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Si no salvo mis ideales, no me salvo a mi.







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lunes, septiembre 27, 2010

Retazos de noticias sacada de Terra

 

 

 

  • Caso Gürtel

    Caso Gürtel

    De Wikipedia, la enciclopedia libre

    El Juez Baltasar Garzón (en el centro) y 10 de los implicados en el caso Gürtel.

    El denominado caso Gürtel es la investigación instruida por el juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, e iniciada en febrero de 2009, cuyo fin es desentrañar una presunta red de corrupción política vinculada al Partido Popular de España.

    La trama estaría encabezada por el empresario Francisco Correa, cuyo apellido en alemán («gürtel» se traduce como "cinturón", vocablo semejante a «gurt», que significa "correa") da nombre al caso.

    El caso Gürtel fue destapado por el diario español El País, a cuyos investigadores les fue concedido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, convocado por el mismo diario en su vigesimoséptima edición de 2010, al "mejor trabajo de prensa". El jurado estuvo presidido por el historiador y director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, y compuesto por el cineasta Daniel Monzón, el periodista y escritor Daniel Samper, la presidenta de Microsoft Ibérica María Garaña y los cuatro directores que ha tenido el diario desde su fundación (Juan Luis Cebrián, Joaquín Estefanía, Jesús Ceberio y Javier Moreno).[1] [2] [3]

    Contenido

    [ocultar]

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    [editar] Inicios

    El caso surge a raíz de una denuncia realizada el 6 de noviembre de 2007 por José Luis Peñas, ex concejal del Partido Popular (PP) en el ayuntamiento de Majadahonda, en Madrid, y amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008.[4] Se nutriría posteriormente de unas grabaciones ocultas realizadas por miembros de esta trama, como Isabel Jordán, administradora de la empresa Easy Concept, una de las empresas principales de la trama, junto con Special Events y Orange Market, todas ellas empresas fantasma propiedad de Francisco Correa.

    La trama estaría encabezada por un cuarteto integrado por el empresario Francisco Correa y tres de sus hombres de confianza: Álvaro Pérez apodado "El Bigotes", Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Este grupo habría establecido un supuesto conglomerado de negocios con objeto de nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, así como para saltarse las prohibiciones legales en materia urbanística y medioambiental que habrían afectado a sus negocios inmobiliarios.

    La importancia de este grupo en el seno del PP nacional vendría condicionada por la elección de Correa, por parte del propio José María Aznar, para que aquél organizara los actos y eventos públicos del PP. Con todo, Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre dejarían de contar con él tras la salida del Gobierno de Aznar en 2004.[5]

    El método más habitual para obtener sus ventajas y beneficios era la utilización de dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas, todas ellas pertenecientes al PP.[6]

    José Luis Izquierdo López, empleado de confianza de Francisco Correa y de Pablo Crespo, ha mostrado a los jueces que llevan el caso los asientos contables del dinero supuestamente relacionado con este asunto, la llamada "caja B". En ellas figuran Alejandro Agag (yerno de José María Aznar), Álvaro Pérez, Antoine Sánchez, Alberto López Viejo (ALV), Arturo González Panero, Gerardo Galeote, L.B., Ricardo Galeote, Benjamín Martín, Ginés López, F. Torres, Jacobo Gordon, Luis López Salvador, Milagros Zapatero, Pablo Crespo, Pau Collado, Araceli, Rocío y Sabio Martínez.[7] Francisco Correa pidió a su empleado figurar en ellas como "Don Vito, como el de la película"[8] (refiriéndose a Don Vito Corleone, personaje interpretado por Marlon Brando en El Padrino). Todas estas personas están o han estado vinculadas al PP; sin embargo, hasta ahora no ha sido constatada la financiación ilegal del Partido Popular como persona jurídica.

    Tras el levantamiento del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), se conocen acusaciones de financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Partido Popular de Galicia, Partido Popular de Castilla y León y del Partido Popular nacional. La prensa nacional está llena de referencias a estas acusaciones. Podemos citar, por sintética, la web CanariasAhora.es,[9] o al diario Público.[10] También en la prensa cercana al PP podemos encontrar referencias al respecto.[11] [12] [13]

    [editar] Las empresas de la red

    El entramado de empresas que componen la red de corrupción suman hasta veintitrés. Entre ellas se destacan las siguientes:

    [editar] Special Events

    Agencia de eventos que entre 1996 y 1999 organizó todos los actos políticos del Partido Popular de Galicia. Esta empresa tiene como administrador único a Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. El Ayuntamiento de Madrid adjudicó en 2007 varios contratos a la empresa por un importe total de 210.000 euros. El propio alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón admitió que en 2004 "se manipuló un informe técnico" para adjudicar a esta empresa un contrato por valor de 153.000 euros.[14] [15] [16]

    [editar] Pasadena Viajes, S.L.

    Una empresa, también propiedad de Pablo Crespo, con la que el Ayuntamiento de Boadilla organizó diversos viajes, algunos de ellos, al equipo electoral de José María Aznar en su campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2003.[14] [17]

    [editar] Easy Concept

    Compañía especializada en la gestión del servicio público de información y atención al ciudadano. En 2005 el alcalde de Boadilla, Arturo González, suscribió un contrato con ella. La Comunidad de Madrid adjudicó sin concurso, más de 70 contratos.[14]

    [editar] Good and Better, S.L.

    Junto con Easy Concept es la otra firma presuntamente favorecida con contratos "a dedo" por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Entre los años 2004 y 2005 habría organizado eventos junto con Easy Concept por valor de 562.183 euros.[14] [18]

    [editar] Orange Market

    Fue la empresa proveedora de servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. La empresa organizaba mítines, congresos y toda clase de eventos para los populares, según reconoció el propio partido. Vinculada a uno de los detenidos, Pablo Crespo, a ella se le adjudicó el diseño del expositor de la Comunidad Valenciana en Fitur. Su presidente, Alvaro Pérez, el Bigotes, pagó trajes a Francisco Camps por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio la concesión de adjudicaciones a esta empresa, según Garzón.[19] [14]

    [editar] Cronología

    [editar] En 2009
    • 6 de febrero: la Audiencia Nacional, por orden del juez Garzón, abre una investigación por una supuesta trama de corrupción que operaba en Madrid, Valencia y la Costa del Sol. A los implicados se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Comienzan a surgir los vínculos de los detenidos con el PP: uno de los cinco detenidos es un empresario muy ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. Después se sabría que el detenido es Francisco Correa, al que se considera cabecilla de la supuesta red corrupta.[20]
    • 8 de febrero: salen a la luz en distintos medios de comunicación los nombres de algunos de los miembros del PP presuntamente implicados en la trama: Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte; Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo en Madrid; y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.[20]
    • 9 de febrero: ante las sospechas de la imputación de González Panero, López Viejo y Ortega, comienzan las dimisiones. La más sonada, la del consejero de Esperanza Aguirre, López Viejo; también cesa en su puesto Guillermo Ortega y Rajoy anuncia la dimisión del alcalde de Boadilla, aunque González Panero tardó 24 horas en hacerlo, desmintió a Rajoy y finalmente dimitió como alcalde, pero no como concejal. Un nuevo detenido se suma a la lista: Álvaro Pérez Alonso, responsable de la empresa Orange Market, que organizó actos para el PP.[20]
    • 10 de febrero: Garzón amplía su auto y ya son 37 los imputados en la presunta trama. El PP se queja ante el juez de la Audiencia por las filtraciones del sumario que llegan a la prensa y 24 horas después pide la recusación del juez y anuncia el fin del pacto de la Justicia firmado por el Gobierno al conocerse que el entonces ministro Bermejo coincidió con Garzón en una cacería sólo un día después de que saliera a la luz la operación de la Audiencia Nacional.[20]
    • 12 de febrero: Garzón manda a prisión a tres de los detenidos por la presunta trama corrupta: Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. El juez los acusa de delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, defraudación y cohecho. Por otro lado, queda en libertad Álvaro Pérez Alonso.[20]
    • 19 de febrero: dos periódicos relacionan al presidente valenciano, Francisco Camps, con la trama. Al parecer, habría conseguido trajes por valor de 30.000 euros por favores a la trama. Camps comparece esa misma mañana ante los medios de comuncación para desmentir por completo las acusaciones y defiende sus «20 años de vida pública al servicio del interés general».[20]
    • 20 de febrero: nueva víctima política por la trama en la Comunidad de Madrid. Alberto Ruiz-Gallardón cesa a José Javier Nombela, asesor del presidente de la Junta de Distrito de Moncloa de Madrid, también imputado por Garzón. También fue apartado de su cargo el director de la Empresa Municipal de la Empresa y el Suelo, Guillermo Pariente. En plena investigación, el juez Garzón ingresa en una clínica por una crisis de ansiedad, un día después le dan el alta. Durante su baja, se encarga del caso el juez Pedraz, que se limitó a aplazar las declaraciones que Garzón tenía previstas.[20]
    • 25 de febrero: con Garzón recién incorporado al trabajo, el PP presenta una querella contra el juez por prevaricación. Horas después, el magistrado implica en la trama al eurodiputado del PP Gerardo Galeote y al senador y Tesorero del PP, Luis Bárcenas. Además, Garzón desmiente las informaciones aparecidas en prensa que involucran en la trama al diputado del PP Esteban González Pons. Ese mismo día, el PP acusa al juez de haberse saltado el secreto del sumario del caso.[20] [21]
    • 5 de marzo: tras las peticiones de la Fiscalía y el PP, y los indicios hallados contra aforados (diputados, senadores y otros altos cargos políticos que no pueden ser juzgados por la Audiencia Nacional), el juez Garzón se inhibe del caso y cede la investigación de la presunta trama a los tribunales superiores de Valencia y Madrid. El juez amplía las imputaciones a otros seis miembros del PP: Francisco Camps (presidente de la Comunidad Valenciana); Ricardo Costa (secretario general del PP en Valencia); Alberto López Viejo (ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid), Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte), Jesús Sepúlveda (alcalde de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (alcalde de Arganda del Rey). Tras finalizar los interrogatorios, Garzón deja en libertad a 34 de los 37 imputados: sólo están en prisión Francisco Correa, y sus dos socios, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.[20]
    • 6 de marzo: el caso 'Gürtel' se cobra otras dos víctimas en el PP. Dimiten los alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López, y Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Por otra parte dimite el director general del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV), Tomás Martín Morales, presenta su dimisión a petición del alcalde, Juan Siguero (PP), tras conocerse su imputación en el caso Gürtel. El PP anuncia que suspende de militancia a todos los miebros del partido imputados por Garzón, a excepción de los aforados de la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.[20]
    • 12 de marzo: Mariano Rajoy insiste en desvincular a su partido de la trama corrupta. Asegura que la gente de Francisco Correa "no ha entregado ni un sólo euro al PP" y defiende a ultranza a Francisco Camps. Además, dice que "habrá que demostrar" que Correa regaló un Jaguar de 8 millones de pesetas al ex alcalde de Pozuelo, casado con la diputada popular Ana Mato.[20]
    • 15 de marzo: José Tomás, supuesto sastre de Francisco Camps, asegura en un entrevista en el diario El País que el presidente valenciano le llamó en varias ocasiones muy nervioso para saber si había facturas de trajes a su nombre cuando supo que declararía ante el juez Garzón. Asimismo, Tomás indica que los trajes de lujo que regalaba a políticos valencianos eran pagados por Orange Market con billetes de 500 euros.[20]
    • 17 de marzo: los tres únicos imputados encarcelados por el 'caso Gürtel' -el líder de la supuesta trama, Francisco Correa, y sus presuntos colaboradores Antoine Sánchez y Pablo Crespo- acuden a la Audiencia Nacional para abrir su correspondencia ante el juez Baltasar Garzón. La ley permite al magistrado aplicar esta medida para saber si en las cartas recibidas en la cárcel hay algo de interés para su investigación.[20]
    • 27 de marzo: Baltasar Garzón imputa a otras diez personas en la llamada 'Operación Gürtel', con lo que el número de imputados se eleva a 55. Algunos de estos nuevos imputados están supuestamente relacionados con los negocios del ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), el imputado Arturo González Panero, y otros con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España. El lunes 30 de marzo los deja en libertad.[20]
    • 31 de marzo: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acuerda aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la investigación de la presunta trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel', al encontrar indicios de corrupción en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Se trata de Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que según el tribunal podrían haber cometido cohecho y tráfico de influencias. Además, Garzón acusa al tesorero del PP, Luis Bárcenas, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el senador popular Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.[20]
    • 2 de abril: el diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco, supuestamente implicado en la trama, dimite como portavoz adjunto del grupo popular de la Asamblea de Madrid. Es uno de los tres diputados del PP de la Asamblea, junto a Alberto López Viejo y Alfonso Bosh, sobre los que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ve indicios de posibles delitos.[20]
    • 14 de abril: la Fiscalía Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que tome declaración al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del PP en Les Corts Valencianes, Ricardo Costa, para esclarecer su supuesta relación con el caso.[20]
    • 5 de mayo: el Partido Popular suspende cautelarmente de militancia a los diputados de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, imputados en el 'caso Gürtel', así como al parlamentario regional y ex consejero de Deportes madrileño Alberto López Viejo, implicado en la causa. La decisión la adopta el Comité de Derechos y Garantías, que de este modo admite la petición cursada por los tres tras conocer su implicación en la trama de Francisco Correa.[20]
    • 7 de mayo: el juez Antonio Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al ex consejero de Deportes del Gobierno regional de Madrid y diputado del PP en la Asamblea autonómica Alberto López Viejo, al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.[20]
    • 14 de mayo: el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana cita para el día 19 de mayo al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y al diputado del PP y secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa. Ambos declararán como imputados.[20]
    • 18 de mayo: el magistrado instructor del 'caso Gürtel' en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) traslada al miércoles la declaración prevista para el martes del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Mientras, más de un centenar de cargos públicos del PP arropa a Camps durante un acto institucional celebrado en el Palacio de la Generalidad Valenciana.[20]
    • 20 de mayo: Francisco Camps declara durante casi una hora como imputado por presunto cohecho en el TSJCV. A su salida dice estar "satisfecho y muy contento" de haber contado su verdad. El TSJCV mantiene la imputación al presidente, aunque no le impone medidas cautelares.[20]
    • 21 de mayo: detienen en Barajas a Arturo Gianfranco Fasana, alias Zafa, de nacionalidad suiza, que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción. José Tomás, el sastre que hizo los trajes de Francisco Camps, asegura al juez que "todos" los trajes que constan en el sumario del caso Gürtel fueron pagados por Pablo Crespo, 'número dos' del empresario Francisco Correa, administrador único de Orange Market y en prisión desde el mes de febrero por este caso.[20]
    • 22 de mayo: nueva víctima política del 'caso Gürtel'. Renuncia a su acta de concejal en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, imputado en la presunta trama de financiación ilegal del PP.[20]
    • 9 de junio: el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que investiga en el caso Gürtel, impone una fianza de 1.800.000 euros al ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Se trata de la fianza más alta de las impuestas hasta ahora a los imputados en el 'caso Gürtel'.[20]
    • 16 de junio: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide remitir la causa del 'caso Gürtel' al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y "con carácter urgente", al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas así como a los parlamentarios Jesús Merino y Gerardo Galeote. A Bárcenas le imputa un delito fiscal y otro de cohecho. La Junta Directiva del Partido Popular respalda a Bárcenas y Mariano Rajoy pide a sus militantes qe respalden a la dirección.[20] [22]
    • 22 de junio: la Fiscalía reclama también al Tribunal Supremo que asuma la investigación de todo el 'caso Gürtel' -salvo la parte que se instruye en Valencia- y que pida el suplicatorio ante el Parlamento para proceder contra los parlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino así como del eurodiputado popular saliente Gerardo Galeote.[20]
    • 24 de junio: el Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el 'caso Gürtel'.[20]
    • 6 de julio: el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors decide continuar la tramitación del procedimiento contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un supuesto delito de cohecho y fija la apertura de juicio oral para el próximo día 15.[20]
    • 10 de julio: la Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárcenas y Merino. A su vez, Bárcenas declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".[20]
    • 17 de julio: el Tribunal Supremo llama a declarar como "imputados provisionales" al tesorero del PP, Luis Bárcenas, y al diputado de este partido, Jesús Merino. Bárcelas declarará el 22 de julio y Merino, el 23.[20]
    • 18 y 19 de julio: uno de los responsables de la trama Gürtel asegura que regaló bolsos de lujo a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia. La primera edil anuncia que se querellará contra quien difunda "calumnias" contra su persona y el PP emite un duro comunicado en el exige la comparecencia de los ministros de Interior y Justicia por las filtraciones.[20]
    • 22 de julio: el tesorero del PP y senador Luis Bárcenas comparece durante casi tres horas en el Tribunal Supremo como imputado provisional ante el magistrado Francisco Monterde. A su salida del Supremo, Bárcenas declara sentirse "muy contento de poder haber aportado todas las pruebas que demuestran mi inocencia".[20]
    • 23 de julio: el diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado provisional en el 'caso Gürtel', afirma que espera que su declaración en el Tribunal Supremo (TS) "sirva para aclarar todas y cada una de las dudas que estaban planteadas" sobre su implicación en el caso. Tras abandonar la sede judicial, donde declara durante cerca de dos horas ante el magistrado instructor de la causa, Francisco Monterde, Merino añade que confía en la Justicia y expresa su satisfacción por haber podido declarar sobre este asunto tal y como había pedido. Preguntado sobre si ha justificado su patrimonio ante el magistrado instructor, asegura que no podía decir "nada más" porque las actuaciones están bajo secreto de sumario.[20]
    • 28 de julio: el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas, presenta su dimisión temporal. Bárcenas declaró el pasado 10 de julio que dejaría "de forma transitoria" su cargo como tesorero del partido si, tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo, finalmente el juez pide autorización a las Cortes para imputarle en el caso Gürtel.[20]
    • 29 de julio: un día después de que dimitiera el tesorero del PP, Luis Bárcenas, el diputado popular Jesús Merino renuncia al cargo que ocupaba como miembro de la dirección del partido en el Congreso, si bien mantendrá su escaño de parlamentario del PP. Además, la Sala de los Penal del Tribunal Supremo acuerda elevar al Senado y al Congreso los suplicatorios para seguir investigando a Bárcenas y a Merino por los delitos de cohecho y fraude fiscal.[20]
    • 3 de agosto: la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunida Valenciana archiva la causa interpuesta contra los cuatro acusados por la trama en la Comunidad Valenciana, tras estimar sus recursos. La resolución incluye un voto particular de un magistrado que cree que sólo se debería archivar la causa contra Ricardo Costa, secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts. Ese mismo día, María Teresa Fernández de la Vega anuncia que la Fiscalía General del Estado recurrirá el fallo del TSJCV.[20]
    • 10 de agosto: la Policía registra la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en busca de vínculos con el caso 'Gürtel'. En concreto, las autoridades buscan documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. Al parecer, se trata de documentación reclamada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel.[20]
    • 28 de agosto: la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) deniega la libertad provisional a Francisco Correa, principal imputado por el caso Gürtel, alegando a la posible obstrucción de pruebas y riesgo de fuga. Por otro lado, dimite el director de la TV valenciana. También el ex ministro de Justicia José María Michavila renunció a su escaño en el Congreso, alegando motivos personales y familiares. El despacho de abogados en el que trabaja el se vio relacionado con el caso, ya que varios de sus abogados defendieron al ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.[20]
    • 2 de septiembre: el TSJM revela las razones por las que denegó la libertad provisional a Francisco Correa. Señala que el principal imputado intentó fugarse y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Además, el magistrado prorrogó por un mes más el secreto del sumario.[20]
    • 15 de septiembre: el Pleno del Congreso vota a favor del suplicatorio del diputado popular Jesús Merino, de manera que el Tribunal Supremo puede proseguir investigándole por su presunta implicación en el caso y procesarle, si así lo considera.[20]
    • 24 de septiembre: la 'trama Gürtel' financiaba ilegalmente al PP valenciano. Así lo recoge el informe de la Brigada Policial de Blanqueo que investiga el 'caso Gürtel'. Éste apunta a la existencia de una doble contabilidad y a una serie de facturas falsas a cargo del PP valenciano.[20]
    • 25 de septiembre: varias voces dentro del PP desacreditaron el informe policial, desde Mariano Rajoy a Ricardo Costa, pasando por Javier Arenas y Federico Trillo.[20]
    • 29 de septiembre: el magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), acuerda en un auto levantar parcialmente el secreto del sumario. En el listado de los 71 imputados en la causa, entre otros, está la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar.[20]
    • 1 de octubre: la Fiscalía Anticorrupción recurre ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho que se tramitaba contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.[20]
    • 6 de octubre: el juez ha entregado a los abogados parte del sumario de la trama madrileña de 'Gürtel'. En él se habla de financiación ilegal en el PP de Galicia, en el de Valencia, sale el nombre de Alejandro Agag, cuñado de José María Aznar, y otros muchos políticos relacionados con el PP.[20]
    • 8 y 9 de octubre: los tres diputados imputados en 'Gürtel' dejan el PP en la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre asegura que no se pone "como ejemplo para nadie". El PP valenciano anuncia que propondrá el "cese temporal" de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano.[20]
    • 13 de octubre: el secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, asegura que no va a dimitir en un comunicado leído en la sede del partido en Valencia, donde reitera que ni él, ni Camps, han incumplido la ley, y recalca su lealtad al PP, a Camps y a Rajoy. Horas después, Génova da por hecho la "suspensión" de Costa, pero el PP valenciano lo niega. Camps mantiene a Costa en el cargo, pese a que la dirección nacional del partido le considera destituido.[20]
    • 14 de octubre: Francisco Camps destituye a Ricardo Costa de sus cargos como secretario general del PP valenciano y portavoz en las Corts. Mariano Rajoy estaba dispuesto a expulsar a Costa si éste se empeñaba en aferrarse a sus cargos.[20]
    • 15 de octubre: Rajoy comparece en rueda de prensa y asegura sobre Camps que mantiene "el mismo nivel de confianza de siempre". "No tengo ninguna duda sobre su honradez, dijo, antes de recordar que, "una vez archivado el caso en el TSJ de Valencia, no hay ningún elemento nuevo que haga que deba ser cesado". Además, adelantó que su voluntad es que siga siendo presidente de la Comunitat Valenciana y candidato en las elecciones de 2011. "A mí el señor Camps no me ha mentido", recalcó.[20]
    • 27 de octubre: el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ordena la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros de Antoine Sánchez, uno de los tres imputados que, junto a los líderes de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo, permanecía en prisión preventiva.[20]
    • 23 de noviembre: Pedreira impone una fianza de 750.000 euros al diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de una de las sociedades de la trama de corrupción.[20]
    [editar] En 2010
    • 25 de marzo: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las escuchas grabadas en la cárcel y ordenadas por el Juez Garzón entre los imputados y sus abogados.[20]
    • 5 de abril: el juez exige más de 200 millones de fianza a Correa y a sus colaboradores en "Gürtel".[20]
    • 6 de abril: se levanta parcialmente el secreto de sumario. Entre otras cosas, los 50.000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la policía que dan por hecho que Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama y evidencias que apuntan a la financiación ilegal de esta formación en la Comunidad Valenciana.[20]
    • 8 de abril: Luis Bárcenas pide la baja temporal del PP y la dimisión definitiva como tesorero pero sigue como senador por Cantabria, aunque reitera su absoluta inocencia. El diputado Jesús Merino también pide la baja temporal en el PP. Rajoy propone a Romay Beccaría como sustituto de Bárcenas.[20]
    • 9 de abril: María Dolores de Cospedal confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, también asegura que "no ve obstáculos" para que el ex tesorero siga como senador adscrito al grupo popular.[20]
    • 14 de abril: el PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender al imputado Luis Bárcenas.[20]
    • 16 de abril: el Tribunal Supremo confirma la admisión a trámite de la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, en relación a la intervención de comunicaciones en prisión entre acusados del 'caso Gürtel' y sus letrados.[20]
    • 19 de abril: el ex tesorero del PP Luis Bárcenas presenta en el registro del Senado un escrito por el que renuncia a su escaño en esta Cámara, al igual que el también imputado en la trama Jesús Merino.[20]
    • 22 de abril: la 'mano derecha' del cerebro de la trama, Pablo Crespo, queda en libertad tras pagar 1,2 millones de euros. El juez le retira el pasaporte.[20]
    • 12 de mayo: el Tribunal Supremo acepta los recursos presentados por la Fiscalía y el Partido Socialista del País Valenciano en contra del sobreseimiento de la causa en la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana por su Tribunal Superior de Justicia, y devuelve la causa al mismo para que se reabra y siga la instrucción.[23]
    [editar] El encuentro entre Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo en una cacería

    En los días en que estalló el escándalo del caso Gürtel Baltasar Garzón y Mariano Fernández Bermejo, por entonces Ministro de Justicia, fueron juntos de cacería en el municipio de Torres, en Jaén, coincidiendo también en la cena celebrada a continuación de la cacería con el Comisario General de la Policía Judicial, Juan Antonio González, en esta provincia el Ministro realizó la actividad cinegética ilegalmente al no disponer de permiso de Caza. Fernández Bermejo se vio obligado a dimitir, al levantar sospechas de confabulación entre el poder legislativo y judicial.

    La interpretación del encuentro realizada por los medios fue aprovechada por la dirigencia popular tachándola de "compadreo intolerable" y denunciando una presunta "estrategia de destrucción" puesta en marcha contra su fuerza política y tratar de personarse en el proceso judicial. Sirvió además para recusar a Garzón por su "notoria animadversión" hacia el PP. Ambas peticiones fueron rechazadas, intentándolo por su parte el gobierno de Esperanza Aguirre al considerarse "parte perjudicada" dentro de la investigación.[24] No obstante, el organizador de la cacería, un militante y ex concejal del PP, aseguró que el encuentro fue fortuito y entre un nutrido grupo de personas, hablando sólo de "temas triviales". Además, distintos medios recordarían que las pesquisas llevaban un par de años de labor (en el caso de algunas personas más de cinco años) y que Garzón también fue recusado por las investigaciones sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación por parte de los socialistas en los años 1990, justificándose en su "mala fe" al no ser designado ministro por Felipe González cuando fue diputado bajo las siglas del PSOE, situación ante la cual el PP defendió la continuidad del polémico juez, la cual prevaleció. Posteriormente, Baltasar Garzón, fue denunciado por prevaricación e interceptación ilegal de comunicaciones, como consecuencia de las escuchas realizadas con el objeto de conocer las conversaciones que mantenían en la cárcel los implicados de la trama Gürtel con sus abogados defensores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló finalmente la mayoría de estas intervenciones telefónicas[25]

    [editar] En la Comunidad de Madrid

    Respecto a la comunidad gobernada por Esperanza Aguirre, ante las imputaciones debieron dimitir tres cargos del PP de Madrid (dos autonómicos y uno municipal) que presuntamente recibieron pagos ilícitos a cambio de contrataciones entre 2006 y 2007: el consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega (ambos nombrados por Aguirre); y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Sobre López Viejo, Aguirre expresó su plena confianza:

    "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid [...] López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular"

    Esperanza Aguirre[26] [27]

    Sin embargo, el diario El País y posteriormente El Mundo darían a conocer datos sobre las investigaciones de Garzón que revelan que López Viejo sugería a Francisco Correa, principal imputado en la trama de corrupción, fraccionar los contratos de servicios signados con la Comunidad de Madrid (muchos sin respaldo presupuestario ni la tramitación legal requerida) para presentarlos a través de terceras empresas, evitando así los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo,[28] lo que permitió aumentar los precios de coste hasta en un 40 % más de lo debido y cargar gastos de los actos electorales del PP a distintas consejerías del gobierno regional.[29] De acuerdo a las informaciones aportadas, Esperanza Aguirre siempre depositó en él la responsabilidad de organizar todos sus actos, primeras piedras, presentaciones, inauguraciones, etc. "En total, millones de euros a lo largo de los cinco últimos años".[30]

    No obstante el apoyo ofrecido a López Viejo meses antes, el 2 de mayo de 2010 Esperanza Aguirre afirmó sobre la corrupción y sobre la implicación de su persona en el caso lo siguiente:

    «La corrupción requiere una respuesta política desde el primer momento, como he hecho en la Comunidad de Madrid. Aunque les pese a mis adversarios, en los miles de folios del sumario mi nombre sólo aparece una vez y es para insultarme y decir que les impedía hacer sus negocios»

    Esperanza Aguirre[31]

    El por entonces tesorero nacional —nombrado por Mariano Rajoy tras el polémico Congreso del PP de 2008— y senador por Cantabria desde 2004, Luis Bárcenas, así como el eurodiputado Gerardo Galeote Quevedo y el diputado nacional por Segovia Jesús Merino Delgado, serían imputados por su vinculación a la trama Gürtel. Se da la circunstancia de que Bárcenas se vería envuelto además en el caso de espionaje a miembros del PP en Madrid.[32] [33] [34] El 19 de abril de 2010, Bárcenas y Merino acabarían abandonando sus actas de senador y diputado nacional, respectivamente, rechazando además que su defensa procesal la siguiera costeando su partido.[35]

    Con el paso de los días, aparecerían nuevos nombres relacionados con la presunta trama en la Comunidad de Madrid, como el de Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico del PP cercano a Aguirre, que preside la comisión que investiga el espionaje a cargos populares madrileños contrarios a la presidenta regional por parte de agentes de la Consejería de Interior cuando fungía, a finales de 2006, como alto funcionario en Arganda del Rey.[36] Finalmente, el 18 de febrero de 2009 Martín Vasco se apartó de la presidencia de la comisión rebasado por las críticas.

    En cuanto a la "coincidencia de tiempos" con que se hizo público el caso, se explicó que fue el riesgo de fuga de los implicados lo que precipitó las detenciones, pues los sospechosos estaban ya al corriente de los pinchazos telefónicos y cibernéticos, destruían documentos y preparaban su salida del país.[37]

    El 24 de abril de 2009, el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, llamó a declarar como imputados al diputado regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y al ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Juan Carlos Clemente Aguado. También ha citado a Francisco Correa, al abogado Santiago Lago Borstein y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asíns y Enrique Ruiz de la Fuente.[38]

    El País publicó en mayo del mismo año que en el libro de contabilidad de dinero negro aparecían pagos al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en concreto 220.000 euros, actual portavoz adjunto del PP. Asimismo, se hizo pública la presencia de Álvaro de la Cruz en las anotaciones. De la Cruz fue jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos cuando era secretario general del Partido Popular, y se indica que cobró 30.000 euros.[39]

    El 6 de octubre de 2009, el TSJM levanta el secreto de sumario sobre 17.000 folios de los casi 60.000 de los que consta el mismo,[40] que se corresponden con la instrucción realizada por el juez Baltasar Garzón. La presidenta de la Comunidad de Madrid expulsa del Grupo Parlamentario Popular de la asamblea regional a los tres diputados autonómicos imputados: Alberto López Viejo, Alfonso Bosch Tejedor y Benjamín Martín Vasco. Además, les pide la entrega de sus actas como diputados regionales, ante lo que estos se niegan, pasando a formar parte del hasta entonces inexistente Grupo Mixto del parlamento autonómico.[41] Asimismo, Esperanza Aguirre solicitó a todos los imputados con cargos electos en la Comunidad de Madrid que se desvincularan del Grupo Popular correspondiente, y devolvieran sus actas. El único en atender esta petición fue el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda. Los demás, como el ex-alcalde de Boadilla del Monte, o los anteriores diputados autonómicos, fueron apartados del Grupo Popular, mientras retenían su acta correspondiente.

    El 22 de febrero de 2010, se publica en los medios de comunicación que la Agencia Tributaria española descubrió algunas comisiones sin declarar de nueve altos cargos del PP, los tres diputados y los cuatro alcaldes que fueron forzados por su partido a dimitir de sus cargos o a abandonar el grupo por estar involucrados en la trama, por un valor de 3,8 millones de euros y, consiguientemente, cometiendo un delito de tipo fiscal.[42]

    [editar] En la Comunidad Valenciana

    La Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, también está presente en el caso. Según afirmó más tarde el propio juez Baltasar Garzón, el presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps y otros altos cargos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana habrían concedido adjudicaciones a empresas, supuestamente a cambio de regalos, como trajes, chaquetas, pantalones, etc. Esos regalos se mencionan en las grabaciones donde Álvaro Pérez conversaba con los diversos altos cargos.[43] Además, también llegó a asegurar que existían unas facturas de las dos tiendas donde se compró la ropa, y declaraciones del sastre que se encargaba de suministrársela a Francisco Camps y sus colaboradores, José Tomás.

    Tomás declaró posteriormente que los trajes de Camps eran pagados por Pablo Crespo, dirigente del PP gallego y administrador único de la empresa Special Events (propiedad de Francisco Correa). También aseguró que Francisco Camps se mostraba muy preocupado y le preguntaba nervioso sobre la existencia de facturas a su nombre. Según Baltasar Garzón, estos supuestos sobornos estarían vinculados con una hipotética adjudicación de contratos por casi cinco millones de euros a la empresa de Francisco Correa en Valencia por cuatro años.

    Además de Francisco Camps, Baltasar Garzón también presupone implicación en esta supuesta trama a otros dirigentes del PP valenciano, como el secretario general, Ricardo Costa, o el secretario de organización, José Víctor Campos.[44]

    El 14 de mayo de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), hizo pública la imputación de Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.[45]

    El Partido Popular defendió de inmediato la inocencia de Camps, y llegó a celebrar su imputación porque, según la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal: «Por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa.»[46] Otros dirigentes del PP también defendieron a Camps, como la Portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, quién apeló a la presunción de inocencia del presidente valenciano.[47] Por su parte, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, denunció una «cacería contra Camps», que se debería a sus éxitos electorales en la Comunidad Valenciana.[48]

    El día 15 de mayo fue también imputado por el TSJV el empresario Álvaro Pérez, presidente de Orange Market y amigo íntimo del presidente Camps.[49] La empresa dirigida por Pérez, filial de la Special Events de Francisco Correa, fue la que presuntamente se encargó de suministrar trajes por valor de 12.000 euros a Camps y otros altos cargos del PP valenciano.

    El día 16 Camps apareció públicamente en un mitin del PP en Valencia. En su comparecencia no mencionó explícitamente su imputación en el caso, y se limitó a vaticinar una victoria del PP en las siguientes elecciones europeas y a denunciar que «algunos hacen de la insidia el único camino». En el mismo acto intervino también Ricardo Costa, quien agradeció las múltiples muestras de apoyo que recibían en la calle.[50]

    Camps compareció ante el juez el día 20, y se declaró «muy tranquilo y satisfecho por haber podido dar mi opinión sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos meses». Su declaración ante el Tribunal duró 45 minutos. En la calle, el presidente recibió tanto muestras de apoyo como descalificaciones. Finalmente, el Tribunal encontró indicios suficientes de un posible delito de cohecho y decidió que el presidente valenciano compareciese ya como acusado. No obstante, los jueces que formaban el TSJV decidieron por dos votos contra uno anunciar que no se habían encontrado indicios suficientes de la relación de dichos trajes con los contratos, por lo que se sobreseyó el caso,[51] conociéndose de inmediato por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que dicha sentencia sería recurrida por la Fiscalía General del Estado, lo cual llevó a los dirigentes del Partido Popular a alzar la voz por la presunta falta de independencia del órgano persecutor.

    El 24 de septiembre de 2009, en un nuevo giro del caso, los periódicos El Mundo y El País se hicieron eco de un informe policial que detallaba el funcionamiento de la presunta trama corrupta dentro de la Comunidad Valenciana, explicando el diseño de una doble contabilidad en las empresas involucradas y los arreglos con el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, y con el vicepresidente de la Generalidad, Vicente Rambla, concluyéndose el ingreso de dinero negro a las arcas populares.[52] Dos días más tarde, El País y la cadena SER darían a conocer diversos pinchazos telefónicos policiales, entre ellos el que registra una conversación del vicesecretario de organización del PP de Valencia, David Serra, con Álvaro Pérez "El Bigotes" el 29 de diciembre de 2008, la cual alude a las operaciones entre el partido y una de las empresas de Pérez, así como al conocimiento que de las mismas tenía el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, pues a decir de Serra "éste ('el presi', como se le denomina a Camps en la charla) lo sabe todo", a lo que "El Bigotes" respondió "Sí, ya lo sé".[53]

    El secretario del PP valenciano, Ricardo Costa, fue destituido «temporalmente» por Francisco Camps en octubre de 2009 tras un tira y afloja entre su proclama de independencia del PP valenciano y las presiones ejercidas desde la cúpula nacional de su partido.[54] También serían destituidos el vicesecretario de Organización, David Serra, y la tesorera, Yolanda García.[55]

    [editar] En Galicia

    El caso Gürtel también echó sus raíces en Galicia, pues hubo dinero de aportación para la campaña electoral gallega de 2005. El ex secretario general de organización del Partido Popular en Galicia, Pablo Crespo,[56] es uno de los imputados. Además, en el auto de Garzón figuran una empresa con sede en Vigo y un alto cargo del PP de la Diputación de Pontevedra: el ex alcalde de Cangas José Enrique Sotelo.

    La Xunta de Manuel Fraga autorizó en abril de 2005 la construcción de la cementera de Coirós, denominada Gallega de Molienda de Clinker y presidida por Ramón Blanco, citado a declarar por Baltasar Garzón y antiguo socio de Pablo Crespo.

    Una red de unas 20 compañías con sede en Galicia, lideradas por Ramón Cerdá Sanjuán, acabadas de crear o sinactividad, fue empleada por altos cargos del Partido Popular implicados en el caso para lograr adjudicaciones.

    Juan Casares, ex diputado del PP en el parlamento gallego, y José Enrique Sotelo, diputado provincial por Pontevedra y líder de los populares en Cangas do Morrazo, forman parte también de la trama,[57] al ser responsables de tener certificados de unos parquímetros inexistentes en la villa de Cangas. Por otro lado, las empresas de la familia Casares recibieron un total de 19 millones de euros en contratos de la Xunta entre 2000 y 2005.

    Según un informe policial del que se hicieron eco los medios en el mes de septiembre de 2009, más del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el secretario de organización del partido.

    http://www.nodo50.org/tortuga/article.php3?id_article=3400
    http://www.larepublica.es/spip.php?article4432
        Hace 18 horas y 4 minutos

Publicado por Teuladí en 14:37

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