José Luis Gómez
El nuevo Gobierno y el final de ETA
Diputados del PSdeG y el BNG han lamentado la falta de "respuestas concretas" del Gobierno gallego durante la Comisión 5ª de Sanidade, Política Social e Emprego en el Parlamento, en la que se han tratado cuestiones sobre la Ley de Dependencia, el pago de la productividad variable a gerentes del Sergas y la eliminación de centros exclusivos sobre cuestiones sexuales destinados a los jóvenes.
En una comisión presidida por el popular Miguel Ángel Santalices a la que la diputada socialista Beatriz Sestayo ha calificado de "escándalo", se han producido diversos momentos de enfrentamiento entre la mesa de la Comisión y el Grupo Parlamentario Popular con la oposición.
Una de las preguntas orales ha corrido a cargo de la socialista María Carmen Acuña, quien ha demandado datos sobre el pago "selectivo" de los complementos de productividad variable (CPV) de los cargos directivos del Servizo Galego de Saúde en 2009 y 2010. Una cuestión que ha criticado como "un arma" de la actual Xunta para "castigar" a las personas nombradas
por el anterior Gobierno bipartito.
A esto, la directora xeral de Recursos Humanos Sergas, Esperanza Fernández ha respondido que los CPV se abonaron en función de los resultados de su gestión, aunque ha evitado contestar a las preguntas de cuántas personas han recibido el complemento de productividad en 2009 o a cuánto asciende el total de lo abonado.
Así, Acuña ha acusado a la Comisión de Sanidade de "atacar a todo lo no es del PP", según ha dicho: "no sé si porque no tiene barba o bigote" --en posible referencia al presidente de la mesa Miguel Ángel Santalices—.
"Este tipo de comportamientos tienen nombre y se llama fascismo", ha resaltado Acuña. Una acusación que el presidente de la Comisión, Miguel Santalices, ha demandado que retire, a lo que la diputada socialista ha añadido que "la definición de fascismo no la colocaba directamente en una persona sino en una manera de comportarse".
Ante la negativa de Acuña a dar marcha atrás en su aseveración, Santalices ha retirado la afirmación "por orden del presidente" porque "ha molestado al Parlamento en general" --todo ello, mientras los diputados nacionalistas y socialistas negaban que esa frase les hubiese importunado—.
DEPENDENCIA
Durante una pregunta oral de Sestayo sobre la situación de las gestiones y trámites de promoción de autonomía personal y dependencia encomendadas a empresas privadas, la directora xeral de Dependencia e Autonomía Persoal, Coro Piñeiro, ha resaltado que "ningún" procedimiento de valoración y reconocimiento será privatizado, aunque ha matizado que "son muchos" los servicios derivados privatizados --sin aportar cifras exactas--, como por ejemplo la mecanización de los datos de solicitudes.
Así, Coro Piñeiro ha acusado a Beatriz Sestayo de causar "daño" con sus inquietudes, por lo que le ha inquirido "¿a quién hace bien?" con esas preguntas, una contestación que ha sido recibida con indignación por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
CENTROS QUÉROTE
En otro orden de cosas, la diputada nacionalista Ana Pontón ha demandado conocer los motivos para "el desmantelamiento" de centros Quérote específicos para el conocimiento de la materia afectivo-sexual por los jóvenes gallegos.
En este sentido, ha acusado a la Xunta de "falsa moralina" con la interrupción voluntaria del embarazo, a lo que ha agregado, que "cuando hay políticas efectivas, lo que hace es desmantelarlas". Por ello, ha recriminado al Gobierno gallego "duplicar" las oficinas de información para su privatización, y ampliar la función de los centros a materias de drogodependencia sin personal cualificado.
Sobre esta cuestión, el director xeral de Xuventude e Voluntariado, Ovidio Rodeiro ha resaltado que "se está trabajando por políticas de juventud de forma transversal", y por el incremento de siete a 17 centros en toda Galicia.
Asimismo, la diputada del Partido Popular Paula Prado ha presentado una pregunta oral para conocer las medidas de la Xunta para promover la conciliación de la vida familiar y laboral, a lo que la secretaria xeral de Igualdade, Marta González, ha puesto como ejemplo el programa 'Eles tamén' para el conocimiento sobre estudios de corresponsabilidad.
En este sentido, González ha resaltado que la desaparición del Ministerio de Igualdad "no deja lugar" a las críticas para la desaparición del Servizo Galego de Igualdade.
PROPOSICIONES RECHAZADAS
Por su parte, el diputado socialista Modesto Pose ha presentado una proposición no de ley ante la Comisión para la puesta en marcha de un plan de seguimiento específico para evitar la negativa evolución de las listas de espera del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), la cual ha sido rechazada por siete votos a seis.
En su intervención, Pose se ha quejado del deterioro "muy importante" de este centro con una espera media quirúrgica de "96 días", al tiempo que ha abogado por "el objetivo irrenunciable" de que las primeras consultas no pasen de un mes de espera.
Una proposición a la que se ha unido la diputada nacionalista Ana Luísa Bouza por "el fracaso de gestión" del CHUS, mientras que el Grupo Parlamentario Popular la ha rechazado porque "se está cumpliendo el compromiso de una sanidad más eficiente".
También ha sido rechazada una proposición no de ley presentada por el socialista Ismael Rego en la que emplazaba al Ejecutivo gallego a crear un área de gestión integrada única propia de la Mariña luguesa, así como a la ampliación del Hospital da Costa y en donde criticaba el aumento en la espera media para una intervención de los 79 días en este centro en 2008, a "los último datos de 206 días".
El PPdeG ha replicado que esta proposición "fusila" una presentada por el nacionalista Fernando Blanco en septiembre de 2009, algo que Rego ha defendido por estar sacada de una plataforma de ciudadanos que se han manifestado en contra de la situación sanitaria de A Mariña.
Todo ello, según Rego con el objetivo del Gobierno gallego de actuar de "forma ideológica" para el deterioro de la sanidad pública en la búsqueda de una privatización del sector.
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