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De veras que Mariano Rajoy ha cumplido... ¿Con quién?
El compromiso contra la
corrupción del PP obliga a
Camps a airear todos los
contratos
Los populares aseguran que actuarán con celeridad ante "cualquier supuesto de denuncia" por prácticas corruptas
J. R. VALENCIA
Si el código ético del PP y su supuesta contundencia con las personas implicadas en casos judiciales ya ponía en un brete al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por un presunto delito de cohecho impropio; el compromiso por la regeneración de la vida pública aprobado ayer por los populares en su convención de Palma de Mallorca, obligará al Consell a hacer examen de conciencia respecto a su nivel de transparencia en la contratación pública. Es más, si el jefe del Consell, que ayer viajó a Palma con una nutrida representación de cargos valencianos, aplica a su Gobierno el espíritu del documento tendrá que airear todos los contratos de la Generalitat, lo que implica dar publicidad a aquellos que vienen siendo reclamados por la oposición desde hace años con el respaldo del Tribunal Constitucional incluido. Los expedientes relacionados con el caso Gürtel, o con los sobrecostes de Cacsa o Ciegsa, así como los gastos de la visita del Papa son algunos de los papeles que el Consell se resiste a entregar a la oposición.
El documento sobre regeneración que ayer presentó el PP dentro del programa-marco electoral para las elecciones autonómicas presentado bajo el título "Más sociedad, mejor gobierno. Compromiso 2011-2015" supone pues todo un reto para las administraciones públicas, incluida la valenciana. Entre otras medidas para avanzar en la transparencia y la objetividad en la actuación pública, el PP propone "publicar detalladamente los procedimientos de concesión de contratos, subvenciones y ayudas, con determinación de su cuantía y del beneficiario, y con el máximo nivel de transparencia acerca de las personas jurídicas solicitantes", recoge literalmente el documento. Además, el PP sostiene que la administración debe contar con los sistemas de control y fiscalización adecuados. Y aboga por fortalecer en la administración local la figura y función de los secretarios, interventores y tesoreros y, en particular, reforzar su facultad de formulas reparos de ilegalidad.
El PP de Rajoy asegura que sitúa la lucha contra la corrupción como "uno de los objetivos principales" de la formación, por entender que el sistema democrático "no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes o exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos". Para ello, ven necesario reformar el Código Penal para endurecer y ampliar "los tipos penales relativos a corrupción". Plantean también mejorar la protección de los empleados públicos que denuncien actividades fraudulentas y una reforma penal que permita el enjuiciamiento rápido de estos supuestos, para permitir el normal funcionamiento del proceso político.
En un alarde de compromiso con la transparencia, los populares anunciaron que publicarán "las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza de las instituciones y de sus gastos de representación". En el caso de la Comunitat, tanto altos cargos como diputados como alcaldes y concejales ya han desnudado su patrimonio ante la sociedad. No así los asesores. Tampoco en la actualidad es posible conocer con detalle los gastos de los cargos públicos por representación.
Aunque el PP la mayoría de los políticos son correctos, reconoce que "ciertas prácticas corruptas y comportamientos ilegales en las actuaciones de algunos responsables políticos" y por ello, dicen, se ha de "luchar contra ellas con tanta firmeza como repulsa social levantan". Así, el PP plantea la creación de un sistema de auditoría interna para velar por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas que aprobaron hace un año y al que se sumaron los cargos y candidatos. También se comprometen a actuar "ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales". El documento habla también de realizar investigaciones internas ante de cualquier supuesto de malas prácticas, uso indebido de recursos públicos o del partido, o presuntos delitos.
En el documento no hay ninguna referencia explícita a cómo actuar en los casos de que exista un candidato imputado. El primer código ético del PP en tiempos de Aznar obligaba a los cargos públicos a poner su cargo a disposición del partido si de cualquier procedimiento judicial podrían derivarse indicios racionales de comisión de delito"
Si deseáis ver el vídeomirrlo en la publicación original de levante-emv.com
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