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Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad
"LOS PODERES PÚBLICOS DEBEN GARANTIZAR LA IGUALDAD"
Amparo Valcarce es una de las artífices de la futura Ley de Dependencia. Para ella, garantizar la igualdad de oportunidades no sólo es un derecho de los discapacitados, también es una obligación de los poderes públicos.
¿Cómo se encuentran los trabajos de elaboración del Libro Blanco de la futura Ley de Dependencia?
Estamos trabajando en él con el mayor rigor porque pretendemos que sea un diagnóstico veraz y ajustado que nos permitirá diseñar un proyecto de Ley sobre la dependencia que responda a las necesidades reales de la población española. Presentamos el Libro Blanco antes del 31 de diciembre y remitiremos el proyecto de ley al Parlamento en el primer semestre de 2005. En este proceso queremos buscar el máximo consenso con los grupos políticos, los agentes sociales y el sector privado. Dado que el Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes constituirá el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, las decisiones en torno a su puesta en marcha deben contar con el mayor refrendo posible.
¿Cuál debe ser la definición de dependencia?
La dependencia, según el Consejo de Europa, es aquel estado en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y ayudas importantes para realizar los actos corrientes de la vida diaria. Esta definición, como se puede observar, es amplia, y no se limita a las personas mayores, aunque el progresivo envejecimiento de la población española es la causa que más dependencia genera. Pero no la única. La dependencia puede afectar a personas de cualquier edad; de hecho, ahí están los accidentes de tráfico y la alta siniestralidad laboral. Por este motivo, se establecerá un baremo, un umbral de entrada para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes. El Libro Blanco nos ayudará a definir estos baremos.
Hay que tener en cuenta que la dependencia no sólo afecta a las personas dependientes sino también a sus familias, que cada vez tienen más dificultades para prestar lo que se ha llamado “el apoyo informal”, por el que se cuidaba en el propio seno familiar a las personas dependientes. La creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que se haya reducido la población cuidadora. Ante esta realidad, el Gobierno está plenamente decidido a dar una repuesta que nos acerque a los niveles de atención de los países de nuestro entorno europeo.
“La dependencia no sólo afecta a las personas dependientes sino también a sus familias”
¿Se pueden garantizar los recursos necesarios para su financiación?
El Gobierno no hubiera tomado una iniciativa tan seria y de tanto calado social como implantar un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia si no hubiera considerado viable obtener los recursos necesarios para ello. El modelo de financiación será el que mejor garantice la sostenibilidad y viabilidad del sistema a largo plazo. Queremos alcanzar un gran acuerdo con los agentes sociales y con los grupos políticos para concretarlo. Habrá que elegir entre los impuestos, las cotizaciones sociales o una fórmula mixta. De todos modos, las recomendaciones del Libro Blanco y el diálogo con los agentes implicados determinarán la propuesta del Gobierno.
¿Qué política seguirá el Gobierno para garantizar la integración de las personas con discapacidad?
Creemos que debe ser una política integral y simultánea que abarque todos los ámbitos en los que se desenvuelve la vida de cualquier ciudadano. Y, lo que es más importante, la estamos desarrollando en estrecha colaboración con las asociaciones de representantes de los discapacitados. Hemos reincorporado a estos colectivos al Real Patronato de la Discapacidad y creado el Consejo Nacional de la Discapacidad. Tenemos una cosa clara: una política sobre discapacidad sin los discapacitados no es una política sobre discapacidad.
Estamos convencidos de que el ámbito laboral es muy importante porque los recursos económicos facilitan la integración en otras áreas sociales y facilitan la independencia y la autonomía personal. Por este motivo, garantizaremos la reserva efectiva de empleo público para discapacitados y potenciaremos la creación y la función de los centros especiales de empleo. Además, es fundamental que las personas discapacitadas tengan un entorno accesible para poder llegar a su lugar de trabajo, al colegio o a la universidad, para no tener dificultades de movilidad en su vivienda, para poder utilizar el transporte público, para poder ir a un concierto, al teatro o al cine. El primer ejemplo del compromiso del Gobierno con la accesibilidad lo dio el presidente del Gobierno al hacer completamente accesible el complejo de La Moncloa. Fruto de esa convicción, hemos incrementado en casi un 10 por ciento los recursos destinados a desarrollar convenios de accesibilidad para eliminar las barreras físicas y virtuales a las que se enfrentan cada día muchos ciudadanos. También son necesarios los servicios sociales y las ayudas técnicas que ayuden al discapacitado a suplir sus limitaciones.
¿Es posible alcanzar una real igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidades?
Estamos trabajando para seguir avanzando en esa dirección. Las asociaciones de discapacitados son quienes nos mantienen informados sobre las necesidades que van surgiendo en el sector y, desde aquí, quiero animar a las propias personas con discapacidad a que sigan ejerciendo y reclamando sus derechos en todos los ámbitos ciudadanos porque para que los derechos no queden sólo sobre el papel hay que activarlos en la realidad de la vida cotidiana. La sociedad de igualdad de oportunidades es un derecho de las personas discapacitadas y una obligación de los poderes públicos, que no pueden desaprovechar la riqueza humana, social y laboral de este grupo de población. Por este motivo, estamos decididos a desarrollar reglamentariamente la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que servirá para seguir avanzando.
¿Cuáles son los referentes europeos que podríamos incorporar a nuestra futura Ley de Dependencia?
Alemania o Luxemburgo tienen sistemas que funcionan muy bien y que hemos estudiado en detalle, pero esto no quiere decir que podamos trasplantar el modelo alemán a España. El fenómeno de la dependencia tiene en nuestro país unas características propias a las que debe adaptarse y responder el sistema que se implante en nuestro país.
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Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad
"LOS PODERES PÚBLICOS DEBEN GARANTIZAR LA IGUALDAD"
Amparo Valcarce es una de las artífices de la futura Ley de Dependencia. Para ella, garantizar la igualdad de oportunidades no sólo es un derecho de los discapacitados, también es una obligación de los poderes públicos.
¿Cómo se encuentran los trabajos de elaboración del Libro Blanco de la futura Ley de Dependencia?
Estamos trabajando en él con el mayor rigor porque pretendemos que sea un diagnóstico veraz y ajustado que nos permitirá diseñar un proyecto de Ley sobre la dependencia que responda a las necesidades reales de la población española. Presentamos el Libro Blanco antes del 31 de diciembre y remitiremos el proyecto de ley al Parlamento en el primer semestre de 2005. En este proceso queremos buscar el máximo consenso con los grupos políticos, los agentes sociales y el sector privado. Dado que el Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes constituirá el cuarto pilar de la sociedad del bienestar, las decisiones en torno a su puesta en marcha deben contar con el mayor refrendo posible.
¿Cuál debe ser la definición de dependencia?
La dependencia, según el Consejo de Europa, es aquel estado en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y ayudas importantes para realizar los actos corrientes de la vida diaria. Esta definición, como se puede observar, es amplia, y no se limita a las personas mayores, aunque el progresivo envejecimiento de la población española es la causa que más dependencia genera. Pero no la única. La dependencia puede afectar a personas de cualquier edad; de hecho, ahí están los accidentes de tráfico y la alta siniestralidad laboral. Por este motivo, se establecerá un baremo, un umbral de entrada para acceder a las prestaciones del Sistema Nacional de Atención a las Personas Dependientes. El Libro Blanco nos ayudará a definir estos baremos.
Hay que tener en cuenta que la dependencia no sólo afecta a las personas dependientes sino también a sus familias, que cada vez tienen más dificultades para prestar lo que se ha llamado “el apoyo informal”, por el que se cuidaba en el propio seno familiar a las personas dependientes. La creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo hace que se haya reducido la población cuidadora. Ante esta realidad, el Gobierno está plenamente decidido a dar una repuesta que nos acerque a los niveles de atención de los países de nuestro entorno europeo.
“La dependencia no sólo afecta a las personas dependientes sino también a sus familias”
¿Se pueden garantizar los recursos necesarios para su financiación?
El Gobierno no hubiera tomado una iniciativa tan seria y de tanto calado social como implantar un Sistema Nacional de Atención a la Dependencia si no hubiera considerado viable obtener los recursos necesarios para ello. El modelo de financiación será el que mejor garantice la sostenibilidad y viabilidad del sistema a largo plazo. Queremos alcanzar un gran acuerdo con los agentes sociales y con los grupos políticos para concretarlo. Habrá que elegir entre los impuestos, las cotizaciones sociales o una fórmula mixta. De todos modos, las recomendaciones del Libro Blanco y el diálogo con los agentes implicados determinarán la propuesta del Gobierno.
¿Qué política seguirá el Gobierno para garantizar la integración de las personas con discapacidad?
Creemos que debe ser una política integral y simultánea que abarque todos los ámbitos en los que se desenvuelve la vida de cualquier ciudadano. Y, lo que es más importante, la estamos desarrollando en estrecha colaboración con las asociaciones de representantes de los discapacitados. Hemos reincorporado a estos colectivos al Real Patronato de la Discapacidad y creado el Consejo Nacional de la Discapacidad. Tenemos una cosa clara: una política sobre discapacidad sin los discapacitados no es una política sobre discapacidad.
Estamos convencidos de que el ámbito laboral es muy importante porque los recursos económicos facilitan la integración en otras áreas sociales y facilitan la independencia y la autonomía personal. Por este motivo, garantizaremos la reserva efectiva de empleo público para discapacitados y potenciaremos la creación y la función de los centros especiales de empleo. Además, es fundamental que las personas discapacitadas tengan un entorno accesible para poder llegar a su lugar de trabajo, al colegio o a la universidad, para no tener dificultades de movilidad en su vivienda, para poder utilizar el transporte público, para poder ir a un concierto, al teatro o al cine. El primer ejemplo del compromiso del Gobierno con la accesibilidad lo dio el presidente del Gobierno al hacer completamente accesible el complejo de La Moncloa. Fruto de esa convicción, hemos incrementado en casi un 10 por ciento los recursos destinados a desarrollar convenios de accesibilidad para eliminar las barreras físicas y virtuales a las que se enfrentan cada día muchos ciudadanos. También son necesarios los servicios sociales y las ayudas técnicas que ayuden al discapacitado a suplir sus limitaciones.
¿Es posible alcanzar una real igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidades?
Estamos trabajando para seguir avanzando en esa dirección. Las asociaciones de discapacitados son quienes nos mantienen informados sobre las necesidades que van surgiendo en el sector y, desde aquí, quiero animar a las propias personas con discapacidad a que sigan ejerciendo y reclamando sus derechos en todos los ámbitos ciudadanos porque para que los derechos no queden sólo sobre el papel hay que activarlos en la realidad de la vida cotidiana. La sociedad de igualdad de oportunidades es un derecho de las personas discapacitadas y una obligación de los poderes públicos, que no pueden desaprovechar la riqueza humana, social y laboral de este grupo de población. Por este motivo, estamos decididos a desarrollar reglamentariamente la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que servirá para seguir avanzando.
¿Cuáles son los referentes europeos que podríamos incorporar a nuestra futura Ley de Dependencia?
Alemania o Luxemburgo tienen sistemas que funcionan muy bien y que hemos estudiado en detalle, pero esto no quiere decir que podamos trasplantar el modelo alemán a España. El fenómeno de la dependencia tiene en nuestro país unas características propias a las que debe adaptarse y responder el sistema que se implante en nuestro país.
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