La pugna por el poder en el TS afecta al caso
Gürtel y Garzón
Un juez progresista y otro conservador optan a presidir la Sala Penal
JOSÉ MARÍA BRUNET | Madrid | 20/09/2010 | Actualizada a las 00:21h | Política
La instancia más importante del Supremo por la repercusión de los procesos que dirige, la Sala Penal, es escenario de una importante pugna por el poder, que puede resolverse con un pacto global para decidir algunos de los nombramientos pendientes más importantes de la organización judicial. Entre ellos, los Tribunales Superiores de Catalunya y Valencia.
El Senado vuelve a intentarlo
El Senado ha convocado a la comisión de Nombramientos para el próximo miércoles. El único punto del orden del día es la propuesta al pleno de la Cámara de los cuatro candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden y cuyo mandato expiró a finales del 2007. La comisión ya fue convocada para el día 15, pero se aplazó.
Para presidir la Sala Segunda se enfrentan dos candidatos, uno conservador, Juan Saavedra, que opta a la reelección, y otro progresista, Joaquín Jiménez, que defiende un cambio sustancial en las relaciones del Supremo con la sociedad, para que su labor –sobre todo en los casos de mayor resonancia– pueda ser mejor entendida. También está sometida a debate la organización interna de la Sala, para que no sean los mismos magistrados los que admiten una querella y los que luego juzgan los hechos, como podría ocurrir con el caso Garzón.
La decisión está en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha iniciado el curso con muchos deberes pendientes. Sobre todo, una docena de importantes nombramientos en puestos clave de la justicia. Hasta ahora, no ha sido posible el pacto por los grandes intereses en juego. El puesto más relevante sin adjudicar es la presidencia de la Sala Segunda del Supremo, porque juzga a los aforados. Esta instancia es la que tendrá la última palabra sobre el caso Gürtel –en general y en lo que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps–, así como sobre el juez Garzón. El juicio contra este magistrado por supuesta prevaricación por su investigación sobre el franquismo ya sólo está pendiente de que se señale una fecha, que se fijará en cuanto haya decisión sobre la presidencia de la Sala.
El actual presidente, Juan Saavedra, tiene a su favor haber sabido mantener la unidad interna frente las críticas que ha recibido esta instancia, sobre todo por su actuación contra Garzón. Los quince magistrados de la Sala Penal han dado una imagen de ausencia de divisiones, en claro contraste con lo sucedido en otros tribunales, como el Constitucional. Saavedra se ha presentado ante el Consejo del Poder Judicial con un programa continuista, para mantener y reforzar la autoridad del Supremo.
Joaquín Jiménez, a su vez, tiene una filosofía distinta. Cree que el Supremo tiene que actuar con mayor transparencia en sus decisiones internas, evitar contradicciones en cuestiones cruciales –como los plazos de prescripción o las escuchas telefónicas, por ejemplo– y salir de sus trincheras, precisamente para conseguir que la sociedad pueda comprender mejor sus decisiones.
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