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Las Palmas de Gran Canaria, 11 may (EFE).- El Gobierno canario ha acordado hoy destinar 28,3 millones de euros a los cabildos para la atención de las personas discapacitadas, con lo que garantiza la prestación de este servicio durante 2011, ya que el programa suscrito con las corporaciones por cinco años finalizó en 2010.
Así lo ha informado hoy el portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo en la capital grancanaria, en la que manifestó que la partida aprobada "ratifica que continúa en la línea de colaborar con los siete cabildos para atender a los discapacitados".
Con la autorización acordada se amplía la colaboración durante 2011, si bien el nuevo gobierno que salga tras las próximas elecciones deberá asignar una nueva partida en los próximos presupuestos autonómicos, indicó Martín.
En cuanto a las quejas que se han producido por organizaciones no gubernamentales que atienden a personas discapacitadas, Marrero señaló que están dirigidas al Cabildo de Gran Canaria y así lo han dejado "bien claro" los propios colectivos, y confió en que la corporación grancanaria resuelva la situación que ha creado "bilateralmente" con las asociaciones.
El Gobierno de Canarias acordó además solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto por el que se establece tanto la intensidad como las compatibilidades entre las prestaciones económicas y los servicios para la atención a las personas dependientes, en el marco del Sistema Canario para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Este proyecto de Decreto establece de forma exhaustiva el catálogo de recursos y servicios en el ámbito del Sistema Canario de la Dependencia, la compatibilidad entre unos servicios y otros y con alguna prestación económica, y la intensidad de cada uno de los servicios según el grado y nivel de las personas dependientes.
Marrero explicó que el proyecto de decreto supone "un paso más" en la integración de la ley estatal y la autonómica que regulan la atención a los dependientes en Canarias, donde son atendidas unas 37.000 personas.
El portavoz informó también de la aprobación del proyecto de decreto que regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se creará la figura del defensor del estudiante.
Dicho decreto tiene como objetivo regular en los centros docentes las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, sus derechos y deberes, así como las normas de convivencia y los procedimientos para la resolución de conflictos que la alteren.
El Consejo de Gobierno aprobó también un decreto por el que se regulan los centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma.
Se trata de una acción conjunta entre la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes para establecer una colaboración interdepartamental con el objetivo de impartir las ofertas formativas para obtener títulos de Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad.
Así mismo, acordó la legalización de 17 explotaciones ganaderas-4 en Fuerteventura, 4 en Lanzarote, 4 en Gran Canaria, 3 en Tenerife y 2 en La Palma -, de acuerdo a la Ley 6/2009, de 6 de mayo de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y Ordenación del Turismo.
El Gobierno aprobó el proyecto de decreto por el que se prorroga la vigencia del artículo 24 del Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen, en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las Medidas ante la Crisis Económica y de Simplificación Administrativa.
Autorizó además la suscripción de dos convenios entre la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y los cabildos de Gran Canaria y La Gomera por importe de 2.191.196,16 euros, para la ejecución de actuaciones destinadas a la mejora en ambas islas de regadíos de interés de la Comunidad autónomas y de otras infraestructuras rurales de carácter insular.
Igualmente, autorizó la suscripción de una adenda al acuerdo de colaboración en la materia suscrito el 22 de noviembre de 2010 por el departamento autonómico y el cabildo de Tenerife para la realización de actuaciones dirigidas a la mejora de regadíos y a la ejecución de caminos rurales por un importe de 923.000 euros.
EFE cda
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