El sistema de registro de discapacitados costó 22 millones de euros y no funciona
El programa informático diseñado para registrar al detalle a cada persona con discapacidad para introducirla en el Sistema Nacional de la Dependencia no funciona. Fuentes conocedoras del funcionamiento del programa aseguran que en comunidades como Andalucía no existe. Madrid ha estado enviando sus datos al Gobierno en disquetes y hace menos de una semana, dicen, la cosa empezó a funcionar con problemas; otras, gracias a los procedimientos informáticos que ya manejaban.
El sistema informático, llamado por sus siglas SISAAD, tenía un diseño previsto para funcionar de forma integral, telemática pura, es decir, que los trabajadores sociales que evalúan a los ancianos en sus casas, por ejemplo, pudieran desde allí mismo enviar los datos a un ordenador central e incluso reservar una plaza de residencia para el anciano en ese mismo momento. Así se les presentó públicamente en algunas comunidades el sistema a los evaluadores. En Andalucía incluso se les pidió que registraran su firma electrónica para poder hacer esa tarea, pero hoy por hoy, estos trabajadores usan el bolígrafo y el correo ordinario, básicamente. Papeles y más papeles.
Sin embargo, los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en sus intervenciones públicas se refieren al SISAAD como si funcionara a pleno rendimiento. Y afirman que el Gobierno ofreció a las comunidades ordenadores portátiles (los Tablet PC) para facilitar esta tarea. "Se han hecho envíos a las que lo han solicitado", responden. ¿Y cuáles lo han solicitado, dónde están esos Tablet PC, quién los usa? No hay respuesta para esto. "También pueden hacerlo con bolígrafo", advierten.
Y así se hace. El SISAAD costó 22 millones de euros y está llamado a ser un sistema informático tan capaz como el que usan en la Seguridad Social o en la Agencia Tributaria. Puede que así sea en el futuro, ahora no es el caso. Fuentes relacionadas con el Sistema Nacional de la Dependencia afirman que en la última reunión que mantuvieron los técnicos, el sistema estaba parado en el proceso de las valoraciones, es decir, admite solicitudes, y podría registrar los exámenes sociosanitarios efectuados, pero hasta ahí. Los responsables de Accenture, la empresa que ha diseñado este sistema, lo niegan. Jesús Rojas, socio de la empresa, explicó que "está completo, es robusto y limpio, modélico. Funciona exactamente para lo que se previó y la aplicación sirve desde el momento de la solicitud hasta que se hace el Plan Individual de Atención (PIA)", que es la receta final donde se prescribe la ayuda que recibirá el dependiente. "Lo pueden usar los trabajadores desde las casas de los usuarios, porque la movilidad se ha tenido muy en cuenta". ¿En qué comunidades está ocurriendo eso? "En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón", cita de carrerilla Rojas.
Pero las quejas no sólo llegan de las comunidades del PP, también estas socialistas que menciona el socio de Accenture se quejan de fallos, problemas o inexistencia del sistema informático. En Aragón, por ejemplo, los trabajadores sociales escriben a mano los datos del discapacitado y usan el SISAAD para enviar información desde la dirección general hasta el ministerio. Afirman que para algunos trámites el sistema no acaba de encajar.
En Andalucía, ni rastro del SISAAD. Los valoradores de la Junta usan un sistema creado a propósito para hacer llegar ciertas comunicaciones al Gobierno, y los trabajadores sociales que van a domicilio se conforman con escribir a bolígrafo y utilizar el correo ordinario. "Se puede decir que el sistema aquí ni existe, y eso lo ralentiza todo, es un problema serio", afirma un trabajador social. "De momento, mucho papel", dice una colega suya en el País Vasco.
"Funciona correctamente", aseguran en el ministerio.
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