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El TSJCV investigará a la cúpula de Camps
por graves delitos de corrupción
La trama Gürtel: Tres días después de las elecciones, el tribunal aprecia indicios de financiación ilegal, prevaricación y soborno
/ / Madrid
El Tribunal Superior valenciano (TSJCV) puso ayer en el disparadero al reelegido president Francisco Camps con un auto en el que acuerda investigar a cinco miembros de la cúpula del PP valenciano y la Generalitat por tres graves delitos de corrupción ligados al caso Gürtel y penados con cárcel: cohecho (soborno), prevaricación (amaño de contratos) y electoral (financiación ilegal). El auto llega tres días después de las elecciones del 22-M, en las que Camps reforzó su mayoría absoluta tras una campaña sin sobresaltos judiciales. Según el sumario del caso Gürtel, el PP valenciano ocultó al fisco 2,5 millones en 2007 con ayuda de la trama, que obtuvo de la Generalitat siete millones con los contratos de Fitur. La Policía destapó los primeros datos sobre financiación ilegal en julio de 2009, pero el tribunal valenciano desechó entonces emprender investigaciones.
El TSJCV, que dejó pasar los comicios antes de dictar una resolución cuyo contenido venía anticipado por un alud de indicios incriminatorios, precisa que los delitos son "presuntamente atribuibles" a estos cinco dirigentes: Vicente Rambla, vicepresidente en funciones de la Generalitat; Milagrosa Martínez, presidenta de Les Corts y exconsellera de Turismo; David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera; y Ricardo Costa, exsecretario regional del partido. Los cinco renovaron el domingo su aforamiento ante el TSJCV gracias a que Camps les colocó en puestos de salida en las listas para Les Corts. Hoy, todos ellos se encuentran a un paso de que el juez a quien corresponda la instrucción les cite a declarar como imputados.
El caso Gürtel' atrapa a cinco aforados, entre ellos Rambla y Ricardo Costa
El listado de implicados incluye al administrador electoral de las municipales de 2007, Luis Bárcenas, ya investigado en Madrid, y a su homóloga en las autonómicas valencianas, Cristina Ibáñez. También a Rafael Betoret, imputado con Camps por cohecho impropio (soborno) en el caso de los trajes y exjefe de gabinete de Turismo.
Puerta abierta a la dispersión
El tribunal, que desde 2009 se había negado a ir más allá del regalo de trajes a Camps, abre ahora la puerta a una nueva dispersión de investigaciones. Lo hace cuando pide a las partes personadas que se pronuncien sobre "la posibilidad de separar los diversos hechos asumidos por la presente [asunción de competencias] en diversos procedimientos". Pero no descarta que el caso de los trajes y este se acumulen en uno solo. Si finalmente se unieran las dos causas, Camps vería retrasado su juicio por aceptar regalos, pero afrontaría otra campaña electoral, la de las generales, con su plana mayor bajo sospecha judicial de corrupción.
Camps se libra porque los informes del caso le citan de manera «accidental»
Como era previsible, el auto libra a Camps de figurar en la lista de presuntos autores de delitos, y lo hace con el argumento de que los informes del caso le mencionan de manera "más bien accidental". Al referirse al president valenciano, que gobierna con mano de hierro, el tribunal añade lo siguiente: "Las menciones episódicas y genéricas que pudieran entenderse se realizan al mismo [a Camps] en alguna de las conversaciones telefónicas por terceros no tienen la necesaria concreción fáctica". O sea, que no hay indicios concretos contra él.
De tres trajes a diez millones
Aun así, y tras esta resolución, Camps enfila ahora una nueva legislatura marcada por mucho más que "tres trajes", como ha venido argumentando largamente el PP. Su problema, ahora, son más de diez millones de euros. Primero, los 2,5 millones que, según la Policía, Hacienda y Anticorrupción, ocultó el PP al fisco en las elecciones de 2007 con la ayuda de Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel.
Los contratos de Fitur se examinarán pero el de la visita del papa, no
Hay más dinero en la escena: los siete millones que ingresó Orange Market gracias a que, entre 2005 y 2009, Turismo le adjudicó "con reiteradas irregularidades" el montaje del stand de Fitur. Por esos encargos, a los que el tribunal ha decidido ceñir la investigación sobre contratos públicos, la presidenta de Les Corts, Milagrosa Martínez, y el vicepresidente Vicente Rambla encaran una doble imputación por prevaricación y cohecho.
El tribunal no llegará más allá de Fitur. "Resulta argumenta en su auto jurídicamente (sic) inviable abrir una causa general contra toda la contratación administrativa de una administración realizada con diversas mercantiles aunque sea del mismo grupo".
Pero los de Fitur no son los últimos millones que el TSJCV debe investigar en el nuevo caso iniciado ayer, aunque técnicamente la causa sólo se abrirá una vez el auto sea firme cabe recurso de súplica y el TSJCV haya resuelto sobre si la financiación del PP se une al caso de los trajes regalados o no. Porque la tercera pata del caso la sustentan los 891.893 euros que ocho empresarios locales con múltiples contratos de la Generalitat pagaron a compañías de la trama entre 2007 y 2008 para, según Anticorrupción, satisfacer gastos electorales del PP valenciano mediante la aceptación de facturas falsas.
La Policía cifra en 2,5 millones lo que ocultó el PP al fisco en 2007
En esos pagos, el tribunal observa indicios de un delito de falsedad documental continuado atribuible a los gestores de esas ocho empresas y a cinco personajes principales de la trama corrupta: Francisco Correa; Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el "amiguito del alma" de Camps; y los contables José Luis Izquierdo y Cándido Herrero. Los presuntos miembros de la red Gürtel afrontan también una más que probable imputación por delito electoral y cohecho. Entre las empresas señaladas por el tribunal figuran Sedesa, propiedad de la familia del vicepresidente valenciano Juan Cotino hasta que en 2010 la adquirió Ezentis. También figura la empresa matriz de Enrique Ortiz, ya imputado en el caso Brugal.
El auto no menciona ni la cifra global de siete millones adjudicados a Orange Market por Fitur ni la de los 891.893 euros pagados por empresarios afines al PP valenciano. Y en distintas ocasiones entrecomilla la palabra "informes" cuando se refiere a los de la Policía o Hacienda.
No entra en Canal 9
Que Camps quedara fuera de la causa resultaba previsible, dado que ni el juez madrileño Antonio Pedreira, instructor principal del caso, ni Anti-corrupción le atribuyeron delitos concretos cuando el Tribunal Superior de Madrid se inhibió en favor de su homólogo valenciano.
Pero si la exclusión de Camps era esperada, no resultaba predecible que el tribunal valenciano dejara fuera de la causa uno de los episodios más escandalosos del caso y que mayor beneficio ilícito reportó a la trama corrupta: el contrato de 7,5 millones adjudicado por Canal 9, la radiotelevisión pública valenciana, para la cobertura de la visita que el papa realizó a Valencia en 2006.
El auto ni siquiera refuta las acusaciones de la Policía y Anticorrupción sobre cómo el amaño de aquella adjudicación en favor de la constructora Teconsa procuró a Francisco Correa y los suyos una comisión ilegal de casi tres millones. Tampoco niega el contenido de los informes que señalan cómo el entonces director general de la cadena, Pedro García Gimeno, fue generosamente recompensado con sobornos por la misma red corrupta. Simplemente, el tribunal despacha el asunto aduciendo que García Gimeno no goza de aforamiento, que no se imputa a ningún aforado "intervención o participación" en aquel contrato de la visita papal, y que aquella fue "una operación más" de las diseñadas por Francisco Correa y los suyos.
Tras el rechazo del TSJCV a asumir la competencia sobre ese extremo, el asunto de Canal 9 "de necesaria investigación", dice el auto volverá a Madrid. Y, como en el Tribunal Superior de Madrid, el juez que instruye la parte principal del caso dejará pronto de hacerlo, será la Audiencia Nacional la que tome las riendas.
El tribunal declina sumar a la lista otros dos delitos señalados por Anticorrupción: el delito electoral presuntamente cometido en 2008 y cuya futura investigación no descarta el auto. Y el delito fiscal atribuido a la trama por ocultar ingresos a Hacienda.
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