Publicado el viernes 1 de octubre de 2010
La Ley de Dependencia, el proyecto estrella de Zapatero, tampoco marcha
PriceWaterhouseCoopers reclama un "marco estable, transparente y sostenible"
M. Á. V.– No ha sido sólo Moody´s quien ha amargado el día al Gobierno de Zapatero. Un informe sobre la "Situación del Servicio de Atención Residencial en España", de la consultora PriceWaterhouseCoopers para Aeste, la asociación española de grandes operadores de este sector, revela las deficiencias de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, el gran proyecto social de José Luis Rodríguez Zapatero desde que está al frente del Gobierno. Los expertos de la consultora creen que hace falta "un marco estable, transparente y sostenible, basándose en la colaboración público-privada, con un sistema de acreditación definido y unos estándares claros de calidad por grados y niveles de dependencia".
El informe considera que para dar sostenibilidad al sistema se debe establecer una colaboración público-privada más eficiente y apuesta por "establecer las tarifas de las plazas concertadas por la Administración por nivel de dependencia según el coste real de los servicios para evitar que las tarifas privadas cubran el déficit de las tarifas públicas". El coste medio de una plaza residencial en España es de 70 euros al día. Las tarifas oscilan desde los 1.928 euros al mes para la baja dependencia hasta los 2.187 euros al mes para la alta dependencia. Actualmente las Administraciones pagan una media de 54 euros al día a los centros concertados, lo que supone 16 euros diarios menos de su coste.
Los autores del informe también destacan que, a medida el calendario de implantación de la Ley de la Dependencia avanza, se observa como el peso de la atención residencial disminuye en favor del cuidado familiar, una figura que la propia normativa preveía como excepcional y que ahora representa casi la mitad de las prestaciones. Hay comunidades autónomas con más de un 80% de prestaciones en forma de cuidadores familiares. Por el contrario, comunidades como la de Madrid destacan por el reducido peso de esta prestación, frente a otras como la atención residencial,que representa el 52% de las prestaciones totales.
Se observa también una aplicación dispar de la Ley por Comunidades Autónomas, existiendo unos territorios más favorecidos que otros sin seguir criterios coherentes y unificados ni por población, ni por grado de dependencia, ni por tipo de prestación asignada.
El número de plazas residenciales en España ha aumentado un 25% en los últimos seis años y a finales del pasado ejercicio ya superaba las 320.000 plazas. Tres de cada cuatro centros son de titularidad y gestión privada, gestionando el 75% de las plazas residenciales. Andalucía es la autonomía con más número de ayudas de cualquier tipo otorgadas, aunque sería la segunda si se mide en relación su la población. En este caso es superada por La Rioja.
Cataluña, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Andalucía lideran la clasificación por número de plazas. Y el informe de la consultora destaca que se debe al gran número de centros privados. El índice de cobertura (relación entre plazas en residencias y personas mayores de 65 años) recomendado por la Organización Mundial de la Salud es del 5%, y España se sitúa en el 4,1%.
La consultora resalta que los servicios profesionales de atención a la dependencia son un gran generador de empleo estable y no deslocalizable. El estudio recomienda la priorización de éstos según nivel de dependencia frente a cuidados familiares, que no generan empleo ni retorno económico. También apunta que es esencial completar el proceso de acreditación que garantice a los ciudadanos un servicio de calidad comparable en toda España. Ese proceso sin duda llevará implícita una reconversión del sector.
Los autores del estudio reconocen que "la Ley de Dependencia ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, pero aún le queda mucho camino por recorrer". Más de un millón de personas reciben prestación actualmente en España aunque es una cifra insuficiente dadas las necesidades de una población tan envejecida.
España tiene ya más personas de más de 65 años que niños de entre 0 y 14 años. Hay más de siete millones de mayores, lo que representa un 16,9% de la población. Según proyecciones del INE, esta cifra aumentará hasta los 14,7 millones en el año 2050, un 33,5% de la población prevista para entonces. Estos mayores vivirán 16 años más en el caso de los hombres y 20 en el de las mujeres. En cuanto a los mayores con discapacidades en España, en 1999 había casi dos millones y medio y se prevé que esta cifra aumente un 76,8% hasta 2020.
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Fuente. CAPITAL MADRID
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