Esta parece ser nuestra lotería, nuestra suerte: tener que soportar estas crudas situaciones.
La vida se ve muy distinta desde una silla de ruedas, cuando tan sólo levantarse de la cama requiere de un gran esfuerzo y se necesita la ayuda de otra persona para afrontar el día a día con éxito. Javier e Ignacio conocen bien esta sensación. Estos dos discapacitados físicos vitorianos, miembros de la asociación Eginaren Eginez, han solicitado las ayudas de la Ley de Dependencia, un trámite «complejo» y cuyos resultados no siempre son satisfactorios.
Poco imaginaba Francisco Javier Ruiz que con 9 años su vida cambiaría para siempre. Perdió su mano en un accidente con una segadora y una operación posterior provocó consecuencias imprevistas. «No sé si tocaron un nervio, pero se me paralizó todo el cuerpo y perdí la vista. Me llevaron a Madrid y dijeron que era un virus y no duraría. Volví a Vitoria y estuve tres meses en casa, esperando morir, pero mejoré». Ahora tiene 48 años.Parapléjico de cintura para abajo y con escasa visión en un ojo, su madre le enseñó «que podía ser igual que mis hermanos».Y se aplicó. Conduce coche y moto, nada y ha viajado como el que más. Desde hace una década, vive solo en su piso adaptado. «Cuando murieron mis padres me entró una depresión y mis hermanos me ayudaron», agradece. Pero necesitaba ayuda y contrató a una chica interna. «Uso una tumbona especial para pasar a la cama, al sofá, a la ducha... pero cocinar, limpiar o lavar tiene que hacerlo ella». Una ayuda imprescindible que cuesta 700 euros al mes y apenas cubre con los escasos mil de su pensión de discapacidad y de las dos pagas que recibe como huérfano. «Mi familia me echa una mano, pero estoy algo empeñado».
Solicitó la ayuda de la nueva ley, recurrió la primera valoración y le diagnosticaron el grado tres, de gran dependencia, que le da derecho a 487 euros. «Aún no he cobrado. Será una lotería para vivir más desahogado, aunque perdería parte de una de las pensiones», reconoce, feliz «por la gente que me quiere».
Ley insuficiente
Menos satisfecho se siente Ignacio de la Loma, un joven de 33 años que nació con espina bífida. Acostumbrado a afrontar retos, desde hace un mes se desenvuelve por sí solo en su hogar, ayudado dos horas al día por una asistenta, donde cuatro meses antes vivía con su madre. «Su demencia se agravó, tenía una dependencia grado 3 y está en una residencia privada». «Con lo que le dan por la ley, sumado a los 500 por viudedad, no pagan los 1.800 de la plaza y como en las públicas no hay...», se lamenta. Sin más ingresos que los 600 euros por orfandad y numerosos gastos, el panorama no era halagüeño. Con problemas de salud, cayó en la depresión. «En el hospital de Leza evaluaron mi dependencia». El diagnóstico, grado uno, el más moderado y sin prestaciones. «Antes tenía un 79% de minusvalía y se fijaban en aspectos sociales, económicos y físicos. Ahora sólo en esto último», denuncia. Y no ahorra criticas a una ley que «ha prometido mucho pero no da para todos, están desbordados y a muchos nos tiran a la baja».
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