Que raro será...

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Noemí Martín, Consejera de Bienestar Social y Vivienda

«No es cierto que el Presupuesto aguante sólo hasta las elecciones»

«Damos respuestas distintas cuando en Europa se está en una carrera por desmantelar el Estado del

bienestar»

Noemí Martín. Miki López

Oviedo, P. GONZÁLEZ


Noemí Martín (IU), consejera de Bienestar y Vivienda del Principado, repasa cómo han sido las negociaciones del Presupuesto, señala que el futuro de la ley de Dependencia pasa por una subida estatal de los impuestos, y defiende la libre designación para determinados cargos de funcionarios, al tiempo que critica por escasa la reforma prevista de la ley de Función Pública.

-La negociación presupuestaria menos ruidosa en tiempo. ¿Hizo efecto la advertencia de Javier Fernández sobre que no quería peleas a través de la prensa?

-No, no exactamente. Hicimos un esfuerzo sabiendo que estamos en un momento muy difícil para llevar a cabo una negociación, que no estuvo exenta de dificultades, que buscaba garantizar un Presupuesto que dé una salida a la crisis desde la izquierda. Y algo que es muy importante en este contexto: consolidar el Estado del bienestar con los servicios públicos esenciales a la cabeza.

-Pero en años anteriores...

-Otras veces transcendía más la marcha de la negociación, y esta vez transcendió menos. No significa que haya sido menos compleja. A la gente no le preocupan nuestros problemas, lo que quieren es que les resolvamos los suyos.

-Bienestar es la única consejería que aumenta su Presupuesto, el ERA es el único organismo que aumentará su personal... Da la sensación que hay un ganador.

-No me lo planteo en términos de ganadores y perdedores. Tenemos una fuerza que es la que nos da el voto de la gente y tratamos de utilizarla para influir, pero sobre todo para garantizar la protección social, el desarrollo de la ley de Dependencia o el acceso a la vivienda. Los ganadores de los resultados que se vayan consiguiendo son los ciudadanos.

-Para dar a unos, hubo que recortar a otros.

-Todos hicimos un esfuerzo de contención del gasto. Lo que se busca es que las prioridades políticas se visualicen en el Presupuesto, y demostrar que la influencia de IU en el Gobierno aporta salidas a la crisis desde la izquierda. Todo esto frente a un Gobierno central que está adoptando medidas que tienen mucho más que ver con los intereses de los mercados financieros y con políticas que practica la derecha. En Asturias buscamos respuestas distintas cuando en Europa se está en una carrera desenfrenada para desmantelar el Estado del bienestar.

-¿Es un Presupuesto acorde con el nivel de ingresos, o dentro de unos meses habrá que meter tijera otra vez?

-No sé cómo va a evolucionar, pero Asturias es una comunidad que ha venido haciendo un esfuerzo en las cuentas públicas desde el rigor. Somos la segunda autonomía menos endeudada del país, y venimos haciendo unos Presupuestos bastante ajustados a la realidad. Sí que hubo que hacer ajustes en 2009 y 2010, pero más por las medidas impuestas por el Gobierno estatal que por una previsión errónea.

-Insisto, ¿y en 2011?

-No sé si se tendrá que producir un ajuste. El del 2011 es un Presupuesto en el que se buscan ingresos extraordinarios y que está ajustado a la realidad.

-Hay quien piensa que el Presupuesto sólo aguantará hasta las elecciones, y después «quien venga detrás que arree».

-Esa afirmación no es cierta, al menos por lo que estimamos en la Consejería de Bienestar. Hemos hecho un Presupuesto que abarca la totalidad del año y no hasta junio, sin pensar en quién ganará las elecciones o quién ocupará mi cargo.

-El Principado imita a Gallardón y compra su propio patrimonio para poder endeudarse.

-Es una operación que busca ingresos para inversión, no para pagar deudas, que es lo que hizo Gallardón con Mercamadrid. Se buscan ingresos a través de una empresa pública como Vipasa, que va a pasar de casera a propietaria del parque de vivienda del Principado. La solvencia de la operación está garantizada porque Vipasa, además de contar con los avales del Principado, va a ingresar el dinero de los alquileres, que al año son unos 6 millones de euros. Además, los inquilinos no van a cambiar su situación. Y el parque público se va a ir renovando con las nuevas promociones.

-¿Cuánto se va a disparar el salario social cuando se acabe la ayuda de 426 euros?

-Es difícil hacer un cálculo. No todo el mundo que está recibiendo esta ayuda cumple los requisitos para recibir el salario social. Esperamos que la previsión presupuestaria para 2011 responda a las necesidades que nos podamos encontrar. En todo caso, si hace falta más dinero, está garantizado.

-¿Y la Dependencia?

-En torno a 23.000 personas deberán estar en el sistema en el 2011: las más de 16.000 que ya están, las 4.500 que tienen reconocido el grado y las 2.700 que lo tendrán el 1 de enero. Esto significa que tenemos 20 millones para dar respuesta a los nuevos beneficiarios. Lo que se reducen son las inversiones.

-¿Hasta cuándo se podrá resistir a este ritmo?

-Estamos haciendo un sacrificio muchísimo mayor que el Estado para financiar el sistema. Y de momento, con gran esfuerzo, lo estamos haciendo sostenible.

-¿Habría que parar la ley?

-No. Hay un debate permanente sobre esto. Efectivamente es una ley que se aprobó en un contexto económico más favorable. Este país debe plantearse un debate fundamental: si queremos mantener la prestación de servicios públicos tenemos que modificar la política fiscal estatal.

-Se suprimen 400 puestos de funcionario, y sólo cinco de altos cargos. ¿Proporción escasa?

-Somos una comunidad bastante austera con los altos cargos. En lo que conozco, no hay exceso de ellos.

-¿Y la dedocracia?

-Es lógico que las jefaturas de servicio, las secretarias de despacho o los conductores, sean personal de libre designación. Hay que tener equipos humanos que tengan experiencia, que respondan y que sean leales, no a la fuerza política, sino al trabajo del equipo. A partir de aquí hay otros ámbitos de la función pública que deben desarrollarse por concurso.

-¿Qué le parece la nueva ley de Función Pública?

-Es una modificación parcial. El reto sería abordar una ley que definiera el modelo de función pública. Ya no da tiempo porque estamos a seis meses de acabar la legislatura. Pero esta modificación es necesaria para estabilizar la estructura de aquí a las elecciones. Vivimos una situación complicada desde el punto de vista del personal, ya que es un ámbito que está muy judicializado. Se dieron pasos erróneos y ahora hay que hacer esta modificación parcial de la ley para estabilizar la estructura básica de las consejerías.

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