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Más allá de las elecciones:
La Ley de Dependencia
Con la mirada puesta en el próximo 22 de mayo, es momento de inauguraciones, exaltación de los logros y evaluaciones de las políticas puestas en marcha durante esta última legislatura como es el caso de la Ley de Dependencia.
Sin embargo, transcurridos más de 4 años desde su entrada en vigor, todavía está muy lejos de ser la herramienta eficaz que se pretendía. Los problemas de financiación, las trabas en los trámites de solicitud, unido a la falta de compromiso de muchas de las administraciones, así como las diferencias políticas, se han convertido en un verdadero lastre para impulsar los recursos, servicios y prestaciones que precisan las personas dependientes para vivir con calidad y dignidad.
Es por ello que desde la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, teniendo en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de dependencia en España, nos vemos obligados a instar a las administraciones públicas a dejar los intereses políticos en un segundo plano, y tomar medidas urgentes que permitan garantizar su efectividad, empezando por dotar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de los recursos y servicios específicos fundamentales para frenar el proceso de deterioro que s ufren las personas con demencias. Además, esta prestación de servicios debería estar por encima de la simple prestación económica, con el fin de evitar la picaresca que se produce en una situación de crisis económica como la actual, cuando esta cantidad económica no se destina al objeto para el cual ha sido concedida.
Del mismo modo, es prioritario que el propio sistema actualice la población potencialmente beneficiaria -2.286.3622 dependientes según el Libro Blanco de Dependencia-, no sólo para poder dar la cobertura adecuada que estas personas merecen, sino también para hacer las previsiones presupuestarias oportunas que garanticen la sostenibilidad del sistema.
Unido a esto es fundamental facilitar los trámites de solicitud, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera, ya que en el caso de enfermedades como el Alzheimer, el deterioro de sus capacidades y en consecuencia su dependencia puede verse agravada en un tiempo inferior al previsto debido a una falta de atención especializada. Además, se debe facilitar a la persona dependiente o a su cuidador la capacidad de decidir sobre los recursos que considere más adecuados, teniendo en cuenta que una misma persona debe tener la posibilidad de acceder a uno o varios servicios si su tipología de dependencia lo requiere.
Tratamiento aparte requiere que las administraciones hagan un mayor esfuerzo en la inversión, dejando a un lado fórmulas como el copago que representan un obstáculo para las familiares cuidadores, y garantizando la financiación de los recursos y servicios por medio de otras medidas recaudatorias, cuando lo lógico parece destinar el 1,5% del PIB al sostenimiento del sistema. Sólo de esta forma las administraciones serán capaces de equilibrar los recursos y disponibilidades financieras y presupuestarias a la población realmente dependiente que existe en cada región.
En este sentido, aunque a efectos prácticos estemos ya en campaña electoral, desde CEAFA pedimos a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas que hagan un ejercicio de responsabilidad y de madurez para aparcar sus aspiraciones e intereses políticos y no se olviden del importante número de personas que requieren vivir con calidad y dignidad, dada su condición de dependientes. Para ello recordamos que las asociaciones del llamado "Tercer Sector" constituyen un referente que debe ser aprovechado por los órganos decisorios en aquellos niveles donde su contribución pueda ofrecer resultados positivos y adecuados para el conjunto de personas dependientes del país.
Sin embargo, transcurridos más de 4 años desde su entrada en vigor, todavía está muy lejos de ser la herramienta eficaz que se pretendía. Los problemas de financiación, las trabas en los trámites de solicitud, unido a la falta de compromiso de muchas de las administraciones, así como las diferencias políticas, se han convertido en un verdadero lastre para impulsar los recursos, servicios y prestaciones que precisan las personas dependientes para vivir con calidad y dignidad.
Es por ello que desde la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias, teniendo en cuenta que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de dependencia en España, nos vemos obligados a instar a las administraciones públicas a dejar los intereses políticos en un segundo plano, y tomar medidas urgentes que permitan garantizar su efectividad, empezando por dotar al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) de los recursos y servicios específicos fundamentales para frenar el proceso de deterioro que s ufren las personas con demencias. Además, esta prestación de servicios debería estar por encima de la simple prestación económica, con el fin de evitar la picaresca que se produce en una situación de crisis económica como la actual, cuando esta cantidad económica no se destina al objeto para el cual ha sido concedida.
Del mismo modo, es prioritario que el propio sistema actualice la población potencialmente beneficiaria -2.286.3622 dependientes según el Libro Blanco de Dependencia-, no sólo para poder dar la cobertura adecuada que estas personas merecen, sino también para hacer las previsiones presupuestarias oportunas que garanticen la sostenibilidad del sistema.
Unido a esto es fundamental facilitar los trámites de solicitud, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera, ya que en el caso de enfermedades como el Alzheimer, el deterioro de sus capacidades y en consecuencia su dependencia puede verse agravada en un tiempo inferior al previsto debido a una falta de atención especializada. Además, se debe facilitar a la persona dependiente o a su cuidador la capacidad de decidir sobre los recursos que considere más adecuados, teniendo en cuenta que una misma persona debe tener la posibilidad de acceder a uno o varios servicios si su tipología de dependencia lo requiere.
Tratamiento aparte requiere que las administraciones hagan un mayor esfuerzo en la inversión, dejando a un lado fórmulas como el copago que representan un obstáculo para las familiares cuidadores, y garantizando la financiación de los recursos y servicios por medio de otras medidas recaudatorias, cuando lo lógico parece destinar el 1,5% del PIB al sostenimiento del sistema. Sólo de esta forma las administraciones serán capaces de equilibrar los recursos y disponibilidades financieras y presupuestarias a la población realmente dependiente que existe en cada región.
En este sentido, aunque a efectos prácticos estemos ya en campaña electoral, desde CEAFA pedimos a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas que hagan un ejercicio de responsabilidad y de madurez para aparcar sus aspiraciones e intereses políticos y no se olviden del importante número de personas que requieren vivir con calidad y dignidad, dada su condición de dependientes. Para ello recordamos que las asociaciones del llamado "Tercer Sector" constituyen un referente que debe ser aprovechado por los órganos decisorios en aquellos niveles donde su contribución pueda ofrecer resultados positivos y adecuados para el conjunto de personas dependientes del país.
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