y no de culpabilidad", ha denunciado.
Núñez ha avisado al PP que por mucho que busque en Andalucía "no hay 'gürteles' ni ningún candidato con la menor duda o sospecha", y ha subrayado que el PSOE es el partido de la "honestidad".
"Aquí los que cometen delitos dejan de ser del partido y ayudamos a la justicia. Ustedes los presentan de candidatos", ha criticado el socialista.
Pedro Vaquero (IU) ha sostenido, por su parte, que los ERE de la Junta están en "tela de juicio" por parte de los andaluces y que muchas de las prejubilaciones de los últimos años han sido "gastos de dudosa rentabilidad y legalidad".
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