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Políticas públicas ¿para quién?
En el sur de Europa, los más ricos tienen el doble de posibilidades de acceder a los servicios de atención a la dependencia que los más pobres
- • Los efectos de los servicios públicos para los pobres son perniciosos sobre la desigualdad global
SEBASTIÁN Sarasa*
El pasado día 15 de enero, en las páginas de este periódico, mi apreciado colega Guillem López Casasnovas comentaba los resultados negativos de la encuesta financiera de las familias realizada por el Banco de España. Coincido con él en que la evolución seguida por la distribución de la renta y de la riqueza de los residentes en España entre los años 2002 y 2005 es preocupante, ya que el aumento de la desigualdad en la distribución de la riqueza no augura un escenario halagüeño. También estoy de acuerdo con él en que es preciso llevar a cabo las correcciones pertinentes. Sin embargo, a mi juicio, las correcciones que Guillem López sugiere son cuestionables, si no erróneas (pace Guillem).
En modo resumido, su argumento venía a decir: dado que las desigualdades están creciendo, la situación reclama políticas públicas con menos universalismo populista (cheques por nacimiento y leyes de dependencia universal) y más orientación de los recursos públicos hacia un gasto selectivo que se oriente solo hacia aquellas personas con pocos recursos económicos.
EN APARIENCIA,una propuesta de este tipo parece de sentido común si pretendemos reducir las desigualdades. ¡Qué mejor estrategia que dedicar los fondos públicos a ayudar solo a los pobres! Sin embargo, las ciencias sociales nos han ilustrado que lo que parece de sentido común, no siempre es lo más eficiente, y el caso de las políticas sociales selectivas es un buen ejemplo de lo que se ha venido a llamar la paradoja redistributiva. En esencia, tal paradoja consiste en lo siguiente: la porción de riqueza nacional que los gobiernos dedican a atender las necesidades de la población es el resultado de las coaliciones políticas a favor de aumentar su cuantía, y unos servicios públicos que solo benefician a unos pocos, y débiles, están condenados a ser de escasa calidad al carecer de los apoyos políticos necesarios para mejorarlos.
Cuando las prestaciones públicas benefician a todos los ciudadanos, es más fácil la aparición de coaliciones estables a favor de aumentar la calidad de los servicios públicos, un resultado que beneficia sin duda a los más pobres, cuya capacidad de presión política es muy reducida y, por sí solos, tienen escasa influencia en las decisiones políticas que afectan a los servicios públicos que han de consumir. Por otro lado, los efectos que tienen unos servicios públicos dirigidos exclusivamente a los pobres tienen efectos perniciosos sobre la desigualdad global de una sociedad, ya que la mayoría de los ciudadanos se ven empujados a buscar su protección en el mercado que, por lo general, genera más desigualdades que el sector público.
SI TOMAMOS eL caso de las políticas de atención a las personas dependientes, los datos de la encuesta Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe (Estudio sobre la salud, la vejez y la jubilación en Europa) nos ofrecen una información demoledora en contra de unos servicios públicos solo para pobres. Sabemos que el riesgo de padecer una dependencia no se distribuye de igual manera entre todos los estratos sociales y que dicho riesgo es mayor entre los más pobres. En Austria y Alemania, en los años 90, sus gobiernos tuvieron a bien extender el derecho a las prestaciones por dependencia a todos sus ciudadanos. Como resultado, los más pobres tienen ahora una probabilidad de obtener servicios de atención a la dependencia un 30% más elevada que los ricos. En los países escandinavos, donde las prestaciones universales tienen una tradición más arraigada, una persona mayor de 60 años cuya renta se sitúa en el nivel más bajo de la distribución, tiene una probabilidad de recibir servicios profesionales 3,5 veces superior a la de una persona rica.
Paradójicamente, en los países del sur de Europa, incluida España, donde las políticas de atención a los dependientes son selectivas y, en teoría, deberían beneficiar a los más pobres, la relación se invierte, y los más ricos tienen una probabilidad de acceso a los servicios de atención a la dependencia que es el doble de la que tienen los más pobres. Los servicios vendidos en el mercado tienen un precio que solo pueden pagar los más ricos, y la escasa provisión pública reduce la oferta accesible a los pobres. A esto cabe añadir el carácter vergonzante que tiene para muchas familias el verse sometidas a intromisiones en su vida privada para acabar siendo públicamente etiquetadas de pobres, razón por la cual son muchas las familias que finalmente renuncian a ejercer sus derechos.
POR ESTAS razones, la ley de atención universal a las personas dependientes, aprobada el año pasado por las Cortes españolas, así como la ley de servicios sociales universales, aprobada por el Parlament de Catalunya, lejos de ser medidas populistas, son instrumentos eficaces para mitigar los efectos de la creciente desigualdad. Quienes están en desacuerdo con las políticas sociales universalistas podrán argumentar otras razones, pero nunca que las políticas selectivas producen una mejor equidad distributiva en el acceso a los servicios.
* Profesor de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra.
En modo resumido, su argumento venía a decir: dado que las desigualdades están creciendo, la situación reclama políticas públicas con menos universalismo populista (cheques por nacimiento y leyes de dependencia universal) y más orientación de los recursos públicos hacia un gasto selectivo que se oriente solo hacia aquellas personas con pocos recursos económicos.
EN APARIENCIA,una propuesta de este tipo parece de sentido común si pretendemos reducir las desigualdades. ¡Qué mejor estrategia que dedicar los fondos públicos a ayudar solo a los pobres! Sin embargo, las ciencias sociales nos han ilustrado que lo que parece de sentido común, no siempre es lo más eficiente, y el caso de las políticas sociales selectivas es un buen ejemplo de lo que se ha venido a llamar la paradoja redistributiva. En esencia, tal paradoja consiste en lo siguiente: la porción de riqueza nacional que los gobiernos dedican a atender las necesidades de la población es el resultado de las coaliciones políticas a favor de aumentar su cuantía, y unos servicios públicos que solo benefician a unos pocos, y débiles, están condenados a ser de escasa calidad al carecer de los apoyos políticos necesarios para mejorarlos.
Cuando las prestaciones públicas benefician a todos los ciudadanos, es más fácil la aparición de coaliciones estables a favor de aumentar la calidad de los servicios públicos, un resultado que beneficia sin duda a los más pobres, cuya capacidad de presión política es muy reducida y, por sí solos, tienen escasa influencia en las decisiones políticas que afectan a los servicios públicos que han de consumir. Por otro lado, los efectos que tienen unos servicios públicos dirigidos exclusivamente a los pobres tienen efectos perniciosos sobre la desigualdad global de una sociedad, ya que la mayoría de los ciudadanos se ven empujados a buscar su protección en el mercado que, por lo general, genera más desigualdades que el sector público.
SI TOMAMOS eL caso de las políticas de atención a las personas dependientes, los datos de la encuesta Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe (Estudio sobre la salud, la vejez y la jubilación en Europa) nos ofrecen una información demoledora en contra de unos servicios públicos solo para pobres. Sabemos que el riesgo de padecer una dependencia no se distribuye de igual manera entre todos los estratos sociales y que dicho riesgo es mayor entre los más pobres. En Austria y Alemania, en los años 90, sus gobiernos tuvieron a bien extender el derecho a las prestaciones por dependencia a todos sus ciudadanos. Como resultado, los más pobres tienen ahora una probabilidad de obtener servicios de atención a la dependencia un 30% más elevada que los ricos. En los países escandinavos, donde las prestaciones universales tienen una tradición más arraigada, una persona mayor de 60 años cuya renta se sitúa en el nivel más bajo de la distribución, tiene una probabilidad de recibir servicios profesionales 3,5 veces superior a la de una persona rica.
Paradójicamente, en los países del sur de Europa, incluida España, donde las políticas de atención a los dependientes son selectivas y, en teoría, deberían beneficiar a los más pobres, la relación se invierte, y los más ricos tienen una probabilidad de acceso a los servicios de atención a la dependencia que es el doble de la que tienen los más pobres. Los servicios vendidos en el mercado tienen un precio que solo pueden pagar los más ricos, y la escasa provisión pública reduce la oferta accesible a los pobres. A esto cabe añadir el carácter vergonzante que tiene para muchas familias el verse sometidas a intromisiones en su vida privada para acabar siendo públicamente etiquetadas de pobres, razón por la cual son muchas las familias que finalmente renuncian a ejercer sus derechos.
POR ESTAS razones, la ley de atención universal a las personas dependientes, aprobada el año pasado por las Cortes españolas, así como la ley de servicios sociales universales, aprobada por el Parlament de Catalunya, lejos de ser medidas populistas, son instrumentos eficaces para mitigar los efectos de la creciente desigualdad. Quienes están en desacuerdo con las políticas sociales universalistas podrán argumentar otras razones, pero nunca que las políticas selectivas producen una mejor equidad distributiva en el acceso a los servicios.
* Profesor de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra.
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