Miércoles 20 de
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Opinión
La política, en manos del juez
05:30
Jesús Civera
No es que la política valenciana esté judicializada; es que entró un día en los tribunales y ya no ha salido de allí. Despachos judiciales o fiscalías onerosas: el resultado es el mismo. Esos estamentos ocupan el ancho espacio de la política puesto que los partidos han claudicado: prefieren que las decisiones las tome el fiscal o el juez. La pregunta es sustancial. ¿Qué harían sin el TSJCV o la Fiscalía Anticorrupción las fuerzas políticas valencianas? Dado el volumen de encargos a los guardianes del orden establecido, se diría que actúan como ramificaciones de la voluntad política. Los políticos les transfieren su responsabilidad. Pretenden que dictaminen en su beneficio para, armados de determinación, golpear con la verdad al adversario. Los dirigentes de los partidos han asumido, en consecuencia, que su actividad es subalterna. Un subproducto peristáltico de los poderes judiciales. Abdican de su representación y se la entregan a los jueces, constituidos en reyes y señores de la dinámica política. El resultado es un desprecio por la opinión pública mayúsculo. El eje central del debate social ya no es el árbitro que juzga conductas o sentencia actuaciones. Ha sido relegada. Sólo se la escucha cada cuatro años y por obligación. Cada vez que un dirigente del PP o del PSPV acude al fiscal o al juez, la está negando. Al mismo tiempo, el político se está impugnando a sí mismo.
No hay escándalo, mediático o no, que se resuelva por los cauces de la dialéctica y la confrontación, como antaño. La plaza pública está en manos de los señores que interpretan las leyes: así lo han querido los partidos. Al PSPV, por ejemplo, no le basta con denunciar el asunto de las ONG de Blasco ante el vecindario: ha de llevarlo al fiscal. Curiosamente, espera que ratifique sus propias denuncias e investigaciones. Que dé el visto bueno. Sin la aprobación del juez, el episodio carece de autenticidad. El PP se querella contra Luna por airear documentos del caso Gürtel (o bien, por el piso dichoso, ya no recuerdo), del mismo modo que antes envió al fiscal las peripecias de Pla o de Such, de Signes o de cualquier alcalde comarcal más o menos molesto. La pretensión es que los órganos judiciales actúen como colaboradores necesarios, ya que se ha decidido que son indisolubles de la acción política. De Camps, mejor ni hablar. La literatura de los trámites judiciales es novelesca y su arquitectura narrativa, cinematográfica: autos de Pedreira, réplicas del PP, querellas del PSOE, sentencias del TSJCV, conclusiones del Supremo, peritajes de Hacienda, informes policiales. Plano y contraplano, secuencias alternas y cada vez más cortas, en espera del clímax final. Y vuelta a empezar. Centenares de volúmenes y antesalas judiciales, sumarios robóticos y declaraciones en los tribunales. Desfilan Ripoll, Díaz Alperi, Fabra, alcaldes y concejales, capitanes y tropa.
Dado que la agenda política se elabora en los tribunales y en los despachos de los abogados y que sus protagonistas aparecen como mozos de cuerda de sumarios y autos, se echa en falta que los auténticos inspiradores de la escena cotidiana se bañen en los focos como se bañaba Garzón. En un mar de luz.
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