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Contra la corrupción
RUBÉN MARTÍNEZ
El 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, es una jornada que en nuestra Comunidad Valenciana, desde hace años, debería ser de carácter diario más que anual ya que las corruptelas políticas, cuando no la corrupción más vergonzante, ocupa de forma insistente muchas de las importantes instituciones gobernadas por el Partido Popular, empezando por el decano del tema, el presidente de la Diputación de Castellón con peticiones de 17 años de cárcel por parte de la Fiscalía en procesos que van, desde el presunto tráfico de influencias, hasta la posible falsedad en documento público; continuando con toda la trama "Gürtel" en la que los trajes del "amiguito del alma" del presidente de la Generalitat son lo de menos; y finalizando con las basuras de todo tipo del caso Brugal que atenaza al presidente de la Diputación de Alicante y a varios ayuntamientos gobernados por los populares desde Calpe hasta Orihuela. En una situación así, con la corrupción generalizada instalada en los resortes del poder manejado por los populares, el 9 de diciembre, más que un día de lucha contra la corrupción, debería convertirse en el día a día de la denuncia por parte de la gran mayoría, silenciosa en demasiadas ocasiones, que forman miles y miles de cargos políticos desde Vinaroz hasta Pilar de la Horadada.
Policía y jueces. Cuando los informes policiales ponen de manifiesto que el PP utiliza presuntos favores para liquidar su deuda electoral a base de pagos en dinero negro, contaminando con ello la limpieza de la libre expresión de la soberanía popular; cuando la Fiscalía, de forma reiterada, investiga a los presidentes de la Generalitat y de las diputaciones de Castellón y Alicante por haber tomado decisiones que presumiblemente priman más su interés personal, familiar o de amistad que el general de los administrados; y cuando los jueces abren diligencias sobre actuaciones en las que están inmersos los más cualificados dirigentes del PP valenciano, la presunción de inocencia de todos ellos se tambalea al comprobar, aún siendo inocentes hasta que un tribunal decida lo contrario, su negativa a asumir la responsabilidad política tal y como, por muchísimo menos, han hecho otros políticos socialistas quienes, ante la más mínima sospecha, no han dudado en dimitir de sus responsabilidades institucionales. En política, donde como la mujer del César además de ser honrado debe parecerlo, una cosa son las sentencias de los tribunales y otra, muy diferente, la percepción que de los presuntos corruptos tiene la ciudadanía ¿Hasta cuándo tenemos que continuar los valencianos pasando la vergüenza de tener un presidente de la Generalitat imputado por un delito de cohecho? ¿Hasta cuándo habrá que aguantar que nuestra tierra abra telediarios y portadas de periódicos a causa de la corrupción que policías, jueces y fiscales imputan al PP? En la lucha contra la corrupción la Comunidad Valenciana no tiene bastante con el 9 de diciembre, necesita todos los días del año.
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