Los cerca de 25.000 cuidadores familiares de personas dependientes que existen en el País Vasco -algo más de 10.000 en Vizcaya, unos 4.000 en Álava y casi 9.000 en Guipúzcoa- cuestan a las tres diputaciones forales más de 150 millones de euros, si bien les ahorran entre 1.014 y 2.415 millones, dependiendo de cómo se valoren las horas de atención a los ancianos. Ésa es una de las conclusiones a las que llega un estudio elaborado para el Instituto de Estudios Fiscales por las universidades de Castilla-La Mancha y Murcia, y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Los autores del informe, entre los que figura Juan Oliva, especializado en el impacto de la salud sobre la economía, calculan que en el conjunto de España el ahorro que suponen las prestaciones por cuidados en el hogar oscila entre 25.000 y 39.000 millones.
Ese tipo de ayuda económica -de 300 a 500 euros, aproximadamente- está contemplada por la Ley de Dependencia como una alternativa excepcional que las administraciones públicas deben utilizar cuando no existan servicios públicos. Sin embargo, en poco tiempo se ha convertido en la opción principal del sistema y ya representa el 43% de las prestaciones de dependencia concedidas en Euskadi (el 49% en España, donde hay 240.000 ciudadanos ya valorados sin recibir aún la atención o ayuda que le corresponde).
Según explicó Juan Oliva a EL CORREO, el informe pretende poner «un valor al trabajo de las personas que se ocupan de sus mayores». Y lo hace de tres maneras: a partir del precio medio de la hora de asistencia a domicilio en las tres comunidades más 'baratas' (7,67 euros); a partir del precio medio de las autonomías en su conjunto (12,71) y, por último, según lo que se cobra en cada una de ellas (desde los 6,18 euros de Extremadura a los 22,77 de Navarra, una cantidad de la que no está lejos el País Vasco). Con arreglo a esos tres escenarios, los cuidadores familiares ahorran a Euskadi 1.014, 1.680 o 2.415 millones, respectivamente. La última cantidad representa el 3,54% del PIB de la comunidad vasca.
Oliva recalcó que su estudio confirma que los ciudadanos son generalmente partidarios de que las personas mayores se las atienda en casa cuando sea posible, razón por la cual, las administraciones deben apoyar a los cuidadores. No obstante, esa circunstancia, y el hecho de que esa fórmula sea menos onerosa para las arcas públicas en el actual contexto de crisis, no es óbice para desarrollar un servicio público de «calidad», basado en la asistencia profesional a domicilio, los centros de día y las nuevas tecnologías, aprovechando la experiencia europea.
Según Oliva, las ayudas por cuidados familiares deberían reducirse a un 15% del total de prestaciones en un plazo de «cinco a diez años». «En España se ha destruido un millón de empleos en dos años, pero se han creado 150.000 en la dependencia».
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