El programa del PP obligará a Camps a airear los contratos del Consell con Gürtel
Los populares aprueban un documento en la convención de Palma que les obligaría a abrir una investigación contra los cargos involucrados en procedimientos judiciales, como el jefe del Consell o Ripoll
PERE ROSTOLL
Francisco Camps tendrá que detallar los contratos del Consell con las empresas de la trama Gürtel y hacer públicos los trámites de esas adjudicaciones si, una vez que logre la confianza de los ciudadanos para liderar el Consell durante un tercer mandato, quiere cumplir el programa electoral que el PP presentó ayer durante la primera jornada de la convención que la formación celebra en Palma de Mallorca para lanzar su precampaña. Un encuentro, diseñado para proclamar a los aspirantes autonómicos, en el que Camps, a la espera de la apertura de juicio oral por el caso de los trajes de Gürtel en el que Anticorrupción le acusa de un delito de cohecho impropio continuado, persiguió un encuentro con Rajoy, la imagen que más esperaba, algo que no se produjo hasta las nueve de la noche.
Junto al decálogo que hoy -jornada de clausura del evento popular- rubricarán los candidatos autonómicos en el que se incluyen medidas de austeridad o de reforma de la administración autonómica, el documento también recoge iniciativas dedicadas a garantizar la transparencia en la gestión, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Algunos pasajes del texto, de hecho, suponen un tirón de orejas a la política desarrollada, hasta ahora, por el Consell de Camps. "Proponemos publicar detalladamente los procedimientos de concesión de contratos, subvenciones y ayudas, con determinación de la cuantía y del beneficiario", apunta literalmente el documento refrendado por los candidatos del PP.
Eso obligaría a Camps, de cumplir las directrices de su propia formación a hacer públicos todos sus contratos, entre ellos, tal y como le llevan reclamando los socialistas y Compromís durante toda la legislatura, los que el Consell concedió a las mercantiles de la red Gürtel que, de acuerdo a los informes encargados por el juez Pedreira a la unidad de auxilio judicial, podrían cifrarse, al menos, en unos ochenta. Algunos de ellos, la Generalitat se ha negado a hacerlos públicos. Pero no sólo eso. El documento plantea endurecer las actuaciones judiciales en los casos de corrupción. "La respuesta -recoge textualmente- (...) debe ser justa y contundente. Para ello, es necesario reformar el Código Penal, ampliando y endureciendo los tipos penales relativos a corrupción, adecuando las sanciones para cargos y empleados públicos para que sean ejemplarizantes, proporcionadas y disuasorias. (...) Es preciso ampliar los plazos de prescripción de esos delitos, endurecer las penas por denuncias falsas y mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas o corruptas", se afirma en un documento en el que, además, se reclama, igualmente, que los procedicimientos judiciales se "aceleren" para reducir su impacto en la actividad. "Debemos luchar contra ellas con tanta firmeza como repulsa social levantan", recoge la propuesta sobre las prácticas corruptas en la gestión pública, que descarta combatir con actitudes "permisivas, indolentes o exculpatorias".
No cita, en todo caso, qué hacer con los imputados. En las Islas Baleares, la cúpula del PP mallorquín, anfitriones del evento popular, los han apartado de las listas. Una regla que no se aplicará en la Comunidad. En cualquier caso, la parte del documento aprobado en la convención de Palma de Mallorca que más puede inquietar a Camps pero también al propio Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la operación Brugal, conduciría a la apertura de una investigación dentro del PP. "Crearemos un sistema de auditoría interna en el seno del partido para velar por el cumplimiento del código de buenas prácticas, de los compromisos de conducta asumidos por nuestros candidatos y para realizar investigaciones de cualquier supuesto de malas prácticas, uso indebido de recursos públicos o del partido, o presuntos delitos. Actuaremos ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales", concluye.
Con todo, ayer fue el día de Francisco Camps. Fue el gran protagonista de la jornada en una convención de la que no se marchó hasta que logró fotografiarse con Mariano Rajoy pasadas las nueve de la noche y tras más de media hora de espera. Acaparó la atención de todos los medios de comunicación a su llegada al cónclave del PP, en el que se presentó acompañado por Vicente Rambla y Gerardo Camps -dos de sus tres vicepresidentes- y por su número dos en el PP, Antonio Clemente. Muy crecido desde que fue nominado por Rajoy para optar a un tercer mandato, Camps evidenció el inmenso optimismo que ha trasladado en los últimos días sobre los resultados electorales del PP el próximo 22-M: "Somos los mejores, somos imbatibles".
Durante la presentación de su ponencia "España, una nación de ciudadanos", Camps aseguró que el PP está "preparado para gobernar" al tiempo que, como parte esencial de su mensaje, volvió a cargar contra Zapatero y su gestión en la Comunidad. "Nos ha puesto todos los obstáculos. Nos lo ha quitado todo menos la dignidad y las ganas de trabajar", aseveró el titular del Consell. "Tenemos la gran obligación el 22 de mayo de ganar en nuestras respectivas comunidades autónomas porque nuestro país nos necesita más que nunca", proclamó entre los aplausos de la delegación valenciana, la más numerosa del cónclave popular. Y, arropado por sus huestes, volvió a enviar un mensaje a Rajoy. "Somos conscientes del momento histórico que se está viviendo y la necesidad de dar una victoria necesaria y fundamental en la Comunidad para la victoria de Rajoy", aseguró para recordar su poder electoral.
Habrá carteles con la imagen de Camps sólo durante la campaña
Francisco Camps también dispondrá de sus propias vallas publicitarias. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, avanzó ayer que su partido instalará soportes con la imagen del presidente por toda la geografía de la Comunidad. Sin embargo, esta campaña no cristalizará hasta 15 días antes de las elecciones. El motivo, según la consellera, es simplemente económico y no de "vergüenza", como denunció el síndic socialista, Ángel Luna, en la sesión de control del pasado jueves en las Cortes. "Ya dijimos que en nuestra campaña iba a prevalecer la austeridad. De manera previa nos dirigiremos a los ciudadanos con presencia, trasladando nuestros mensajes y nuestro programa electoral, escuchándoles, pero desde luego con la máxima austeridad", recalcó. La portavoz del Consell además señaló que esta decisión no responde únicamente a "la necesidad de contener el gasto", sino que es "una virtud que es necesario poner en valor de cara a los ciudadanos". a. F.
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