Muchas personas aún esperan la ayuda
Cinco años con la dependencia a
cuestas
04-05-2011 - Lucía de la Fuente (Madrid)
Más de cinco años después de la aprobación de la controvertida y renombrada ley de dependencia, lo cierto es que aún no ha terminado de implantarse y ha sido y es utilizada como arma arrojadiza por políticos e instituciones. Madridiario analiza qué se ha hecho y qué ha quedado por hacer en la materia durante la última legislatura.
Según datos actualizados a 1 de mayo, hechos públicos este miércoles, del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en Madrid hay 73.258 dependientes que reciben algún tipo de prestación, que reciben un total de 90.948 ayudas (lo que significa que un 24 por ciento de los beneficiarios recibe dos o más servicios). De estas prestaciones un total de 5.591 corresponden a la 'prevención, dependencia y promoción Autonomía Personal', 13.170 a la teleasistencia, 18.763 para ayuda a domicilio, 11.689 a centros de día/noche, 22.484 a la atención residencial, 2.711 prestaciones vinculadas al servicio, 16.515 a los cuidados familiares y 25 a la asistencia personal.
El SAAD también indica que ya hay en Madrid 151.138 solicitudes en vigor, lo que supone el 2,1 por ciento de la población que reside en la región y sitúa a la Comunidad de Madrid en tercera posición -solo por detrás de Andalucía y Cataluña- en cifra de peticiones recepcionadas. Según el ministerio, a 1 de mayo se había valorado el 94,28 por ciento de las solicitudes, por lo que ya son 90.338 los beneficiarios con derecho a algún tipo de prestación (43.875 en grado III -dependencia más severa-, 33.004 en grado II y 13.459 en grado I nivel 2), lo que significa que 17.080 dependientes reconocidos aún no reciben prestación alguna. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, organismo encargado de la gestión de las ayudas, dice que esta cifra sitúa a la región trece puntos por encima de la media nacional (68 por ciento) pues el 81 por ciento de los dependientes con derecho a prestación ya recibe atención.
No obstante Engracia Hidalgo, titular del departamento, aseguraba en marzo de 2010 que ningún dependiente reconocido tendría que esperar más de seis meses -plazo marcado por la ley- para recibir su prestación. A día de hoy sin embargo, y según revela un informe elaborado conjuntamente por CCOO, UGT, CECU y la FRAVM -fundadores del llamado Observatorio Social por la Dependencia-, "el tiempo medio de espera supera los 18 meses". Y todo ello a pesar de que en abril de 2008 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital aprobó la creación de un departamento para "agilizar" trámites.
Reclamaciones
Consecuencia de ello es que, según la recién publicada memoria 2010 del Defensor del Pueblo, Madrid y Valencia son las comunidades que lideran el número de reclamaciones por la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Las quejas, que suman un total de 134, se focalizan sobre todo en las demoras y retrasos a la hora de recibir las prestaciones o servicios correspondientes. Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se considera que esta medición "no es del todo justa" ya que "Madrid y Valencia no tienen Defensor autonómico, por lo que la muestra que utilizan no es representativa".
El informe de la institución dirigida por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava, reconoce no obstante el incremento de recursos aportados por parte de la Administración regional. "En los dos últimos años, la Comunidad de Madrid ha creado 6.261 plazas, 3.782 para personas mayores y 2.479 para personas con discapacidad y con enfermedad mental. Además, se han unido 20.321 nuevos beneficiarios de ayuda a domicilio", señala.
Desde el principio de la legislatura tanto los sindicatos CCOO y UGT, como la oposición han acusado al Ejecutivo dirigido por Esperanza Aguirre de "falta de transparencia" y "voluntad" para aplicar la ley. En los últimos cuatro años la dependencia ha sido objeto frecuente de debate, protestas y cruce de cifras en los que, permenentemente, se ha acusado, tanto al Gobierno regional como al municipal, de "boicotear" y "hacer caja" con la norma estatal.
El partido socialista calcula además que la aplicación correcta de la ley podría generar unos 50.000 empleos con lo cual resultaría "una medida muy eficaz contra la crisis". Esta opinión es compartida por el nuevo presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), Javier Gómez, quien lamentó en una entrevista concedida a Madridiario, que el desarrollo de la ley "esté siendo tan largo y tan denso". "Si la ley se aplicara nos ofrecería una bolsa de trabajo increíble", añadió, aunque reconoció que "la Consejería ha ido en vanguardia actuando a favor de las personas mayores y pensando en la empresa".
La parte más sensible de la falta de la agilidad en la tramitación de la dependencia es la que afecta a los ciudadanos que fallecen antes de recibir ningún tipo de ayuda. La cifra es difícil de calcular, aunque la número dos del PSM, Amparo Valcarce, ha cifrado las muertes producidas entre dependientes en lista de espera en 79 desde enero de 2010 hasta abril de 2011. "Los retrasos son ya dramáticos para más de 20.000 madrileños reconocidos y en lista de espera, con consecuencias gravísimas para familias que cuidan a personas mayores y con discapacidad", aseguró la candidata socialista.
Presupuesto
En cuanto al dinero destinado para subvencionar la ley, los datos manejados por el Gobierno regional determinan que cada día se destinan 2,5 millones de euros en atención a la dependencia, lo que suma un total de 915 millones para 2011. Para el periodo 2010-2013 la Comunidad ha recibido además 29,3 millones de los fondos del Estado.
Señora mayorDesde el Ejecutivo madrileño se critica que la financiación de la Administración General del Estado "es inadecuada e insuficiente porque debía cofinanciarse en un 50 por ciento y no está siendo así". En este sentido, señalan que "por cada seis euros al día que aporta el Estado del coste de una plaza de residencia, el Ejecutivo autonómico aporta 50 euros, lo que únicamente cubre el 10 por ciento del coste total".
Perfil del dependiente
Según un estudio elaborado por la Comunidad, realizado sobre la base de 8.500 encuestas en centros y domicilios, el perfil del dependiente madrileño es una mujer, mayor de 80 años, residente en un municipio de más de 100.000 habitantes y con unos ingresos de 800 euros o menos. También destaca que el perfil del cuidador corresponde, en el 90 por ciento de los casos, a una mujer española de 57 años y familiar de primer grado de la persona en situación de dependencia.
Entre las principales patologías que causan dependencia sobresale, según datos del SAAD, las demencias, el alzheimer, las secuelas producidas por el padecimiento de una enfermedad cardiovascular, los trastornos cognoscitivos o la poliartrosis.
DependenciaAsí, y con vistas a la próxima legislatura, será necesario afrontar los "flecos sueltos" que tadavía quedan -entre los que puede citarse la regulación laboral de los cuidadores o asistentes, medida solicitada por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad (CERMI)-, una tarea fundamental si se tienen en cuenta factores como el aumento de la esperanza de vida de la población española. En este sentido, el Palacio de Congresos de Madrid acogió en marzo una serie de conferencias que reunieron durante tres días a expertos nacionales e internacionales en la materia en las que se prometió adoptar "un gran acuerdo para la autonomía social y la atención a la dependencia entre todas las administraciones".
El objetivo es que una ley que debería ser tan automática como la sanidad pública deje de generar confrontación entre partidos, instituciones, sindicatos y ciudadanos, algo que, lamentablemente, no parece que vaya a producirse en los próximos meses.
--
El SAAD también indica que ya hay en Madrid 151.138 solicitudes en vigor, lo que supone el 2,1 por ciento de la población que reside en la región y sitúa a la Comunidad de Madrid en tercera posición -solo por detrás de Andalucía y Cataluña- en cifra de peticiones recepcionadas. Según el ministerio, a 1 de mayo se había valorado el 94,28 por ciento de las solicitudes, por lo que ya son 90.338 los beneficiarios con derecho a algún tipo de prestación (43.875 en grado III -dependencia más severa-, 33.004 en grado II y 13.459 en grado I nivel 2), lo que significa que 17.080 dependientes reconocidos aún no reciben prestación alguna. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales, organismo encargado de la gestión de las ayudas, dice que esta cifra sitúa a la región trece puntos por encima de la media nacional (68 por ciento) pues el 81 por ciento de los dependientes con derecho a prestación ya recibe atención.
No obstante Engracia Hidalgo, titular del departamento, aseguraba en marzo de 2010 que ningún dependiente reconocido tendría que esperar más de seis meses -plazo marcado por la ley- para recibir su prestación. A día de hoy sin embargo, y según revela un informe elaborado conjuntamente por CCOO, UGT, CECU y la FRAVM -fundadores del llamado Observatorio Social por la Dependencia-, "el tiempo medio de espera supera los 18 meses". Y todo ello a pesar de que en abril de 2008 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital aprobó la creación de un departamento para "agilizar" trámites.
Reclamaciones
Consecuencia de ello es que, según la recién publicada memoria 2010 del Defensor del Pueblo, Madrid y Valencia son las comunidades que lideran el número de reclamaciones por la aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Las quejas, que suman un total de 134, se focalizan sobre todo en las demoras y retrasos a la hora de recibir las prestaciones o servicios correspondientes. Desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales se considera que esta medición "no es del todo justa" ya que "Madrid y Valencia no tienen Defensor autonómico, por lo que la muestra que utilizan no es representativa".El informe de la institución dirigida por la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava, reconoce no obstante el incremento de recursos aportados por parte de la Administración regional. "En los dos últimos años, la Comunidad de Madrid ha creado 6.261 plazas, 3.782 para personas mayores y 2.479 para personas con discapacidad y con enfermedad mental. Además, se han unido 20.321 nuevos beneficiarios de ayuda a domicilio", señala.
Desde el principio de la legislatura tanto los sindicatos CCOO y UGT, como la oposición han acusado al Ejecutivo dirigido por Esperanza Aguirre de "falta de transparencia" y "voluntad" para aplicar la ley. En los últimos cuatro años la dependencia ha sido objeto frecuente de debate, protestas y cruce de cifras en los que, permenentemente, se ha acusado, tanto al Gobierno regional como al municipal, de "boicotear" y "hacer caja" con la norma estatal.
El partido socialista calcula además que la aplicación correcta de la ley podría generar unos 50.000 empleos con lo cual resultaría "una medida muy eficaz contra la crisis". Esta opinión es compartida por el nuevo presidente de la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE), Javier Gómez, quien lamentó en una entrevista concedida a Madridiario, que el desarrollo de la ley "esté siendo tan largo y tan denso". "Si la ley se aplicara nos ofrecería una bolsa de trabajo increíble", añadió, aunque reconoció que "la Consejería ha ido en vanguardia actuando a favor de las personas mayores y pensando en la empresa".
La parte más sensible de la falta de la agilidad en la tramitación de la dependencia es la que afecta a los ciudadanos que fallecen antes de recibir ningún tipo de ayuda. La cifra es difícil de calcular, aunque la número dos del PSM, Amparo Valcarce, ha cifrado las muertes producidas entre dependientes en lista de espera en 79 desde enero de 2010 hasta abril de 2011. "Los retrasos son ya dramáticos para más de 20.000 madrileños reconocidos y en lista de espera, con consecuencias gravísimas para familias que cuidan a personas mayores y con discapacidad", aseguró la candidata socialista.
Presupuesto
En cuanto al dinero destinado para subvencionar la ley, los datos manejados por el Gobierno regional determinan que cada día se destinan 2,5 millones de euros en atención a la dependencia, lo que suma un total de 915 millones para 2011. Para el periodo 2010-2013 la Comunidad ha recibido además 29,3 millones de los fondos del Estado.
Señora mayorDesde el Ejecutivo madrileño se critica que la financiación de la Administración General del Estado "es inadecuada e insuficiente porque debía cofinanciarse en un 50 por ciento y no está siendo así". En este sentido, señalan que "por cada seis euros al día que aporta el Estado del coste de una plaza de residencia, el Ejecutivo autonómico aporta 50 euros, lo que únicamente cubre el 10 por ciento del coste total".
Perfil del dependiente
Según un estudio elaborado por la Comunidad, realizado sobre la base de 8.500 encuestas en centros y domicilios, el perfil del dependiente madrileño es una mujer, mayor de 80 años, residente en un municipio de más de 100.000 habitantes y con unos ingresos de 800 euros o menos. También destaca que el perfil del cuidador corresponde, en el 90 por ciento de los casos, a una mujer española de 57 años y familiar de primer grado de la persona en situación de dependencia.
Entre las principales patologías que causan dependencia sobresale, según datos del SAAD, las demencias, el alzheimer, las secuelas producidas por el padecimiento de una enfermedad cardiovascular, los trastornos cognoscitivos o la poliartrosis.
DependenciaAsí, y con vistas a la próxima legislatura, será necesario afrontar los "flecos sueltos" que tadavía quedan -entre los que puede citarse la regulación laboral de los cuidadores o asistentes, medida solicitada por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad (CERMI)-, una tarea fundamental si se tienen en cuenta factores como el aumento de la esperanza de vida de la población española. En este sentido, el Palacio de Congresos de Madrid acogió en marzo una serie de conferencias que reunieron durante tres días a expertos nacionales e internacionales en la materia en las que se prometió adoptar "un gran acuerdo para la autonomía social y la atención a la dependencia entre todas las administraciones".
El objetivo es que una ley que debería ser tan automática como la sanidad pública deje de generar confrontación entre partidos, instituciones, sindicatos y ciudadanos, algo que, lamentablemente, no parece que vaya a producirse en los próximos meses.
--
No hay comentarios:
Publicar un comentario