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Cascallana recuerda al Gobierno
regional que Alcorcón sigue
"a la cola" en la
Ley de Dependencia
La implantación de la Ley de Dependencia sobre las demandas que se producen en Alcorcón es sólo del 25´8%.
Publicado el 04-05-2011 17:38
ALCORCÓN.- El alcalde de Alcorcón y senador por Madrid, Enrique Cascallana, ha reprochado a la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, que Alcorcón siga "a la cola" del país en cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia.
A falta de información oficial, "en Alcorcón se calcula que de 3.000 solicitudes para obtener los servicios de dependencia y los que tenemos información que han concedido, que son 751, la implantación de la Ley de Dependencia sobre las demandas que se producen es del 25´8%, es decir, a la cola de todo país", ha denunciado Cascallana.
Según el regidor, "ésta es la razón por la que la cobertura social en la ciudad es fruto del esfuerzo municipal", tras lo que ha añadido que los 342 trabajadores sociales del Ayuntamiento responden a una "voluntad política no respondida por el Gobierno regional y desarrollan una amplia oferta de servicios sociales", como ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, programas de habitabilidad, comida a domicilio, intérpretes de lengua de signos, colonias urbanas, etc.
Cascallana ha insistido en que si el Ayuntamiento se hubiese limitado estrictamente a aplicar la Ley de Servicios Sociales y a presupuestar el 34% que le corresponde, más de 1.000 familias se hubieran quedado sin cobertura social.
Por otra parte, el alcalde ha puesto como "ejemplo de desidia del Gobierno regional" el hecho de que, con fecha de marzo de 2011, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya dado la razón a una persona en situación de dependencia, que interpuso una demanda contra la Comunidad de Madrid a través de la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón.
Después de un año sin obtener respuesta a su solicitud para ver reconocida su situación de dependencia, esta persona presentó el recurso ante el TSJM en enero de 2010. La familia de la afectada, gran dependiente e ingresada en un centro residencial, demandó a la Comunidad de Madrid que se le abonara el coste de dicha atención residencial desde el momento en que realizó su solicitud de reconocimiento de dependencia, en diciembre de 2008, una cuantía que asciende a 10.000 euros.
El TSJM condena ahora a la Comunidad de Madrid a reconocer de forma inmediata el pago mensual de la prestación económica vinculada al servicio y a los atrasos correspondientes a las mensualidades transcurridas desde la fecha de solicitud de la situación de dependencia.
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