Sábado 11 de septiembre de 2010
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Alicante
El presidente de la corporación provincial rechaza dejar el cargo y dice que tiene la conciencia tranquila
01:41
El presidente de la Diputación conversa con el ya dimitido portavoz socialista en una imagen de archivo. información
M. GALLEGO/ REDACCIÓN
El escándalo de las basuras de la Vega Baja se ha cobrado su primera víctima política. Después de tres años de investigaciones, vigilancias y teléfonos intervenidos, y a los dos meses de la toma de la Diputación y del domicilio particular de su presidente por el operativo policial que llevó a cabo más de una decena detenciones y registros, el PSPV forzó ayer la dimisión de su portavoz en la Corporación provincial de este cargo, Antonio Amorós, poco antes de que el partido le abriera un expediente y le suspendiera de militancia. Amorós mantiene de momento, eso sí, tanto su acta de diputado como la de concejal en el Ayuntamiento de Elche. Las pesquisas policiales le sitúan como colaborador del empresario oriolano Ángel Fenoll para conseguir la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja, germen de este proceso, que al final consiguió el empresario Enrique Ortiz. Tanto Fenoll como Ortiz están también imputados.
Con todo, la caída forzada de Amorós, quien ayer en rueda de prensa aseguró que no se le imputa ningún delito y recordó que los políticos implicados en este asunto eran del PP, fue bastante más que la reacción observada en los populares. Esta formación política cerró filas en torno a Ripoll con manifestaciones como las del jefe del Consell, Francisco Camps, planteando que dejen al líder de los populares en Alicante que se explique, y por la acusación del secretario de Organización del PP en la Comunidad, Antonio Clemente, contra el secretario de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, de dar un trato diferente a los militantes que no le apoyan. Nada más. El silencio más absoluto desde Génova mientras Alarte instaba a los populares a que tomaran ejemplo de la reacción del PSPV para seguirla en todos los casos de corrupción que salpican al PP.
En este contexto compareció a mediodía de ayer Ripoll ante los medios de comunicación para volver a proclamar su "honorabilidad". Imputado en este proceso por prevaricación y cohecho, entre otros cargos, Ripoll negó, en contra de lo recogido en el informe policial, que se hubiera beneficiado por facilitar la adjudicación del plan zonal a Ortiz con dos pisos en el centro de Alicante (o su valor en metálico, fijado en un millón de euros). Unos inmuebles que sí visitó, dijo, porque quería comprarse una casa que al final adquirió en otro lugar y cuya hipoteca mostró ayer a los periodistas junto con su Registro de bienes patrimoniales que obra en la Diputación y en el que no constan esas dos viviendas.
Aunque admitió que había disfrutado en varias ocasiones del barco de Ortiz, explicó que fue sin contraprestación alguna, que en uno de los casos cada uno pagó lo suyo de su bolsillo y que estaba convencido de que había actuado correctamente. Sin embargo, su tranquilidad de conciencia contrasta con algunas de las conversaciones recogidas en el extenso informe policial cuyo secreto levantó el juez Carlos San Martin a principios de semana. En una de ellas, que aparece desarrollada en las páginas siguientes, otro de los imputados, Rafael Gregory, hombre de confianza tanto de Ripoll como de los dos empresarios y pieza clave en los negocios de ambos, le comunica a un familiar el interés del presidente de la Diputación en que no sepa su presencia en el barco de Ortiz.
Excepto Ripoll y Amorós, ninguna de los imputados en este caso quiso ayer hacer declaraciones sobre el contenido del informe policial que, en mayor o menor grado, les involucra en esta investigación por corrupción. Unas pesquisas que revelan también que el alcalde de Callosa del Segura, el popular Javier Pérez Trigueros, habría recibido pagos en metálico por parte de Ángel Fenoll durante los años 2007 y 2008, hecho que la Policía relaciona con la ampliación del contrato de recogida de basura y limpieza viaria con Colsur. O cómo un hermano de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, habría intervenido en la adjudicación de la contrata municipal de esta localidad al omnipresente Fenoll al confeccionarse una plica prácticamente a medida. En otro momento del informe policial los investigadores afirman que una empresa de jardinería vinculada también a Fenoll sería en realidad la tapadera de otra en la que tendría intereses el hermano de Lorente, y que sólo durante 2005 facturó al Ayuntamiento oriolano más de un millón de euros.
Pero los datos que obran en poder del juez ponen en evidencia otros aspectos que ha dejado al descubierto la investigación, como que la tercera parte de los ingresos de Canal 37 procedían de las arcas públicas o cómo Fenoll no tenía reparo alguno en sembrar su oficina de cámaras para que quedara inmortalizada la entrega de fajos de billetes en bolsas de papel.
Camps: "Lo importante es lo que él explique"
"Lo importante son las explicaciones que dé él mismo". Con estas palabras zanjó ayer el líder de los populares valencianos su opinión acerca del informe policial en el que a Ripoll se le atribuye haberse beneficiado con dádivas millonarias por su participación en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja al empresario Enrique Ortiz. El secretario general del partido, Antonio Clemente, acusó al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, de tratar a los militantes socialistas "de forma diferente, dependiendo de si le apoyan o no". Clemente criticó que Alarte "no tomó ninguna medida" cuando el alcalde de Elche, Alejandro Soler, "reconoció haber pagado con dinero municipal actos de partido", mientras que ahora "pide la suspensión de militancia de alguien que no está acusado formalmente de nada". E instó al líder socialista a "explicar por qué no le pide el acta de diputado y la de concejal a Amorós" temiendo que se trate "del inicio de un nuevo caso Benidorm, donde detrás de todos los pasos de los tránsfugas estaba la dirección del partido".
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