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La mayoría de la Sala Penal valenciana se inclina por aceptar la inhibición de Pedreira
IGNACIO ZAFRA - Valencia - 20/05/2011
El Tribunal Superior de Justicia valenciano empezó ayer a deliberar sobre si asume la segunda inhibición del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. En ella dejó constancia de los múltiples indicios de que la cúpula del PP valenciano y varios altos cargos del Gobierno de Francisco Camps incurrieron presuntamente en conductas corruptas: dos delitos electorales (financiación ilegal de campañas electorales de 2007 y 2008), cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a la trama por parte de consejerías de la Generalitat y de la televisión pública autonómica, Canal 9, en este caso con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006.
Una clara mayoría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por cinco magistrados, se inclina por asumir la inhibición. Ello significará, según fuentes jurídicas, la imputación de los denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para asegurar su derecho a la defensa, los acusados deberán ser representados a partir de ese momento por procurador y letrado. No se descarta que la decisión del tribunal cuente con un voto particular contrario a aceptar la inhibición.
La deliberación continuará hoy, según fuentes del tribunal, por lo que es improbable que el auto con la resolución se conozca antes de la semana que viene. Por tanto, se conocerá después de las elecciones del 22-M. La discusión en el seno del tribunal está siendo larga porque la segunda inhibición ha llevado aparejada una gran carga de trabajo. El juez Pedreira la envió acompañada de 68 DVD, que contienen miles de folios sobre la instrucción del caso, realizada primero en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los magistrados valencianos, y especialmente el ponente José Francisco Ceres, han tenido que estudiar esa documentación antes de adoptar una resolución.
La decisión es compleja porque no solo afecta a la asunción de la inhibición en sí, sino también a los pasos a seguir con los distintos supuestos delitos que figuran en ella. Los magistrados deben determinar si los engloban en un único caso o se abren distintos procedimientos en función, por ejemplo, de si existen indicios sólidos de la participación de aforados en los mismos. Si optaran por esta última opción, parte de los delitos serían enjuiciados por el TSJV; otros, ante la Audiencia de Valencia, y es posible que sobre otros deban decidir tribunales de Madrid. La Sala Civil y Penal depurará, en todo caso, la inhibición de Pedreira y, por tanto, algunos de los inicialmente señalados como supuestos partícipes pueden quedarse fuera de los procedimientos y, en cambio, otros que no figuraban, ser incluidos.
En la inhibición dictada por Pedreira y en el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción sobre la tramitación de la misma en Valencia, se apuntaba que en los delitos electorales habrían participado: Vicente Rambla (vicepresidente primero de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); dos personas identificadas como El Príncipe y El Cantante; los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y varios de sus empleados, y los gestores efectivos de ocho constructoras. Los presuntos delitos consistieron en que ocho constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas del PP valenciano utilizando como vehículo a empresas de la trama.
En los delitos contra la Administración Pública (cohecho y prevaricación), la inhibición de Pedreira, así como Anticorrupción, señalaban que existían indicios de delito en la contratación de la trama con numerosas consejerías valencianas y con Canal 9. Se citaba a la presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez; a su ex jefe de gabinete Rafael Betoret (a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes); a los "distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar"; y a Pedro García, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicación en Presidencia de la Generalitat.
© EDICIONES EL PAÍS S.L. - Miguel Yuste 40 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 337 8200
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Una clara mayoría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por cinco magistrados, se inclina por asumir la inhibición. Ello significará, según fuentes jurídicas, la imputación de los denunciados por la Fiscalía Anticorrupción en aplicación del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para asegurar su derecho a la defensa, los acusados deberán ser representados a partir de ese momento por procurador y letrado. No se descarta que la decisión del tribunal cuente con un voto particular contrario a aceptar la inhibición.
La deliberación continuará hoy, según fuentes del tribunal, por lo que es improbable que el auto con la resolución se conozca antes de la semana que viene. Por tanto, se conocerá después de las elecciones del 22-M. La discusión en el seno del tribunal está siendo larga porque la segunda inhibición ha llevado aparejada una gran carga de trabajo. El juez Pedreira la envió acompañada de 68 DVD, que contienen miles de folios sobre la instrucción del caso, realizada primero en la Audiencia Nacional y posteriormente en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los magistrados valencianos, y especialmente el ponente José Francisco Ceres, han tenido que estudiar esa documentación antes de adoptar una resolución.
La decisión es compleja porque no solo afecta a la asunción de la inhibición en sí, sino también a los pasos a seguir con los distintos supuestos delitos que figuran en ella. Los magistrados deben determinar si los engloban en un único caso o se abren distintos procedimientos en función, por ejemplo, de si existen indicios sólidos de la participación de aforados en los mismos. Si optaran por esta última opción, parte de los delitos serían enjuiciados por el TSJV; otros, ante la Audiencia de Valencia, y es posible que sobre otros deban decidir tribunales de Madrid. La Sala Civil y Penal depurará, en todo caso, la inhibición de Pedreira y, por tanto, algunos de los inicialmente señalados como supuestos partícipes pueden quedarse fuera de los procedimientos y, en cambio, otros que no figuraban, ser incluidos.
En la inhibición dictada por Pedreira y en el escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción sobre la tramitación de la misma en Valencia, se apuntaba que en los delitos electorales habrían participado: Vicente Rambla (vicepresidente primero de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); dos personas identificadas como El Príncipe y El Cantante; los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y varios de sus empleados, y los gestores efectivos de ocho constructoras. Los presuntos delitos consistieron en que ocho constructoras hicieron aportaciones ilegales a las campañas del PP valenciano utilizando como vehículo a empresas de la trama.
En los delitos contra la Administración Pública (cohecho y prevaricación), la inhibición de Pedreira, así como Anticorrupción, señalaban que existían indicios de delito en la contratación de la trama con numerosas consejerías valencianas y con Canal 9. Se citaba a la presidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez; a su ex jefe de gabinete Rafael Betoret (a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes); a los "distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar"; y a Pedro García, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicación en Presidencia de la Generalitat.
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