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❏ TRIBUNA
Con el agua al cuello
La próxima legislatura no va a ser la del trasvase del Ebro, por mucho que se empeñe el presidente Camps, y esto debido también por exclusivos motivos económicos.
Francisco Camps y Mariano Rajoy,
en Alicante
Con el agua al cuello
La próxima legislatura no va a ser la del trasvase del Ebro, por mucho que se empeñe el presidente Camps, y esto debido también por exclusivos motivos económicos.
Francisco Camps y Mariano Rajoy,
en Alicante
Al parecer, la confección del programa electoral del PP para las próximas elecciones del 9 de marzo, está dando no pocos calentamientos de cabeza a los encargados de su redacción.
Contrariamente a lo que se suele pensar acerca del valor que tienen los compromisos electorales (poco o ninguno, dicen algunos) soy de la opinión, y en este caso se puede comprobar, de que los mismos contienen un valor notable. Y éste no es tanto por lo que pueden decir, como por lo que pueden también ocultar.
Viene esto a cuento de la conocida polémica acerca del trasvase del Ebro que desde la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana viene reclamando el Partido Popular de estas comunidades y la negativa que desde Aragón y Cataluña dan sus correligionarios a esta cuestión.
Esta discusión no es en absoluto marginal, porque podría decirse: ¿qué más da que se incluya con pelos y señales el compromiso o que haya una referencia genérica diciendo que «se llevará agua al que lo necesite?». Posiblemente en otras circunstancias eso sería admisible, pero se han dicho tantas cosas sobre el compromiso del PP en este tema que, si no hay una referencia explícita al mismo en el programa electoral, que diga: «El trasvase del Ebro se hará, pese a quien le pese y por c.»( como decía Arias Cañete en sus mejores tiempos.), se considerará que el presidente Camps ha fracasado incluso entre sus correligionarios.
No es extraño que los movimientos de Costa a Costa (de Juan Costa, el redactor del programa del PP, a Ricardo Costa, el Portavoz del PP de la Comunidad Valenciana) se hayan multiplicado estos días. Les va mucho en juego.
Pero a todo esto, incluso si consiguieran meterlo en el programa y en el incierto e improbable caso de que ganara el PP las elecciones ¿Se haría ?
A nadie se le escapa lo incierto de tal situación. Aparte de la apertura de nuevo de un gran debate nacional centrado en Aragón fundamentalmente sobre qué son y qué no son «sobrantes » (ya oímos el otro día al aragonés Manuel Pizarro darnos los sobrantes con una falta de respeto notable), nos encontraríamos con una gran infraestructura ya realizada o en fase final de desaladoras que, incluso si no las aceptan por parte del PP, van a ser la fuente fundamental de producción y abastecimiento de agua hasta el hipotético funcionamiento del trasvase del Ebro popular allá por el año 2020.
Al centrar el debate sobre los problemas del agua de la forma tan simplificada como lo hace el PP a través de las fórmulas simples de «agua para todos» o «sí al trasvase del Ebro», se pierden todos los matices de un problema muy complejo y que, incluso se les puede volver en contra si no consiguen incluirlo en el programa electoral.
A veces se olvida en el debate el coste de esta obra y la financiación de la misma. Si antes de 2003 se podía contar con la utilización de los Fondos Europeos para subvencionar una parte de la misma, el recorte de estos Fondos para el periodo 2007-
2013 hace poco menos que imposible su aporte. Hemos de tener en cuenta que esos mismos fondos han sido y están siendo utilizados en el Programa Agua y la construcción de las desaladoras y son irrepetibles.
Cabría la posibilidad de pensar que la financiación podría correr a cargo de la Administración central o de las comunidades autonómas de Valencia o Murcia, pero a nadie se le escapa que sería difícil para el Gobierno español justificar unas inversiones a unas zonas que vendrían a duplicar las infraestructuras y los aportes de aguas a las mismas.
Por parte de la Comunidad Valenciana, pensar en esta financiación, con el nivel de deuda que arrastra, no deja de ser un ejercicio de fuegos artificiales. Es más fácil pedir el trasvase que financiarlo.
Se ha dicho también que podría ser la oportunidad para la entrada de grupos privados en su financiación y construcción. La verdad es que no se ha insistido mucho, ya que cualquier empresa que haga cálculos acerca de la explotación de esta infraestructura se da inmediatamente cuenta de que la misma debe recibir fuertes subvenciones permanentes para poder funcionar ya que, de otra forma, con los precios de venta que recogieran todos sus costes, el agua sólo sería para consumidores urbanos o turísticos
y no, como se dice, para la agricultura, que si reclama esa agua es porque cree que se le va poco menos que a regalar.
No cabe duda de que se trata de un tema que merecería más que unos cuantos eslóganes en los programas de los partidos políticos.
Problemas como todos los asociados a la implementación de la Directiva Europea del Agua que para el año 2015 plantea exigencias acerca del buen estado de las aguas o de la recuperación de costes en todos los usos del agua (con elevaciones de esos precios y tarifas) que estamos lejos de lograr. Pero posiblemente esos temas sean menos agradables de ser oídos por los electores y pueden ser incluidos en los Programas con menor precisión.
De todas formas, por querer precisar más, se puede correr el riesgo que ha asumido el presidente Camps: que si no hay una mención expresa a la realización del trasvase del Ebro (evidente sin mencionar los sobrantes, ya que la obra no parece ser que fuera de «quita y pon»), se considerará que ha sido derrotado ¡por su propio partido! ❏
Martín Sevilla
es catedrático de Economía
Aplicada de la UA.
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