Jueves 28 de Octubre de 2010
Opinión
Las políticas públicas de "igual da"
Daniel Martínez Sáez es el Coordinador regional IU Castilla-La Mancha
Daniel Martínez Sáez
Daniel Martínez Sáez, Coordinador regional IU Castilla-La Mancha
Las impresentables e inexplicables declaraciones del Alcalde de Valladolid han coincidido en el tiempo con una serie de medidas que marcan un importante retroceso en políticas de igualdad y llevan aparejado, sobre todo los recortes sociales, un fuerte impacto de género. En cuanto a la polvareda justificada que han provocado las declaraciones del primer edil vallisoletano sobre Leire Pajín, para mí solo cabe aplicar ese principio de actuación que tanto hemos defendido, "tolerancia cero". Debería dimitir, es la única forma de ser ejemplar y hacer que cualquier otro responsable político o ciudadano no piense que estas cosas salen gratis o que da igual lo que se diga y lo que se haga.
Tampoco favorecen a la causa los mensajes que recibe la gente con la desaparición del Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Después de mucha parafernalia y propaganda parece que en el fondo les da un poco igual y las políticas de igualdad de género no se conciben como parte troncal de las estructuras de gobierno, ya sea estatal, regional o local.
La desaparición del Ministerio de Igualdad representa un paso atrás importante en la promoción, el fomento y la consolidación de las condiciones que posibiliten la igualdad entre mujer y hombre en todos los ámbitos de la vida. En Castilla-La Mancha, actualmente tenemos un Gobierno aventajado a la hora de impulsar determinadas políticas regresivas y dar ejemplo de la falta de importancia que se concede a las políticas de igualdad, ya que esta medida de plena actualidad cuenta con un negativo precedente en la eliminación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Las finalidades con las que se crearon el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Igualdad siguen tan vigentes como antes o incluso encuentran mayor justificación si consideramos la realidad social que nos rodea. Son medidas difícilmente justificables si no es desde la perspectiva de la habitual cesión a las presiones de la derecha política y de los sectores más conservadores y reaccionarios, tienen un significado simbólico de devaluación y desconsideración hacia las políticas públicas de igualdad y suponen una pérdida de poder, autonomía y relevancia en la toma de decisiones.
Y por encima de todo ello, se encuentra el impacto de género de los recortes en empleo público, gasto social e inversión que inciden directamente en las prestaciones sociales, como la Ley de Dependencia, sanitarias, educativas, las pensiones, la anulación de la ampliación del permiso de paternidad legislada, y una reforma laboral que facilita el despido, la precariedad e incide de forma especialmente negativa en las condiciones laborales de las mujeres.
Es un grave error y una estafa a la sociedad en su conjunto dar pasos contrarios al camino apuntado en los últimos años y demuestra que nuestros gobiernos no han integrado en su acción diaria la transversalidad de género, la siguen considerando un apéndice de algo, de un ministerio o de una consejería. Es muy lamentable que se tomen medidas que debilitan a las capas sociales más vulnerables o que impliquen prescindir de herramientas en la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, como es la desaparición del Ministerio de Igualdad, y que ese comportamiento alguien lo califique como audaz.
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