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Sábado 04 de septiembre de 2010

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  Alicante

Anticorrupción insta al TSJ a revisar las cuentas del PP al apreciar ´datos objetivos´ de irregularidades

La Fiscalía asegura que la red tenía datos del pliego para contratar Fitur en 2005 antes de que se adjudicara

02:07

 

REDACCIÓN
Anticorrupción quiere que el TSJ de la Comunidad realice "una adecuada comprobación de las cuentas" del PP de la Comunidad, controlado por Camps, ya que considera que hay "datos objetivos" de la financiación irregular del partido que controla las principales instituciones valencianas. Ese es, quizá, el principal motivo alegado por Anticorrupción para oponerse al recurso de apelación del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, de remitir a Valencia la pieza que afecta a cargos del Consell y de la cúpula popular en la Comunidad. En su escrito, la Fiscalía añade además que no parece "procesalmente posible" que se investigue en un tribunal la percepción de regalos -en clara referencia a la causa de los trajes- y en otro "los eventuales desvíos normativos y/o de fondos en su departamento en beneficio de quienes le hicieron los regalos".
En opinión de Anticorrupción, la documentación que figura en la causa "no deja duda sobre la existencia de irregularidades" en la adjudicación de contratos públicos de distintos departamentos de la Generalitat a empresas de Gürtel como Orange Market, principal proveedora del PP de la Comunidad. En este sentido, el escrito de la Fiscalía revela que después de acordarse la inhibición se ha hallado documentación "sobre la posesión de pliegos del concurso de Fitur de 2005 por parte de Orange Market antes de la publicación final del concurso". También después de la inhibición se han conocido dos informes policiales en los que se concluye que hubo "financiación irregular" de actos del PPCV con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política". Pedreira remitió a Valencia en mayo los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil en los años 2007 y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a destacados dirigentes del PP y la Generalitat.