Alicante
11 diciembre 2010
El próximo día 14 se cumplen cuatro años de la implantación de le Ley de Dependencia, un aniversario que, teniendo en cuenta las estadísticas facilitadas por el Imserso, no va a ser demasiado 'feliz' en la Comunidad Valenciana, ya que continúa por la cola junto con las comunidades de Madrid y Canarias.
Desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Elche, ofrecieron ayer la «pesimista valoración» de los últimos resultados al día 1 de este mes, respecto a la situación de la gran cantidad de expedientes de la Comunidad Valenciana que aún están por resolver.
La portavoz de la plataforma, Rosario Rives, manifestó que «no ha habido ninguna mejora en las cifras». No solo la Comunidad Valenciana se encuentra a la cola en la tramitación de expedientes, sino que también se sitúa de las últimas en cuanto a solicitudes, algo que «puede deberse a la falta de promoción por parte de la Generalitat y a la escasa información que tienen los ciudadanos», según explicó Rives. Además, recordó que en el V Dictamen del Observatorio de la Dependencia, «la Comunidad Valenciana sigue teniendo la triste puntuación de 2 sobre 10».
Por su parte, la concejal de Bienestar Social, Vicenta Pérez, señaló que, desde el pasado 2007 «todavía son más de 600 los dependientes que esperan las ayudas por parte de la Generalitat», de las más de 3.000 solicitudes presentadas en ese año. La edil remarcó que, de las solicitudes realizadas el pasado año 2009, 234 expedientes, ya deberían tener resolución, «teniendo en cuenta que en junio se acordó la agilización del recurso, por lo que se fijó un plazo máximo de seis meses para que los dependientes recibieran las subvenciones que les corresponden».
Defunciones
Vicenta Pérez destacó además que desde que se aprobó la Ley de Dependencia se ha producido un total de 1.100 fallecimientos de personas que habían solicitado la ayuda, y todavía esperaban la resolución de sus expedientes. Por este motivo, la concejal señaló que «los dependientes se ven obligados a esperar hasta tres años para recibir las subvenciones aunque muchos de ellos no tienen tanto tiempo».
La portavoz de la plataforma remarcó también que «no es justo para estas personas que fallecen que sus expedientes sean archivados ya que ellos no tienen la culpa de no haber recibido la ayuda aún». Además, es algo que la ley no contempla por lo que «son sus familiares los que deberían recibir las subvenciones que les deben», apostilló.
Desde la plataforma apoyan también a los familiares de las personas dependientes que han acudido a la vía judicial para reclamar «un derecho que les corresponde». Aseguran que son ya más de 150 los que han recurrido a los tribunales en la Comunidad Valenciana y animan a los afectados a solicitar un abogado de oficio para llegar al contencioso administrativo ya que, de lo contrario, muchas de las personas afectadas no se podrían permitir los gastos del procedimiento. Según la portavoz, «después de todo este tiempo está comprobado que si no son ellos mismos los que reclaman aquello que les pertenece por derecho no se lo van a dar, a pesar de que esté estipulado por ley».
Ante tal situación, el único dato positivo en este último seguimiento realizado por el Ayuntamiento de Elche, según comenta Vicenta Pérez, es que mientras el tiempo medio de resolución de un expediente estaba en dos años y un mes, en la actualidad se sitúa en un año y medio. Aunque sigue superando el plazo máximo de seis meses estipulado, «ha sido un avance en este último periodo».
Así, Rosario Rives señaló que las circunstancias que viven los dependientes en la comunidad no son comparables a las de otras comunidades. Mientras que en el resto de autonomías catorce de cada mil ciudadanos son beneficiarios de la Ley de Dependencia, en la Comunidad Valenciana tan solo siete de cada mil personas reciben alguna atención, «lo que demuestra que aquí existen la mitad de posibilidades de ser beneficiario de esta ley».
Rives añadió que «no nos sirve la excusa de que estamos en crisis. Por este motivo, si se trata de tener prioridades en los presupuestos del gobierno autonómico, no consentimos que la Ley de Dependencia se quede fuera».
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