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El Justicia alerta sobre una residencia de mayores por mala asistencia sanitaria
ZARAGOZA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha solicitado inspeccionar este viernes una residencia de mayores de Zaragoza por mala asistencia técnica, al recibir una queja según la cual una interna fue diagnosticada erróneamente de una fractura de húmero.
García Vicente sugiere que si la inspección del Gobierno de Aragón detecta alguna irregularidad debe adoptar las medidas necesarias para la resolución de la misma "especialmente en aras a evitar que se reproduzca en el futuro".
La queja fue presentada el 9 de diciembre de 2010 por el hermano de una interna que tenía una plaza concertada en esta residencia y que dejó el centro por apreciar su familia que estaba recibiendo "una atención deficiente".
El Justicia ha señalado que --siempre según la queja-- "el control médico a los residentes era escaso", ya que únicamente se supervisaban los niveles de glucemia y colesterol, los enfermos no eran remitidos a especialistas, la medicación que se recetaba no se retiraba al desaparecer la patología que la motivaba.
Asimismo, la queja indicaba que el personal que se hacía cargo de los residentes era insuficiente, desaparecían algunos enseres personales y algunos internos estaban faltos de cuidados e higiene.
La interna a la que le diagnosticaron erróneamente la fractura renunció a su plaza y denunció los hechos ante el Gobierno autónomo en junio de 2010. Tras iniciarse el expediente de instrucción, el Justicia envió un escrito --el 13 de diciembre de 2010-- a los Departamentos de Servicios Sociales y Salud para recabar información.
El Departamento de Salud respondió el 11 de marzo de 2011 que el Servicio Aragonés de Salud (SAS) no presta asistencia sanitaria directa a esta residencia, sino que lo hace el personal propio de la misma, por lo que el SAS es "ajeno". El Departamento de Servicios Sociales no ha remitido respuesta alguna.
El Justicia ha recordado al Departamento de Servicios Sociales y Familia, que dirige la consejera Ana Fernández, tiene la "obligación" de colaborar con la institución tal y como señala la Ley del Justicia.
También ha indicado que la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, conocida como Ley de Atención a la Dependencia, dispone que los centros que asisten a las personas dependientes deben cumplir unos estándares de calidad.
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